La rampa de la Infanta y el drama de su imputación.

 

 

La infanta Cristina declaró ayer por el caso Nóos ante el juez José Castro después de haber renunciado a recurrir su imputación por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Es la tercera vez en los dos últimos años en que los juzgados de Palma de Mallorca y sus alrededores se ven desbordados por la afluencia de prensa y de público. Las dos primeras, en febrero de 2012 y 2013, por la declaración en la misma causa de Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina y Diego Torres, su exsocio en el Instituto Nóos. Entonces se cerraron al tráfico dos de las calles anexas a los juzgados y uno o dos carriles de Vía Alemania, y se anunciaron y llevaron a cabo concentraciones y protestas contra los personajes imputados. Algunos de los vecinos de los edificios colindantes a los juzgados hicieron negocio del acontecimiento judicial, alquilando por unas horas sus balcones a los medios de comunicación. Un año más tarde, numerosos periodistas, cámaras y fotógrafos se concentraron en los mismos escenarios cubriendo durante unos segundos la comparecencia de la Infanta. Los periodistas se situaron junto a la puerta trasera por donde se accede al juzgado los días festivos y muy cerca de la rampa de entrada, al igual que ya ocurrió cuando declaró Urdangarín. Un poco antes de la cita, la Assemblea Republicana de Mallorca convocaba una concentración ante los Juzgados de Palma. Miguel Roca, abogado de la infanta Cristina, ya había asegurado al principio de esta semana que los abucheos del sábado ante los juzgados de Palma “no harán que se ponga nerviosa de cara a su declaración como imputada por el caso Nóos. Vamos a hacer la declaración que corresponde”. Roca no había querido pronunciarse sobre si la hija del Rey bajaría la rampa de acceso al edificio andando –como había hecho su marido, Iñaki Urdangarín– o en coche, como recomendaba un informe de la Policía Nacional por seguridad. Ignacio Cosidó, secretario de la Policía Nacional, había reiterado su consejo de que La Infanta no recorriera el paseíllo de la rampa a pie, como había hecho su marido, sino en coche y el juez decano lo había autorizado. Finalmente, la infanta bajó la conocida “cuesta de la vergüenza” sin bajar de su coche. La afluencia de periodistas –casi 400 medios de todo el mundo pidieron ser acreditados para cubrir la llegada y salida de la infanta Cristina– desbordó las previsiones del juzgado y de las fuerzas de seguridad, hasta el punto de que se vieron obligados a restringir a la mitad (194) el número de los que pudieron situarse en el espacio reservado a la prensa. Cristina de Borbón declaró al fin, ante el juez Castro, como imputada en el ‘caso Nóos’ por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La infanta Cristina, en su coche, acompañada por sus escoltas.

 

En la primera declaración del duque de Palma, se acreditaron unos 200 periodistas de 60 medios de comunicación, procedentes, entre ellos, de México, Chile, Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido. Ayer hubo casi 400 periodistas, dando cobertura a la declaración de la infanta Cristina que asistía como imputada. Dos centenares más de informadores que en la primera comparecencia de Urdangarín, en febrero de 2012. Entre quienes acudieron a la cita judicial se encontraban numerosas emisoras de radio y televisiones europeas –francesas, portuguesas, suizas, chinas, alemanas–, así como CNN, Al Jazzera y la televisión iraní, además de agencias internacionales del corazón. Ninguna de ellas tuvo acceso al interior del juzgado, que estaba cerrado al público por ser sábado. Tenían habilitado un espacio para ellos  en el aparcamiento, junto a la puerta de acceso al inmueble  por la que entraría la Infanta.

