Cuando las protestas llegan hasta la puerta de los políticos.
El “escrache” es una manera de protestar ante la
condena de los que no pagan la hipoteca de sus casas porque no tienen trabajo
ni dinero para hacerlo. El término fue utilizado, en 1995, en Argentina, en donde fue una forma de protesta en la que los
manifestantes se desplazaban hasta el domicilio del responsable de su
descontento. El “escrache” se popularizó
gracias a los hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos
políticos de la dictadura, como estrategia de presión popular contra los
indultos de Menem a los procesados por delitos de lesa humanidad cometidos con
Videla. En nuestro país, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lo aplica
como protesta pacífica y ciudadana contra los diputados que no apoyaron la Iniciativa Legislativala Complutense –,
porque los diputados ni se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado
dudas a la propuesta. Personalmente, tengo reticencias de que sea la mejor
opción”. La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un
ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites
precisos. “Es legítimo si es pacífico, se produce en la vía pública y no se
viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere
que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de
forma tan directa”. Entre los principales detractores de esta iniciativa
pacífica está el diario ABC, que, en el 2011, opinó que la protesta en la calle
estaba “fuera de la ley” y considera que las concentraciones promovidas por la PAH , frente a domicilios de
diputados del PP, son un
“acoso salvaje”. Esteban González
Pons, uno de los objetivos de la reivindicación de la PAH , considera inaceptable que
sus miembros se metan “en el portal de mi casa, lleguen hasta la puerta y la
aporreen con insultos cuando dentro sólo hay niños”.
Primer “escrache”, frente al hotel Ritz, en Madrid.
El primer “escrache” en España se
produce por vez primera el 11 de marzo, frente al hotel Ritz, cuando la cúpula
del PP se encuentra reunida en el mismo, en un acto que tiene por objetivo
señalar a los diputados o políticos que han rechazado la ILP o no se han pronunciado
sobre la misma. Si los diputados no quieren ir a las asambleas de la PAH a las que son invitados, éstas van a ellos. En
Barcelona, los concentrados se dirigen a una finca de la calle de Balmes, donde
vive la diputada del PP, Maria Ángeles Esteller. Tienen la intención de
empapelar la portería con octavillas que llevan la fotografía de la diputada y
un texto en el que se le invita a participar en las asambleas de la PAH para conocer el problema
de sobrendeudamiento que viven miles de familias. Están convencidos de que si los
diputados conocieran el problema, apoyarían la ILP. Pero la lluvia
desluce la protesta y optan por explicar sus casos, megáfono en mano. “Vean lo
que están haciendo al rechazan la
ILP –explican en el reverso de postales con la cara de la
diputada aludida–: nos están dando con la mano abierta. Que nadie de nosotros
se compró una vivienda para vivir por encima de sus posibilidades”. Una mujer confiesa:
“Yo también he pensado en el suicidio, pero todos estos compañeros me han hecho
ver que hay que luchar. Ahora no me sacarán de mi casa ni los Geos, antes que
dar el piso al banco le pego fuego”. Otra grita: “Si nosotros no podemos
conciliar el sueño, que tampoco ellos duerman”.
Activistas de la PAH pegan carteles en la puerta de la casa de
Pons.
Otros “escraches” registrados en
estos días aluden al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; al jefe de
gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, al vicesecretario de
Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons y a otros. Pons no se encuentra
en su casa en el momento en que llegan los miembros del PAH. Pero su familia sí
está. Desde Madrid, este abogado y político valenciano informa, al enterarse de
los hechos: “Entraron en el portal de mi casa, subieron hasta mi domicilio,
aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”.
Pons, que interpuso una denuncia al considerar que se trataba de ataques a
“representantes de la soberanía popular”, asegura a la prensa: “Asustar a mi
familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el
voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es algo muy
peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis
con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se
manifiesta de forma similar, tras el Consejo de Ministros: “Algunas actuaciones
invaden los derechos de otros. Pido respeto a los políticos, especialmente a
sus familias, que sufren esta clase de manifestaciones frente a sus casas”.
