Un supremo, de rebajas.

 El Supremo rebajó la pena al ex presidente, Jaume Matas y archivó las investigaciones a la de la presidenta de Navarra Yolanda Barcina y al exministro socialista, José Blanco.

 

 

El Rey Juan Carlos, entre el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del Supremo, Gonzalo Moliner.

 

En época de vacas flacas, todo está de rebaja, incluso el Tribunal Supremo. En una semana, ha archivado dos investigaciones, la de la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y la del exministro socialista, José Blanco, y ha rebajado considerablemente la pena al expresidente balear, Jaume Matas. Fuentes de la judicatura explican que el Alto Tribunal tiene una manera de actuar distinta al resto. Si no encuentra pruebas de cargo muy sólidas, no se atreve a sentar en el banquillo a los dirigentes de la clase política nacional o a magistrados de altas instancias, a no ser que se trate de personajes especialmente molestos, como Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, absuelto de un delito de prevaricación por el caso de la Memoria Histórica, y  condenado, poco antes, por ese mismo delito a once años de inhabilitación por grabar ilegalmente a imputados del caso Gürtel y a sus abogados en la cárcel.

Tanto Blanco como Barcina debían ser juzgados por el Supremo en caso de haber llegado a juicio. El caso del primero, ex ministro de Fomento con Zapatero, fue archivado por la Sala de lo Penal cuando la instrucción estaba ya finalizada y se iba a solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para abrir fase de juicio oral. En el caso de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, investigada por las dobles y triples dietas concedidas en Caja de Navarra, la Fiscalía apoyaba su archivo al no detectar indicios delictivos, y el Supremo archivaba su caso. Ambos políticos tuvieron suerte, al igual que la tuvo Jaume Matas, ex presidente  balear y ex ministro con Aznar,  cuyo Alto Tribunal no debía juzgarle, sino que había presentado recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de seis años de prisión por seis delitos, entre ellos el de prevaricación, por beneficiar económicamente a Antonio Alemany, el periodista que le elaboraba sus discursos. El Tribunal, hace unos días le rebajó la condena hasta nueve meses de prisión sólo por el delito de tráfico de influencias, evitando así el ingreso en un centro penitenciario. Aunque también hubo un voto particular contrario a la sentencia, el del magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien mantiene que el expresidente balear cometió delito de prevaricación porque hizo una serie de gestiones para saltarse la Ley de Incompatibilidades.

Son tres decisiones en menos de una semana que han disparado las sospechas de un apaño entre los dos principales partidos para limitar los daños de la 'tangentopoli' española (término acuñado para describir la corrupción generalizada en el sistema político italiano en los años 1992-6). El Supremo confirmó igualmente la absolución al expresidente valenciano, Francisco Camps, acordado por un jurado popular por recibir trajes de la trama Gürtel, alegando que, al tratarse de un jurado popular, la motivación que se reclama es “bastante menos exigente” que la que rige para los demás tribunales. Si al jurado no es posible exigirle “un juicio técnico”, “tampoco cabe esperar de él un análisis depurado de los distintos elementos de prueba y la razonada valoración sintética del conjunto”, señalaba el Alto Tribunal. El mes pasado ya archivó la querella presentada por la asociación Democracia Real Ya contra 63 diputados que cobran del Congreso las ayudas por alejamiento a pesar de disponer de casa propia en Madrid, entre ellos el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según el auto, no hay indicios de malversación de fondos públicos y apropiación indebida porque los diputados no están en la obligación de justificar que las ayudas recibidas se destinen “específicamente a alojamiento” ¡Qué suerte para ellos tener un Supremo tan considerado e indulgente!

Estos casos del Supremo son mirados críticamente por Gaspar Llamazares (IU) y Rosa Díez (UPyD). “Nada de lo que está ocurriendo es casual –dice el primero–. El Supremo se ha convertido en un poder en sí mismo, nunca en democracia había habido tal ocupación del poder judicial por parte de un partido y ya ni siquiera se mantiene la estética. Gallardón ha vejado a los jueces, pero ha decidido mimar al Supremo, por algo será”. Rosa Díez concluye: “Parece que hay un tufillo de pacto no escrito entre los dos grandes partidos para que se tapen algunos de los casos más escandalosos de corrupción y se concluya, rebajando su importancia”. Tanto IU como UPyD han solicitado la comparecencia de Gallardón en el Congreso para que rinda cuentas de lo que está sucediendo en las altas instancias judiciales. Pero, ya se sabe, Galardón es un político, y de derechas.