El despliegue de seguridad tuvo un alto costo de unos 20.000 euros, según estimaron a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo, tanto por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y la Policía Municipal. Las mismas fuentes consultadas precisaron que la Policía Nacional era la encargada de controlar los aledaños del Juzgado antes y durante la declaración. Para ello fueron desplegados desde Valencia dos Grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) formados cada uno por 50 agentes de antidisturbios. El desplazamiento de este centenar de policías comenzó el jueves pasado. El traslado y el pago de dietas durante los días que permanezcan desplegados supone una gran parte del coste total del dispositivo. Por parte de la Policía Nacional estable en Palma se desplegaron efectivos del grupo formado por 25 efectivos de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), así como agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, miembros de la Unidad Canina y de la Unidad de Subsuelo. Se desplegaron agentes en las azoteas de los edificios próximos, se inspeccionó el subsuelo, se sellaron las alcantarillas del entorno de los juzgados y un helicóptero sobrevoló la zona. La Guardia Civil fue la encargada de velar por la seguridad de la Infanta en sus desplazamientos en la isla desde el aeropuerto, el lugar en el que se hospedó o en su llegada y salida del Juzgado. Sobre la Policía recayó la labor de llevar a cabo los cortes de tráfico necesarios. El dato total de efectivos de las fuerzas de seguridad previstos ascendió a cerca de 200. Las fuentes consultadas explicaron que, en este caso, el dispositivo fue mucho más contundente que el desplegado en anteriores ocasiones con el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

Jesús María Silva, uno de los abogados de la infanta Cristina, aseguraba el pasado miércoles  que la hija menor del Rey tenía ganas de declarar en los juzgados de Palma para “liberarse un poco de este trámite”. “Se encuentra bien… Está serena”, añadía el letrado a las puertas de su despacho de Barcelona. Silva no quiso, por el contrario, contestar sobre cuestiones estratégicas de la defensa, ni si durante el interrogatorio respondería a todas las partes. Silva y Roca Junyent se  reunieron estos días con la Infanta para preparar su defensa, y estaban convencidos de que la declaración ante el juez José Castro serviría para demostrar su inocencia. Sobre la posibilidad de bajar la rampa de los juzgados andando o en coche, Silva dijo que “son cuestiones de seguridad que ella no va a decidir”. Recordó que la Infanta siempre había actuado motivada por “su fe en el matrimonio y amor a su marido”, en el que “confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea”. Y añadió que “a la infanta se la ha imputado por ser quién es” porque, de lo contrario, el juez no habría escrito la imputación en 225 folios sino “en 15 ó 20”, como se hace normalmente. “Si alguien considera que es necesario escribir un tratado de derecho procesal para imputar a alguien, será porque considera que el caso lo merece”. En declaraciones a los periodistas a las puertas del bufete de abogados, Silva sentenció hace varias semanas que la Infanta “está enamorada de su marido” y argumentó: “Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: Amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles”. Preguntado sobre si con ello afirmaba que su marido, Iñaki Urdangarín, la había engañado, respondido: “Yo le digo quién confía. A partir de ahí, cada uno responde en conciencia de sus actos.  Lo que no se puede pretender es que el legislador diga: 'Mujeres, cuando vuestros maridos os den algo a firmar, primero llamad a un notario y tres abogados'; o viceversa: 'Maridos, cuando vuestras mujeres os presenten algo, desconfiad y esperad a firmar”.

El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach bajan la rampa de los juzgados de Palma.

Una mayoría de jueces, incluso los conservadores, apoyan al instructor del ‘caso Nóos’. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunció los “ataques personales” contra José Castro y se posicionó junto al juez José Castro. Su crítica llega después de las denuncias de otras asociaciones del sector como Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, tras el último escrito presentado por el fiscal Pedro Horrach en el que éste aseguraba que el magistrado se apoyó en “teorías conspiratorias” para imputar a la hija del Rey de un delito fiscal y otro de blanqueo. Sin mencionar explícitamente al juez Castro, la APM pidió “respeto personal” para los jueces que sufren “ataques”. Y la Asociación Francisco de Vitoria denunció “la grosera campaña de desprestigio” contra el juez Castro, calificando de “expresiones impertinentes y ofensivas” y “acusaciones muy graves” las vertidas por el fiscal Horrach en su escrito contra la instrucción del magistrado. Jueces para la Democracia, por su parte, denunció las presiones de todo tipo y seguimientos personales padecidos por el juez y afirmó que estas circunstancias son especialmente negativas para la actuación de una justicia independiente. “El juez instructor –señala– ha sufrido presiones de todo tipo, seguimientos personales y también el desprestigio continuado de diversos medios de comunicación”. Y destaca que “a pesar de ello, Castro ha llevado a cabo un esfuerzo profesional considerable para impulsar una causa muy compleja, en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias y delitos societarios”.

Los tres técnicos de Hacienda, bajando la cuesta que conduce al acceso a los juzgados.