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Jesús María Osés (d), junto a
Germán Payo Losa (i)
“Las movilizaciones ciudadanas
que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más
que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento
Político en la
Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es
la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trata de
una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy
diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al
timbre de su casa. La jurista Magda Oranich considera
que es “lícita, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta
en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los
diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor
“manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se
coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a
sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver. Para José Juan Toharia, el
catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, “el ciudadano es
ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay
factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no
la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los
que son percibidos como culpables –los expertos financieros– no solo no han
pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”. Esther
Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar
una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas.
Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”. La calificación como “violencia” del “escrache” genera
también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y
consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan,
sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que
azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas
obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo
Torrejón asegura que la PAH
ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora,
la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era
algo privado. La PAH
lo ha politizado y lo ha hecho público”.
Docenas de miembros de PAH
ocupan una sucursal del B. Popular, en Barcelona.
Ada Colau, el rostro visible de la PAH , niega que las actuaciones
de la plataforma constituyan algún tipo de acoso ni hayan superado los límites
de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el
conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis
bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se
tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia
individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de
voto del partido”. Doscientos activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el Paseo de
Gracia, de Barcelona. “La legalidad es un concepto construido –explica el
psicólogo, Jaume Funes–. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería
hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”. Y ahonda en cómo los
jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los “escarches”
no sirve invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será
legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que
ven injusto”. Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasaron
desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una
cacerola es grave. Quizá, pero esta gente no es la primera en quebrantar las
cosas”. Los críticos con estas acciones sostienen, sin embargo, que se ha
traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo
de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remite una
carta a los diputados de su grupo en la que señala que “algunos compañeros y
sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto” y
les indica que, ante “cualquier amenaza”, se mantengan en la calma e informen a
la dirección del partido, que tomará las “medidas legales oportunas”. Elena
Valenciano, número dos socialista,
muestra su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del
Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal – señala–. Pero no se puede
promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.
Esteban González Pons.
El pasado lunes, ante la casa de
Belén Juste, diputada del PP en el Congreso, se ejecutaba un “escrache”. Según
informa la PAH , la Policía Nacional
identificó a unas 60 personas que participaban en la acción, relataron sus
casos particulares y colgaron carteles con botones verdes y rojos alusivos a
las votaciones en el Congreso sobre una posible modificación de la ley
hipotecaria. El miércoles, Ana Blanco, una de las portavoces de la PAH Valencia , explicaba
que, pasadas las 11.00, tres furgonetas de la Policía Nacional
cortaron la calle en la que estaba situada la vivienda de González Pons. Su
intención era “acercarse” al diputado para explicarle en primera persona, de
manera “pacífica y ordenada”, los daños que estaba ocasionando a “miles” de
familias, con su “rechazo” a los cambios propuestos por la ILP sobre los desahucios. Blanco explicó
que algunos miembros de la PAH
accedieron al portal en donde “no había nadie” y dejaron unas cartas dirigidas
a González Pons. Éste advertía, desde Madrid, que la protesta frente su casa no
era la forma de convencerle “para que vote en un sentido o en otro” una
modificación de la ley hipotecaria. El diputado
explicaba que había conocido lo ocurrido en Valencia a través de lo que sus
hijos le habían contado. “Han entrado dentro del portal, han subido hasta la
casa y han estado aporreando la puerta durante 45 minutos. No hago comentarios
sobre los carteles, entrar en casas de los vecinos, cortar el tráfico o molestar
a todo el mundo por la calle. Yo sólo quiero que sepan que dentro de la casa
había niños y que han estado aporreando la puerta. Supongo que, a partir de ahí,
no les parecerá igual de bien que la puerta de mi domicilio siga saliendo
constantemente en televisión”. El parlamentario del PP denunció esta acción
como una ‘coacción’. “En el País Vasco –añadió–
se han vivido coacciones similares durante mucho tiempo. Que alguien pueda
justificar que se metan en el portal de mi casa, lleguen hasta la puerta y la
aporreen con insultos, cuando dentro sólo hay niños, me parece inaceptable”.