Los inspectores que libraron a la infanta Cristina de un delito fiscal admitieron hace dos semanas al juez Castro que dieron por buenas tres facturas “simuladas”. El magistrado censuró a los técnicos y a la abogada del Estado por aplicar con ella “un trato diferente” El juez del juzgado número 3 de Palma preguntó a los técnicos de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña si era normal que un expediente como el de Cristina de Borbón “tarde tantos meses en resolverse”. Los funcionarios se defendieron alegando que el tiempo empleado en este asunto se encuentra “dentro de los márgenes habituales” y que no se han empleado más a fondo por tratarse de la hija del Rey. Pero la batería de preguntas se fue complicando al requerir Castro una explicación convincente de por qué la investigación tributaria de Cristina de Borbón la inició el abogado jefe de Hacienda cuando le correspondía a los propios técnicos de la Delegación de Cataluña. Los inspectores se excusaron en que la plaza del funcionario al que le correspondía asumir esta investigación “estaba vacante” y que sólo por eso el expediente lo asumió directamente la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria. La explicación no convenció al juez, según explica Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo, que recogía esta información al detalle. “¿Ustedes suelen admitir facturas falsas como deducibles con el resto de contribuyentes?”, preguntó a los autores de los informes tributarios sobre Cristina de Borbón y su sociedad Aizoon. “¿Si no se hubiera tratado de la Infanta Cristina hubieran aceptado como gasto estos tres recibos de 69.900 euros que no responden a servicio alguno?”, insistió el magistrado. “Cada caso es diferente y la deductibilidad de una factura es relativa”, le replicaron. Los inspectores de Hacienda admitieron que las tres facturas eran irregulares y simuladas, negándose a tildarlas de “falsas”. No obstante, la discusión no radicó en si las facturas eran falsas o simuladas sino en si eran deducibles. “No hemos recibido ninguna instrucción ni ninguna presión para actuar de esta manera”, se esforzaron en dejar claro los inspectores, añadiendo que, a su juicio, la infanta Cristina debe ser exculpada por completo del fraude fiscal de su sociedad porque quien la gestionaba no era ella sino su marido. Pese a que ya ha sido acreditada la participación directa de la hija del Rey en numerosas operaciones fraudulentas de Aizoon, firmando de su puño y letra documentos clave como el autoalquiler ficticio del palacete de Pedralbes o la compraventa simulada de acciones de la promotora Mixta África, los funcionarios añadieron que hay que trasladar el fraude fiscal de Aizoon al Impuesto sobre la Renta del duque de Palma. Criterio que fue rebatido por el juez Castro quien, en presencia de varios testigos, confesó estar “cansado” de constatar cómo la Agencia Tributaria “trata de manera diferente” a la hija del Rey en este asunto. De ahí su persistencia en su batería de preguntas por dejar claro que Hacienda y la propia Abogacía del Estado está variando sus criterios habituales para favorecer a Cristina de Borbón.

La infanta de España y duquesa de Palma, a su llegada a los juzgados.

 

Es la primera vez que la hija de un rey se enfrenta a esta situación y el entrenamiento de su defensa con sus abogados se centró en enseñarle a hacer algo a lo que no está acostumbrada: dar explicaciones y “sacarla de la burbuja” en la que ha vivido. La infanta adquirió “plena conciencia” de la importancia que tenía –para ella y para la Corona– ofrecer un relato coherente de su inocencia ante el juez y ante la sociedad española. Los abogados de Molins & Silva intentaron que la Infanta despejase las dudas sobre su participación en la sociedad patrimonial Aizoon, que compartía a medias con su marido. Los servicios de Comunicación de Zarzuela no eran los únicos que velaban por la información que generaba la infanta Cristina en su declaración ante el juez Castro. “A ellos –escribía El Buscón en Vozpópuli– se unirá la artillería del gabinete de prensa perteneciente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Supremo (TS). Según ha podido saber este Buscón, desde el órgano de gobierno de los jueces, que preside el conservador Carlos Lesmes, se han dado instrucciones para que la directora de Comunicación del CGPJ, Cristina Ónega, y su auxiliar, José Asenjo, se desplacen hasta Palma de Mallorca para controlar in situ el germen de la noticia. La llegada de Ónega a la dirección de Comunicación del CGPJ se produjo el pasado mes, tras abandonar TVE después de 14 años y donde venía ejerciendo como Jefa de Nacional en los Servicios Informativos de la cadena desde julio de 2012. Según fuentes del ente público, no terminó de encajar en el equipo del director de Informativos, Julio Somoano. El padre de Ónega es el veterano comunicador, Fernando Ónega, jefe de prensa del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez y ex director de informativos en la cadena Ser, Cope y Onda Cero; ex director de Relaciones Externas de TVE (1980-1981); ex presentador de Antena 3 Noticias y colaborador en tertulias de televisión y periódicos como La Vanguardia y El Progreso de Lugo. La relación de Fernado Ónega con el Rey es estrecha, ya que ambos compartieron muchos momentos de la presidencia de Suárez, de quien ha escrito una biografía íntima titulada Puedo prometer y prometo (fórmula que él mismo acuñó al elaborar un discurso del líder de UCD). En ese libro, Ónega relata conversaciones privadas con Don Juan Carlos. Una de ellas la utiliza para señalar al monarca como el verdadero artífice de la legalización del Partido Comunista (el papel de Suárez fue sólo el de ejecutor)”.

El interrogatorio de la Infanta se hizo sin ayuda de Internet ni de ningún tipo de dispositivo electrónico para evitar que se la grabase. A la entrada del juzgado, el juez ordenó que los abogados y personal con permiso previo dejasen en la entrada teléfonos, iPads, ordenadores personales, portátiles o grabadoras. E implantó un “apagón digital” durante el interrogatorio. El instructor justificó sus medidas con el argumento de que se pretendía evitar la filtración del contenido de las palabras de la hija del Rey mientras se producía su declaración. Una vez comenzado el interrogatorio, los abogados sólo pudieron mostrar a la Infanta pruebas por escrito y sólo en casos extraordinarios en los que era necesaria una prueba electrónica, se permitió activar el ordenador del juzgado previa autorización del magistrado. Los abogados de la Infanta se mantuvieron en una misma estrategia desde que comenzó el sumario, asegurando que nunca supo qué actividades realizaba su marido. Con ello pretendieron alegar desconocimiento y defender que doña Cristina tampoco había tomado parte en la gestión económica de Aizoon. Desplegaron el interrogatorio ensayado una y otra vez en los días previos a la cita con el juez, con preguntas y respuestas para evitar el menor desliz dialéctico. La estrategia del bufete basó en el desconocimiento de ambos conceptos por parte de la Infanta –el de la retribución que percibía como miembro de Consejos de Administración y el de los pagos que obtuvo  como asesor de compañías mercantiles privadas– que refuerza la tesis del desconocimiento y la desconexión del dinero ilícito. Como socia al 50 % de la empresa familiar, los más de 600.000 euros que la fiscalía le exige proceden del cálculo de dividir por dos los 1,3 millones de fondos de Baleares y de la Comunidad Valenciana ganados por Urdangarín con las maniobras del Instituo Noos entre 2003 y 2007. Pero, el Ministerio Fiscal ha hecho saber que únicamente pedirá una responsabilidad civil para la infanta Cristina que, en su caso, supondría el pago de menos de 600.000 euros. Al parecer, la Infanta sólo temía las preguntas del abogado del socio de Urdangarín, Manuel González Peeters, quien disponía de los e-mails de las conversaciones entre el Duque de Palma y su cliente como arma para probar que la Infanta conoció y participó en las actividades de Aizoon.

 

Y mientras la Infanta contesta a los jueces,  la Asamblea Republicana de Mallorca se manifiesta en las inmediaciones de los juzgados