ABC criminalizaba el viernes, 22 de marzo, la protesta pacífica.
La prensa conservadora advierte que la PAH ya ha dejado de ser ese
grupo de personas con camisetas y señales de STOP que se encerraba en las
sucursales bancarias para evitar un desahucio, negociar una dación en pago o
lograr un alquiler social para familias desahuciadas por impago. Y dice que, ahora,
aunque sigan ocupando bancos u
oficinas municipales de vivienda, sus reivindicaciones están llegando a las líneas rojas marcadas. “La frontera del espacio privado, la familia –encabezaba en un
artículo el diario ABC del viernes, 22 de los corrientes–. Varios han sido los ‘escarches’
que los grupos antidesahucios han llevado a cabo en diferentes ciudades.
Comenzaron en un lugar tan cercano a la ciudadanía como el Hotel Ritz, donde la
cúpula del PP celebraba
una reunión. Después, en Barcelona, la diputada popular Ángeles Esteller
también fue informada de la situación. Le siguieron el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y
Jorge Moragas, jefe del gabinete del presidente del Gobierno,
hasta que el último ‘escrache’ recayó en Esteban
González Pons. Los activistas también se acercaron el viernes a la
casa del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón. Del mismo modo, se
plantaron ante un edificio en el que se alojaban múltiples diputados del PP, en
Madrid. Entre ellos, Iñaki Oyarzábal”. Y el ABC del domingo destacaba que la protesta contra el reelegido
presidente provincial del PP de Pontevedra y titular de la Diputación , Rafael
Louzán, con motivo de las preferentes, se suma a “las vividas esta semana por
diputados del PP por las movilizaciones de la plataforma de desahucios”.
Ada Colau: “El único acoso es el de las entidades
financiera y las fuerzas del Estado”
Algunos medios hablan de “acoso salvaje al PP”;
otros se preguntan si esta técnica, nacida en la Argentina , que señalaba
a los responsables de la dictadura, supone “responsabilidad
penal” para quien la ejerza. La PAH asegura que se trata de “una
iniciativa pacífica”
y que no son “partidarios de la violencia”. De hecho, desde que esta campaña da
comienza, no se registra ningún incidente ni la más mínima agresión o signo de
violencia. Otras voces se preguntan por su legitimidad. Si los diputados
representan a la ciudadanía que les respalda con su voto, ¿es legítimo perseguirles
para informarles de lo que no se está haciendo bien? Muchos de los que ponen la
legitimidad sobre la mesa son los mismos que no aplican el término “legítimo” a
otras cuestiones como la deuda pública, el rescate bancario a entidades que han
jugado y perdido con los ahorros de sus clientes o el uso fuerzas de seguridad
del Estado para desalojar viviendas propiedad de los bancos privados. El
comportamiento de la PAH
es considerado por ella misma de “prudente y ejemplar”. “Demasiado prudente y
paciente, teniendo en cuenta las aberraciones que estamos viviendo cada
semana”, explica Ada Colau, quien asegura que el “único acoso es el de las
entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen al servicio
de estas entidades. La ciudadanía nos conoce, sabe nuestra trayectoria desde
hace más de cuatro años y sabe que hemos tenido un comportamiento ejemplar,
mientras que las entidades financieras subcontratan a empresas privadas para
acosar a las personas que están devastadas por la situación precaria que están
viviendo”.
Ignacio Blanco justifica a la PAH.