La hija menor de los Reyes, Cristina de Borbón, llega en coche hasta la  puerta de los juzgados de Palma, evitando descender a pie la 'rampa de la vergüenza'. Lleva una camisa blanca, un traje de chaqueta negro y sujeta un teléfono móvil en su mano derecha.  Desciende del vehículo y recorre unos metros a pie hasta la puerta del edificio judicial mientras sonríe. La céntrica avenida Alemania de la capital palmesana está literalmente tomada por las Fuerzas de Seguridad. La hija menor del Rey dirige media sonrisa a los cientos de periodistas que la aguardaban. “¡Cristina, bombón! ¿Por qué no noos haces un talón?”, corean unos 300 manifestantes. “Buenos días”, dice la Infanta a los periodistas que le preguntan cómo se encuentra. “Bien, bien”, responde ella antes de entrar en la sede judicial. Al fondo, se oyen los abucheos  procedentes de los   manifestantes que exhiben banderas republicanas y lanzan gritos de apoyo al juez Castro. Además de partidarios de la Asamblea Republicana de Mallorca, que ha convocado la concentración, también hay miembros de la asociación catalanista ARRAN y un reducido grupo de activistas de Ibiza contrarios a las prospecciones petroleras que se proyectan en aguas próximas a Baleares. Bajo el lema “Fuera la corona española”, los congregados ocupan los cuatro carriles de la céntrica Vía Alemania de la capital balear, justo frente a la puerta principal de los Juzgados. En la concentración se pueden ver pancartas de apoyo al juez Castro y otras contra la Monarquía española y a favor de la República. Otros protestan contra las prospecciones petrolíferas y el ERE de Coca-Cola, que prevé cerrar la planta de producción de Palma de Mallorca. Muchos de los concentrados portan pancartas y banderas republicanas o senyeras catalanas. Se escuchan proclamas como “Casal popular, Marivent”, “Independencia”, “Fuera Monarquía” o “Juan Carlos, Sofía, la hucha está vacía".

El juez José Castro admitió la incorporación, como acusación popular en dicho proceso, del “Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM)”, liderado por Julio Anguita, ex alcalde de Córdoba, ex coordinador general de IU y ex secretario general del PCE. La plataforma presentó el pasado día 23 de enero un escrito en el que comunicaba al juez Castro su decisión de personarse en el “caso Noos” ante “la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana” motivada por la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa que “por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público”, algo que “se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera de oficio a citar a la Infanta Doña Cristina Federica Borbón Grecia”. En dicho escrito, el Frente Cívico Somos Mayoría pone de relieve que “desde entonces el sistema procesal se haya visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación del Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado” y señala que, a su juicio, hay motivos “para deducir que su actuación no se corresponde con lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto”. Ginés Fernández, el portavoz del FCSM, subraya que la personación del colectivo en el Caso Noos responde también a “la injerencia del poder ejecutivo” en la causa, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, en una entrevista en televisión, aseguraba “estar convencido de que a la Infanta le irá bien” en este proceso y de “su inocencia”. “Las palabras de Rajoy nos han invitado a personarnos en este caso”, explica el portavoz estatal de FCSM, quien indica que “todo apunta a que la infanta no tenga ningún tipo de perjuicio y entonces no se aplique el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley”. Al conocerse la decisión del juez José Castro de aceptar la personación del “Frente Cívico Somos Mayoría”, una letrada del controvertido sindicato “Manos Limpias” acusó al colectivo de tratar de “sacar un rendimiento mediático ajeno al procedimiento jurídico, dada la trascendencia del caso”. La letrada de este sindicato, al que, desde algunos sectores, se tilda de una posición política de extrema derecha, reprochó al “Frente Cívico” que, aunque en principio pudiera ser legítima y procedente, ésta queda desvirtuada al haber transcurrido más de tres años sin que la entidad se haya personado, “desconociendo todo el sumario y estando la instrucción en su fase final”.

La estrategia de la acusación de Virginia López Negrete, abogada de “Manos Limpias”,  pasa por probar que la Infanta no sólo conoció el origen ilícito de los fondos desde su origen sino que, además, participó en su ocultación. Pretendió plantear preguntas en torno a la vida de la sociedad y de la participación de la Infanta: “Si existía separación de bienes, ¿qué necesidad tenía la Infanta de crear una sociedad con su marido? ¿Por qué toma el 50% en lugar de un porcentaje menor?”. Su interrogatorio buscaba establecer que la Infanta fue utilizada como pantalla frente a Hacienda y las posibles inspecciones con su participación activa. Pero esta y otras preguntas de “Manos Limpias” que se quedaron en el tintero, al negarse la infanta Cristina a responder. El perito de la acusación argumenta que la Infanta firmó durante nueve años las cuentas de la sociedad, lo cual la convierte en corresponsable, aunque ignorara el origen fraudulento del dinero y sostiene que “como en el derecho penal, el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento”.

Elementos jurídicos de la imputación, según el esquema elaborado por El País.