En un mes se han registrado unos diez “escrarches” a
diputados del PP pero, desde 2008,
ha habido casi 500.000 desahucios. El PP ha hecho valer
su rodillo de su mayoría absoluta pese a que el Tribunal Europeo de Estrasburgo
haya declarado injustos los desahucios, al vulnerar la legislación sobre protección
de los consumidores. Tras este fallo, PAH presentaba el martes pasado, en los
principales juzgados de España, un escrito elaborado
por su equipo jurídico, según el cual, las personas cuyo procedimiento de
ejecución hipotecaria sigue en curso, podrán
solicitar su anulación por “ser ilegales, y estar basado en una ley
contraria al derecho comunitario. Su movilización genera inquietud entre los diputados del Grupo Popular. La visita, en
Valencia, de un grupo de activistas ante la vivienda de Esteban González
Pons, acaba en denuncia en la comisaría del Congreso. El parlamentario denuncia coacciones para condicionar su voto
en la Cámara. Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular, indica
que la protesta “forma parte del dialogo democrático con los ciudadanos” pero
que “hay un límite y es la violencia y eso es lo que no vamos a consentir. “Cualquier
expresión de rechazo, de protesta o de queja –alega– ha de ser pacífica. Si se
cruza la raya de la violencia estaríamos en otra situación”. Sin embargo, el
Grupo Popular no adopta ningún tipo de iniciativa para adaptarse a las normas
del TS europeo. Soraya Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,
insiste en que “indudablemente, las coacciones no me pueden parecer bien, sea
al diputado que sea”. Y hasta Cayo Lara, líder de IU, parece dispuesto a “no
compartir” el “escrache” como forma de presión, aunque matiza que lo que está
sucediendo respecto a los desahucios “es muy grave, y hay que vivirlo en la
piel de los que lo sufren. Por eso hay actitudes que pueden ser comprensibles”.
Lara vivió en sus carnes el rechazo de la PAH , al acudir a impedir un desahucio, del que
fue expulsado con cajas destempladas. E Ignacio Blanco, diputado autonómico de
las Cortes Valenciana y portavoz de la Comisión Ejecutivala PAH , bajo el argumento de que
“su lucha es pacífica pero firme contra los criminales sociales”,
categoría en la que incluye a González Pons y todos aquellos que no aprueben su
propuesta. Blanco también anuncia que los antidesahucios se querellarán contra
el dirigente popular por injurias y calumnias.
Según Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno
en Madrid, al Gobierno le preocupa mucho el “escrache” que está llevando a cabo
la PAH ,
extendiendo sus protestas hasta la puerta de los domicilios de diputados y
diputadas del PP que rechazan la
ILP antidesahucios. Y es ella quien criminaliza este
movimiento porque puede hacer daño al PP. Cristina Cifuentes, en declaraciones a Radio Nacional, señala que
“la señora Colau y otras personas en la plataforma han manifestado su apoyo, en
determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a todos estos grupos que, a mi modo
de ver, tienen mucho que ver con el entorno de ETA”. Cifuentes señala que la PAH “no es sólo un grupo que
esté apoyando a las personas desahuciadas, sino que están siguiendo una
estrategia política bastante radical. Yo sí creo que hay intereses políticos
que explicarían el ‘acoso’ a dirigentes del PP frente a sus domicilios
familiares”. Cifuentes declara que cualquier manifestación es perfectamente
legítima, y “en algunos casos, se comprenden más que en otros”, como es el
referido a los desahucios, “pero lo que no creo es que el derecho de
manifestación, ni siquiera por una causa justa, pueda traspasar ciertas
líneas”. Por eso, añade, “lo que no se puede hacer es incitar y aprovechar la
actual situación para hacer una acoso absoluto hacia algunos políticos,
casualmente todos del PP. Aquí tiene que actuar la ley”.
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Ada Colau exige el fin de los desahucios.
La portavoz de la plataforma antidesahucios
asegura que las acusaciones de la delegada del Gobierno en Madrid y de otros
dirigentes populares son “infamias” y suponen un insulto para las víctimas del
terrorismo. Ada
Colau no descarta tomar acciones legales contra Cristina Cifuentes,
por haberla acusado de apoyar a grupos proetarras, y contra otras acusaciones
de dirigentes del PP. Defiende de forma contundente que la PAH es una plataforma “apartidista, independiente
y plural”, y atribuye las afirmaciones de Cifuentes y de otros
responsables del PP a la voluntad de desviar la atención con mentiras e infamias.
“Es realmente inmoral –deplora Colau–, y no descartamos acciones legales por la
difamación y el clima de confusión y tensión”. Asegura que las palabras de
Cifuentes han provocado que usuarios de las redes sociales la hayan “amenazando de muerte”,
durante los últimos días. La activista cree que se trata de una “cortina de humo” para no
modificar la ley hipotecaria pese a la sentencia europea que la ha declarado ilegal,
porque el Gobierno está presionado por las entidades financieras para no
cambiar la norma. “Esperamos que éste condene el acoso y la violencia de los
bancos contra la población”. Colau dice
que Cifuentes
insulta a la Plataforma ,
a la ciudadanía y, además, a las víctimas del terrorismo. Rechaza
las acusaciones de que los integrantes de la PAH utilizan la violencia y la coacción en sus
acciones, y agrega que realizan un ejercicio democrático: “El único caso de
violencia –insiste– es lo que hacen las entidades financieras. Estamos esperando que el Gobierno
condene con contundencia el acoso y la violencia de estas entidades contra la
población”.
Carmen Maniega, diputada nacional del PP por Asturias,
presentaba el lunes una denuncia en la Comisaría de Policía
de Avilés contra “el acoso” que
asegura estar recibiendo de miembros de la PAH del Principado. La diputada avilesina ya
puso en conocimiento de la
Policía Nacional varios episodios de acoso de este movimiento
contra los desahucios y ratifica que no se puede pasar por alto esta situación.
Explica que la pasada semana fue perseguida por un grupo de activistas, a la
salida de una reunión de Federación Asturiana de Concejos, al grito de “asesina,
criminal y sinvergüenza”. Dice que los activistas la persiguieron
durante más de una hora por las calles de Oviedo hasta que tuvo que
pedir ayuda a la Policía
para poder entrar en un taxi. La parlamentaria asegura que es víctima, al igual
que otros compañeros suyos de escaño, de un método consistente en perseguir a
cargos públicos y acusarles de determinadas responsabilidades políticas
conocidas como “escrache”. En una nota de prensa, la PAH explica que “en ningún
momento ha coaccionado, acosado, insultado o amenazado”, que desconoce su
domicilio y que, cuando se realizó el “escrache”, no iba acompañada de sus
hijos. Sí reconoce que, en Asturias, han realizado dos “escarches” a la
diputada, pero matiza que en ninguno de los dos iba acompañada de menores. La PAH explica que, con su
campaña, sólo pretende “informar” a los diputados que han dicho que votarán que
no a la iniciativa legislativa popular (ILP) de la realidad diaria a la que se
enfrentan los miles de afectados por los desahucios ilegales. “Entendemos que,
con la presentación de la ILP ,
hemos agotado todas las vías posibles para modificar la ley hipotecaria y dado
que los diputados no responden a nuestras cartas ni acuden a nuestra llamada al
diálogo, nos
vemos obligados a ir a explicárselo allá donde se encuentren”.
Luis Losada, subdirector de La
Gaceta de los
Negocios, “amenaza” a Ada Colau con “publicar su dirección en
Barcelona”, que, según dice, le ha “pasado” un amigo. La razón aludida es que
está molesto porque miembros de la
PAH se manifestaron delante del domicilio del ‘popular’
Esteban González Pons “para dialogar con él y para que conozca la realidad de
la calle”. Losada declara que la izquierda española está copiando los actos de
repudio del castrismo. “Cientos de violentos rodean tu casa y te amenazan a ti
y a tu familia. Allí, la
Policía mira para otro lado”, añade el periodista de
Intereconomía. La diferencia, según Elplural.com, es que la PAH actúa, en España, bajo las
normas de la democracia y “la izquierda española” no es que copie los “actos de
repudio” de Cuba contra los disidentes, sino que simplemente se manifiesta,
porque hace uso de su derecho constitucional. “Además, lo hace para defender a
miles de españoles que sufren un estado de indefensión ante la justicia. El
hecho es que ha tenido que intervenir el Tribunal Europeo para parar los
desahucios. El indefenso y ‘acosado’, aquí no es el político, sino el ciudadano,
que no sabe ya a dónde ni a quién mirar, en medio de un estado de corrupción
extendida entre la clase política”. Losada insiste: “El derecho de
manifestación tiene que ser compatible con el derecho a la privacidad y a la intimidad
personal y familiar”. Elplural.com recuerda que, en 2011, cuando a González
Pons le convenía, era un político que no veía la expresión libre de los
ciudadanos como “un acoso”, sino que todo lo contrario y llamó al pueblo
español, como hacía el egipcio, a salir a la calle a manifestarse. Y Losada
termina confesando que un amigo le pasó la dirección de Ada Colau, en
Barcelona. “Seguro que muchos quieren hacerle una visita. Pero no la publicaré.