 

Inmediatamente después de presentar su escrito de imputación, el juez Castro comenzó a preparar las preguntas que plantearía a la Infanta. Su cuestionario gira en torno a dos grandes ejes: determinar el grado de conocimiento que doña Cristina de Borbón tenía sobre las irregularidades atribuidas a Iñaki Urdangarín y determinar su participación en la estructura societaria de Aizoon. Entre las cuestiones del magistrado, figura la de si se ausentó o no de las conversaciones que Torres y Urdangarín mantuvieron cuando compartían “momento lúdicos”. ¿Por qué no utilizó su paritario potencial participativo en Aizoon S.L. para instar la presentación de rectificaciones de liquidaciones anteriores supuestamente defraudatorias? La Infanta abandonó el 20 de marzo de 2006 su cargo de vocal de la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada ante las primeras denuncias de irregularidades. El parlamento balear llegó a registrar una pregunta parlamentaria que evidencia esas denuncias y sospechas. Sin embargo, doña Cristina no abandonó la empresa que compartía al 50% con su marido ni rectificó unas cuentas que habrían registrado ingresos presuntamente fraudulentos. ¿A qué obedecía que Aizoon S.L. transfiriera, el 27 de diciembre de 2006, a la cuenta abierta en La Caixa y de la que era cotitular con su marido, 125.000 + 25.000 euros y que ese mismo día se traspasara el dinero a la cuenta de que era titular su marido? ¿Acaso pagó la Infanta alguna factura de su propio peculio?… La primera pregunta formulada por el juez Castro fue: “Conoce usted los hechos por lo que está ahí?”. Otras que posiblemente le hizo: ¿Es Aizonn una sociedad pantalla con disfraz mercantil? ¿Por qué no repartió nunca dividendos? ¿Por qué Aizoon S.L “aparentemente” alquiló como oficina una parte de la vivienda familiar de los Urdangarín-Borbón en Barcelona? ¿Por qué figuraban los empleados del servicio de la vivienda como trabajadores de Aizoon? ¿Pagó la infanta Cristina dinero negro a los empleados de su vivienda? ¿Estaban algunos de ellos, inmigrantes, en situación irregular? ¿Por qué se imputaron a Aizoon las facturas correspondientes a obras y decoración de la vivienda? ¿Son admisibles como gastos de Aizoon las “atenciones privadas”? ¿Perseguía de alguna manera la presencia de la infanta en el accionariado de Aizoon la ocultación de su actividad a ojos de la Agencia Tributaria? ¿Por qué la correspondencia de la tarjeta VISA que Cristina de Borbón ostentaba en Aizoon dejó de llegar a su nombre y se desvió su envío hacia otra de las sedes de la empresa, ajena al domicilio familiar del matrimonio? ¿Puede ser el desconocimiento de la legislación mercantil y tributaria un argumento de defensa en favor de la infanta Cristina? La acusación popular dice que la mayoría de veces contestó con evasivas, amparándose en el “no sabe, no contesta” y hacía todo lo que le pedía Urdangarín, en el que confiaba plenamente. La Infanta renunció a responder tanto a las acusaciones populares como a los abogados defensores de las otras partes. La Casa del Rey, cuyo secretario general vivió este proceso como “un martirio”, entiende que la infanta ha salido del juzgado “liberada de una gran presión tras contestar a todas las preguntas”, esperanzada ante una próxima desimputación. Nosotros no lo tenemos tan claro.
 