Es su intimidad. Y tiene tanto derecho a ella como González Pons”.
Ada Colau rompe a llorar ante los juzgados.
El PP impide con su mayoría absoluta que la
dación en pago salga adelante. El pasado martes, último día para presentar
enmiendas al proyecto de ley antidesahucios, los “populares” dejan patente que no aceptarán la principal reivindicación de la PAH
para poner fin a los desahucios. Esta, mientras tanto, inicia una
campaña en juzgados de todo el país para pedir la anulación de los procesos de
alzamiento en base a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En uno de los actos de esta campaña, celebrado a la entrada de los juzgados de
Barcelona, Ada Colau se
emociona y rompe a llorar. Colau ha sido, durante los
últimos días, el objetivo principal de una campaña, protagonizada por
dirigentes del PP, en la que se ha llegado a acusar a la plataforma que lidera
de connivencia con grupos proetarras. Colau, asegura que no van a “incitar” a ninguna agresión,
pero advierte que no pueden quedarse de brazos cruzados mientras el PP “desoye”
un clamor popular. Denuncia que “lo increíble es que el Gobierno no haya
detenido esos desahucios” ni “la vulneración de derechos fundamentales”. Ante
esta situación se pregunta: “¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Lo único que hacemos es
interpelar a representantes públicos. Se hace no sólo en
Argentina y otros países latinoamericanos, sino también en Europa”. Reconoce
que en las enmiendas del PP no se recoge la “retroactividad” en la dación en
pago. “Se deja sin resolver esa gran injusticia y miles de personas seguirán
condenadas a ser morosos durante el resto de sus días. En lugar de resolver el
problema de modo sencillo, como habíamos planteado, optaron por complicarlo. La PAH redoblará sus esfuerzos
ante los tribunales”… Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, califica de “antidemocrático” estos “escraches”,
tildados por él de “acoso”, aunque evita
valorar las palabras de la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes,
quien vincula la plataforma con el movimiento “proetarra”.
,+la+orden+ministerial+es+una+barbaridad+que+pone+a+los+agentes+a+los+pies+de+los+caballos.jpg)
Comparativa entre ETA y la PAH , presentada por José A.
Pérez.
Aníbal Malvar escribe en su
sección de Rosas y espinas de Público.es: “Nos acabamos de enterar por la
delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de que Ada Colau y, en
general, todos los de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
son de la ETA.
Acabáramos. Cifuentes es el caso más claro que conozco de
que, contraviniendo la clásica boutade
machista, no todas las rubias son tontas. Yo, en mi cortedad, consideraba hasta
hoy que la única similitud entre la
ETA y la PAH
es que ambas organizaciones solo presentan cierta reticencia a abandonar sus
respectivas armas. Pero por eso yo no soy rubia ni delegada del Gobierno. Ni
tampoco de la ETA. Al
final, la realidad acaba desvelándote las razones ocultas de estas cosas
menudentes que te privan de ciertos cargos públicos o privados (…) La derecha española ha cambiado poco desde los
tiempos de la conjura judeo-masónica. En los tiempos bonancibles del añorado
Franco, nuestra derecha había venido desarrollando una impecable capacidad de
etiquetado con los enemigos, fueran los citados judíos o la pertinaz sequía.
Cifuentes lleva razón. Ada Colau debe de ser de la ETA , pues ni siquiera respeta
su propio derecho constitucional a una vivienda digna. Una persona que ni
siquiera respeta ese apartadito de la Constitución , es que no es ni demócrata ni es
nada. Es de la ETA ,
lo dicho. Y a lo que aspira, en vez de a tener una vivienda digna, es a vivir
de gratis en la cárcel con el dinero de todos los contribuyentes…
Malvar prosigue: “Cuando Cristina Cifuentes dice
de Ada Colau que es de la ETA ,
no es comparable, por ejemplo, a que dijera yo aquí que a Cifuentes solo le
falta dejarse bigote para escribir Mein Kampf
y ponerse a incinerar judíos o, en el caso concreto que nos ocupa, darle vuelta
y vuelta en la barbacoa a un par de desahuciados. Si yo dijera eso, podría ser
llevado ante los tribunales de nuestra independiente justicia y ser castigado a
pagarle el tinte de rubia a la
Cifuentes durante los próximos 30 años. Pero cuando se dicen
verdades tan incontestables como la expresada por Cifuentes, de que Colau es
simpatizante de la ETA ,
presenta tal cantidad de pruebas irrefutables que no ha lugar a la
participación de la ciega (…) La valentía de Cifuentes a la hora de denunciar
la filiación etarra no solo de Ada Colau, sino también de todos los miembros de
la PAH , únicamente
tiene parangón, en nuestro pasado reciente, con la gran audacia de Aznar, que
arriesgó su propia vida invadiendo Irak mientras apoyaba los pies en la mesa de
cristal de uno de los más sanguinarios presidentes de la historia de los EEUU.
Ahí se ve dónde hay cojones. Eso un tío sin arrojo no lo haría ni borracho. La PAH debería ser rebautizada
como Ada Ta Askatasuna tras estas esclarecedoras y bellas palabras de
Cifuentes, que siempre dice verdades tan grandes como los puños de los policías
que envía a machacar los labios del pueblo cada vez que el pueblo intenta abrir
la boca en la calle para demandar sus imaginarios derechos. Para que después a
alguien se le ocurra decir que las rubias sois tontas, Cris, o sea. No cejes,
que’jpaña te necesita”.
“A través del equinoccio –escribe Cive Pérez en
Carnet de Paro–, la
Naturaleza nos ofrece una lección: todo fluye, y entre las
probabilidades del flujo, también el estado de igualdad es posible. El final de
los tiempos del despido libre, de bajada de salarios y pensiones, llegará
cuando el miedo cambie de bando. El primer paso consiste en desahuciar al miedo
de nuestras mentes (…) En esa guerra, la patronal sí está activa y
permanentemente movilizada, como demuestra la política del partido que
representa sus intereses, el Partido Popular. Millones de trabajadores que confiaron incautamente su
voto a este partido ahora ven con desolación el resultado: bajada de
salarios, descenso brutal de las pensiones y leyes que otorgan barra libre al
empresario para despedir sin indemnización.
'Alfon' Fernández, el joven madrileño que estuvo encarcelado casi dos
meses tras su detención durante la jornada de huelga del 14-N, declaró muy
convencido que: ‘El miedo va a cambiar de bando’. Pero para que eso suceda,
para que el miedo cambie de bando, el primer paso consiste en echarlo de
nuestra casa. Desahuciar al miedo de nuestra mente. Será entonces, cuando el
miedo, miedoso por definición genética, buscará el modo de conseguir
alojamiento en otro lado. Mientras nosotros, liberados de su opresiva
presencia, podremos imaginar nuevas vías de atacar a la clase propietaria”.
“Con la ingenuidad que nos caracteriza –escribe
Juan Carlos Escudier en un artículo titulado ‘Cómo
distinguir un escrache real de uno falso’, editado en Público.es–
habíamos pensado que el ‘escrache’ no dejaba de ser una forma de protesta que
consistía en acudir al domicilio de un responsable político o de un empresario,
llamar su atención con la percusión de unos cazos o de la gama completa de
Magefesa y, ya puestos, cantarle las cuarenta a capela (…) Ha venido a sacarnos
del error, entre otros, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes,
mujer informada y comedida, que ha corrido a advertirnos de que los activistas
antidesahucios que han alterado la tranquilidad de varios diputados del PP son,
en realidad, ‘borrokas’ disfrazados, de igual manera que los dos jóvenes con
bufandas del Real Madrid que hace año y medio irrumpieron en el portal de
Esperanza Aguirre completamente cocidos y se mearon en las petunias
presidenciales, eran aviesos perroflautas que pretendían dar un golpe de estado
autonómico con nocturnidad y toda la alevosía que proporciona llevar una tajada
como un piano. En auxilio de Cifuentes, han llegado al galope algunos de sus
opinadores de cabecera, que no han tardado en comparar estos ‘escraches’ con el
fascismo o con el marcaje que se hacía a los judíos cuando se les cosía en el
abrigo la cruz de David. En resumidas cuentas, los antidesahucios no son
manifestantes que quizás se excedan en su protesta sino filoetarras, fascistas,
nazis, antisistema y, posiblemente, independentistas, que eso ya es el acabose.