“La segunda imputación de la Infanta –escribe Antonio García Pablos en El País, bajo el título ‘El coste de la imputación de la Infanta’–, que previsible y lógicamente confirmará la Audiencia de Palma (por eso carece de sentido recurrirla), no es ninguna catástrofe nacional sino síntoma del buen funcionamiento del Estado de derecho, de la división de poderes, de la independencia judicial y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. A buen seguro, que Federico II de Prusia, como hiciera entonces con el juez de Berlín que dio la razón al molinero frente al propio rey, habría elogiado hoy al magistrado Castro por su testimonio, en absoluta soledad y sin nadie que le ampare, de independencia y pundonor. Preocupa, por el contrario, el comportamiento procesal de otros operadores jurídicos que oponiéndose a la imputación de la Infanta, lejos de evitar esta, muy probablemente y en la percepción social, han perjudicado a la propia Infanta que sin duda no necesitaba ni pidió tales apoyos. Ante todo, el proceder del ministerio fiscal recurriendo la primera imputación: oponiéndose, ad cautelam, a la segunda antes de que el juez solicitase su informe y la acordara; y criticando con lamentables insinuaciones al instructor por la ulterior imputación a pesar de no haberla impugnado deja en muy mal lugar a la fiscalía, pues nadie comprendería que en un caso como este y dada la estructura jerárquica del ministerio público el fiscal del caso actuaba sin el conocimiento y respaldo de sus superiores. Jueces díscolos o rebeldes puede haberlos; fiscales, no. (…)  Una voluntaria comparecencia judicial de la infanta, antes de ser imputada, declarando a iniciativa propia, hubiera podido ser entonces convincente. Hoy ya no. Porque hoy el instructor, motivado por la Audiencia de Palma, ha realizado una investigación exhaustiva y demoledora para fundamentar la imputación (inocencia o culpabilidad no están por ahora en juego en este momento del proceso). Por esta razón, creo yo, los abogados de la Infanta emprenden un inevitable, tardío pero inteligente, cambio de estrategia de defensa aconsejándola que comparezca a declarar. El próximo sábado se enfrentarán dos actitudes y estrategias procesales antagónicas. El juez instructor, que conoce como nadie los detalles y particulares de la causa, interrogará probablemente a la imputada una y otra vez sobre hechos concretos y puntuales. La imputada, por su parte, apelará —también una y otra vez— a la confianza depositada en su esposo y a la intervención de terceras personas (asesores, secretarios, etcétera), porque su defensa ofrece un cauce argumental estrecho, angosto y su delicada situación personal y humana atenazan, sin duda, su ánimo, haciendo poco probable que resista a un largo, minucioso y tenso interrogatorio judicial, aunque solo responda a las preguntas del juez y de su propio abogado defensor”.

 

“Después de cuatro décadas en el trono –escribe Matías Vallés en Al Azar (Diario de Mallorca)–, el Rey ya anda. Ahora está aprendiendo a leer. La democracia se distingue de sistemas menos recomendables en su propensión a incurrir en lo cómico antes que en lo trágico. De ahí que el estupor frente al discurso del monarca en la Pascua Militar se alivie con la carcajada ante quienes buscan excusas luminosas o gripales. Mientras los asistentes desviaban piadosamente la mirada y la ansiedad tensaba los músculos del Príncipe al borde de la contractura, los cortesanos de Madrid analizaban un texto que su autor era incapaz de pronunciar, no cabe sátira más cruel. El Jefe de Estado sufre martirio a manos de sus adictos. Sólo les faltaba proclamar que ‘el Rey está vestido’, único atributo indubitable de su rango (…).  Si un monarca no puede hablarle a su reino, que tampoco está autorizado a replicarle, se ha alcanzado la perfecta incomunicación. Juan Carlos y Cristina de Borbón tiemblan cuando han de articular una palabra más allá de ¡Hola! No hablamos desde la mojigatería. Sería incluso peligroso que los Reyes creyeran en la monarquía, Dios nos libre de los Papas demasiado devotos. El escalofrío brota porque el Rey ha dejado de ser el interlocutor con la Corona, y Letizia está en un concierto. Desde Roosevelt se juzga arbitrariamente a los estadistas por sus cien primeros días. Al Jefe de Estado español le conviene que se olviden rápidamente sus cien últimos días”.

La sesión judicial con la infanta Cristina, sentada frente al retrato de su padre, el Rey Juan Carlos, colgado en la pared, duró hasta las seis de la tarde. “Lo de este sábado –escribe Juan Tortosa bajo el título ‘Cristina rompe su silencio’, en Público– es un repugnante y denunciable trato de favor: todos los resortes del Estado, el judicial, el policial, el mediático, el político…llevan semanas dotando a la comparecencia ante el juez de la ciudadana Borbón y Grecia de un carácter de excepcionalidad que no habría debido tener nunca. Cristina Borbón de Urdangarín es una ciudadana de pleno derecho que, tal como contempla nuestro ordenamiento jurídico, está obligada como todo el mundo a acudir a declarar ante un juez cuando éste le requiere para ello. El asunto tiene un interés que no voy a ser yo quien lo discuta pero admítaseme que, de las exageradas dimensiones que ha acabado adquiriendo esta historia, los principales responsables son quienes, durante demasiado tiempo, han apostado por la estrategia del escaqueo en lugar de por plantar cara. Con lo fácil que hubiera sido hace meses, digo yo, llegar, escuchar las preguntas que tuvieran que hacerte, contestarlas… y a casita. Así tendría que haber sido, ¿no? Así, y no de otro modo, habría tenido que suceder en esa sociedad normalizada a la que aspiramos y en la que no acabamos de convertirnos. ¿Por qué no lo conseguimos? La hija del todavía rey de España lo hubiera tenido más fácil si no se hubiera dejado proteger tanto. Alguien, si es que ella no ha sido capaz de verlo, tenía que haberle dicho que tanto escudo protector la vulnerabilizaba. Que tanta defensa la condenaba. Sea cual sea el veredicto, sea cual sea el dinero que tenga que pagar, todo le habría resultado mucho más llevadero si no se hubiera refugiado en el silencio (…) Yo no sé por qué se ha callado Cristina. No entiendo por qué ha estado escondida. Hay silencios y ausencias que estigmatizan por su elocuencia. Con lo fácil que le hubiera resultado copiar a papá, salir a la palestra y soltar aquello de ‘lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir’… y miel sobre hojuelas. ¿O había miedo de que esta vez ya no colara? Pues en eso llevan razón: esta vez no habría colado. Pase lo que pase este sábado, diga lo que diga en el juzgado, creo que Cristina Borbón de Urdangarín, 48 años, casada y madre de cuatro hijos, se sabe condenada por el ciudadano medio. Creo que sabe que la gente suele ser más comprensiva con los sinvergüenzas que dan la cara que con quienes, aún siendo inocentes, esconden la cabeza debajo del ala. Es verdad que uno es prisionero de lo que dice y dueño de lo que calla, pero la cosa cambia cuando quien calla termina siendo dueño de lo que, presuntamente, entre silencio y silencio, se ha estado llevando crudo

Entre los fotomontajes de esta semana, cabe resaltar los prohibidos el martes pasado por el Ayuntamiento de Salamanca sobre una exposición programada en el centro Julián Sánchez “el Charro”. ¿Motivo?  El haber ocultado el artista el contenido de las obras. La exposición se titulaba: “No apto para todos los públicos” y en ella aparecían imágenes de Rajoy, Bárcenas o la Infanta Crisina que el Ayuntamiento consideró “no aptas”. La decisión, comunicada al artista Ausín Sáinz, considera las obras “inadecuadas para un público, eminentemente familiar, que acude a este espacio de participación ciudadana donde se programan diariamente ludotecas infantiles o numerosas actividades deportivas”.

Propuesta de Gallardón para la entrada de la Infanta a los juzgados.

 

Propuesta de Gallardón para la entrada de la Infanta a los juzgados. Manuel J. Arjona. Nuestra señora del Santo Robo. De la ilustre Cofradía del Indulto Seguro. Resto de obras: Otro peliculón de la infanta Cristina, La mano que mueve al fiscal, Mi vida es ser un mamón y La policía recomienda que la Infanta baje en coche la rampa de los juzgados.

El humor de Erlich:

 

Otros humoristas en la prensa de esta semana: Peridis, Ferrán, J. R. Mora, Can, A. López, El Jueves…

 





 





 

 





 



 

Pep Roig, desde la misma isla, convertida este final de semana en ombligo del mundo y ojo del huracán: Bombardeo gubernamental, Desacuerdo simulado y en diferido, PPolítica ficción, Propaganda electoral hasta en la sopa, Nueva orden de Rajoy, Todo es publicidad y Lo malo, bueno para los que mandan.

 

Y para terminar, tres vídeos El primero, sobre la infanta Cristina, quien asegura que no participó en la gestión de Aizoon, la empresa que compartía con Urdangarín. Ha reconocido al juez Castro que sabía que el rey le pidió al duque que dejara Nóos. El abogado de la acusación popular afirma que el grado de conocimiento del rey sobre lo sucedido ha estado “flotando en el ambiente” durante la declaración.

En el segundo, un coro de monjes, atrapados en el voto de silencio, interpreta el 'Aleluya' de Haendel. En realidad, son unos estudiantes de preparatoria haciéndose pasar por monjes con voto de silencio. Pero definitivamente tuvieron una idea creativa que se ha convertido en un show.
 

 

El tercero es un paseo por paisajes llenos de esperanza.