“La cosa, sin embargo, precisa de matizaciones
–prosigue Escudier–. Empecemos por la definición de ‘escrache’. En esencia,
consistiría en ejercer una acción que trastorna gravemente la paz del hogar y
que coloca a quien la sufre en una situación de enorme tensión. Sabemos, por
ejemplo, que el ministro Gallardón ha sufrido vituperios en su domicilio. Ahora
bien, ¿fue un ‘escrache’ continuado sus obras de la M-30 en Madrid que alteraron
durante varios años el sueño de miles de ciudadanos y sacaron de sus casillas
de centenares de miles de conductores que llegaban histéricos a sus trabajos o
a sus casas? ¿Han sido ‘escraches’ los quinientos mil desahucios de la crisis?
¿Lo experimentaron quienes acabaron tirándose por el balcón al verse
desalojados de sus viviendas? ¿Son víctimas de ‘escraches’ los parados mayores
de 55 años a los que se les quita el subsidio, los futuros jubilados a los que
se les recorta la pensión, los estafados por las preferentes, los funcionarios
a los que se baja el sueldo por el artículo 33, los jóvenes que han de dejar
sus casas en busca de trabajo y emigrar al extranjero, los enfermos a los que
se cierra el ambulatorio, quienes cobran pensiones de risa y han de pagar parte
de los medicamentos o los profesores interinos a los que se les niega un
contrato? ¿Acaso no han visto todos ellos gravemente alteradas sus tardes de
domingo y casi con seguridad las del resto de la semana?”...
Pero pasamos ya al humor, que es lo que siempre
nos salva del escepticismo universal. Y comenzamos con este dibujo eufórico de
Erlich, seguido de otros: la vía chipriota, la nueva matemática, instrumentos económicos
y cómo funciona un plan económico
Les presentamos a algunos de los políticos del PP en el poder, con sus políticas nefastas:
Continuamos con el humor del “escrache” y de
estos tiempos, presentado por El
Ventano, J. R. Mora, El Roto, Forges, Peridis, Alfons López, Ferrán, Santigutiérrez,
Vergara, Pat…
Pep Roig nos presenta: Nuevo proyecto de ley,
ideas sueltas, la incompetente cloaca, la tranquilidad de la cloaca y España
menguante.
Terminamos con una tanta de vídeos sobre el PAH y sobre el “escrache”. En el primero son los afectados por la Hipoteca quienes hacen un llamamiento a los Diputados del PP para que escuchen sus voces antes de tomar una decisión sobre la ILP que cambiará sus vidas. Todas las personas que salen en este video están en proceso de ejecución hipotecaria. Algunos van a perder sus viviendas y otros ya han sido desahuciados y están luchando por la condonación de unas deudas que les condenan a a la miseria.
La PAH se concentra en la estación de Atocha para intentar explicarles a los diputados que llegan a Madrid la situación de los ciudadanos desahuciados. La Policía interviene y detiene a dos activistas.
La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, acusaba el lunes pasado a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, de haber apoyado a Bildu, a Sortu y a otros grupos “proetarras” y de emprender una “estrategia política radical” a partir del movimiento antidesahucios.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, afirma que las palabras de Cristina Cifuentes son “una intoxicación y una inmoralidad”.
Terminamos ya con la melodía de este artista callejero que nos demuestra que en la calle se puede encontrar de todo.
