Jiménez Villarejo: “La CDC está deslegitimizada para dirigir cualquier proceso”.

 Carlos Jiménez Villarejo.

       

Siscu Baiges

Carlos Jiménez Villarejo declaraba el 2 de agosto del 2014: “La CDC está deslegitimada para dirigir cualquier proceso, incluido el soberanista”. Junto con José María Mena, el fiscal Villarejo elaboró la querella, presentada en mayo de 1984, contra el consejo de Administración de Banca Catalana, incluido su vicepresidente ejecutivo, Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat. En noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia de Barcelona desestimó tal querella, donde se acusaba a Pujol y al resto de consejeros de delitos de “apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas”. Treinta y tres magistrados votaron en contra de procesar a Pujol mientras ocho lo hicieron a su favor. La confesión del expresidente de la Generalitat del pasado 25 de julio daba otra perspectiva a ese proceso. Siscu Baiges, periodista, vicepresidente de la asociación SICOM, federalista de izquierdas y activista social, publicaba, el 2 de agosto del 2014, una entrevista con Carlos Jiménez Villarejo en el diario.es, en la que resumía que o los periodistas, los fiscales y los jueces lo hicieron muy mal cuando investigaban este caso, o la explicación del dinero evadido con la herencia era más una excusa que una realidad. “No tengo por qué saber nada de las herencias de Pujol o de cualquier otro político. Pero tengo serias dudas de que lo que ha dicho sea verdad. El origen de ese dinero importa poco. Fluye de muchas partes. Lo de la herencia es una forma de confundir a la gente. Hay que saber en qué consiste esta fortuna, donde está y el origen concreto, real y preciso de estos caudales que tiene depositados, al parecer, en varios paraísos fiscales”.

Cuenta Jiménez Villarejo que siempre fue difícil de entender esta querella. “Hay un dato que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. Cuando concluyó la investigación judicial y se inicia la fase oral, el juez instructor preparó toda la documentación del proceso –declaraciones, documentos bancarios de Inspección de Hacienda– y la puso a disposición de los magistrados para que la consultaran y se informaran adecuadamente de las razones por las que la Fiscalía pedía el procesamiento de Jordi Pujol y de la mayoría de consejeros de Banca Catalana. Muchos de los magistrados que debían pronunciarse ni siquiera fueron a la Audiencia para recoger las fotocopias preparadas para cada uno de ellos, con nombres y apellidos. Ya tenían predeterminado que votarían en contra e, incluso algunos de ellos se jactaban, en determinados círculos. Tenían una toma de posesión previa a favor de Jordi Pujol”. Y sólo ocho magistrados, encabezados por Antonio Doñate y Margarita Robles pidieron su procesamiento.

La querella se presentó en un momento delicado de la consolidación democrática. En una situación clave de la historia de Cataluña, en la que se iniciaba el proceso autonómico. “Pujol había sido elegido presidente de la Generalitat y se había convertido en el símbolo de una nueva etapa en Cataluña y aunque era evidente su responsabilidad penal en los delitos que le imputaban, el Tribunal evitó que el proceso continuara, que fuera juzgado y eventualmente condenado –que habría sido lo justo–. Y, a partir de ahí, se creó un clima de impunidad. Lo que permitió que siguiera operando en su política, social y económica de forma arbitraria y fuera del peligro de cualquier persecución judicial, que sabía que no existiría porque él controlaba perfectamente la parte del poder judicial que le interesaba. ¿Tendremos que confiar en que un día, algunos de estos magistrados expliquen en sus Memorias razones por el voto contra el procesamiento de Jordi Pujol que hasta ahora no han explicado?... Aquella decisión perjudicó la imagen y la respuesta justa que un juez debía dar a una situación en la que había indicios muy claros de la responsabilidad de ese consejo de administración y de Jordi Pujol”.

Hoy, si el caso Banca Catalana se produjera, Jiménez Villarejo explica que no se resolvería igual. “Ya no estamos en los años 1984-1986, los años del proceso de Banca Catalana, sino en una situación diferente. Años después empezaron a caer mitos de las élites sociales y económicas, en su día. El primer símbolo de ello fue la caída de Mario Conde, condenado a 20 años de prisión.  La situación de Pujol, en Banca Catalana, fue similar a la de Mario Conde, en Banesto. Había algunas similitudes. Hoy hay abiertos un conjunto de procesos muy importantes contra todos los responsables de las cajas de ahorros que han hundido estas entidades a través de la emisión de productos fraudulentos y que, además de defraudar a los inversores y ahorradores, se han enriquecido (…) Ha cambiado la perspectiva del enfoque de la delincuencia de ‘cuello blanco’, los poderosos, en el ámbito económico… Posiblemente, Cataluña estaría más centrada en ser un país no tan envuelto en banderas, mitos y futuros imaginarios, sino preocupado por tener más justicia, más igualdad, mejor reparto de la riqueza, mejor prestación de los servicios públicos universales de sanidad, educación, servicios sociales...”

     Jordi Pujol.

“No hay que olvidar que Mas fue consejero de Economía en el último gobierno de Jordi Pujol. Esto ha condicionado mucho la vida política de Cataluña. Los gobiernos de Jordi Pujol han sufrido bastantes acusaciones de corrupción, pero ha habido pocas sentencias firmes contra sus miembros. Una quinta parte de los consejeros de Jordi Pujol han sido imputados por algún delito. La Fiscalía de Barcelona abrió diligencias de investigación de consejeros como Macià Alavedra y muchos otros. Hubo momentos en que se planteó al fiscal general del Estado la presentación de querellas contra consejeros de Jordi Pujol por delitos de ‘apropiación indebida’, ‘falsedad’, ‘malversación de dinero público’... Los fiscales generales del Estado, en esa etapa nombrados por el PSOE, me prohibieron que iniciara ninguna investigación y paralizaron siempre cualquier investigación que pudiera perjudicar a Convergencia Democrática y, particularmente a Jordi Pujol a través de sus consejeros. Ahora, cuando se plantea el tema de la relación Cataluña-España, hay que recordar que, en aquellos momentos, los gobiernos de Felipe González –también los del PP, pero menos– protegieron a Pujol y a los gobiernos de CiU de todas las actuaciones penales que les pudieran perjudicar. Y me resulta indignante que ahora hablen de España como si fuera el gran enemigo cuando han sido protegidos por ese Estado que ahora parece que detestan tanto”.

Jíménez Villarejo piensa que el proceso independentista se convierte en una venda similar. “No sé porque el pueblo de Cataluña debe estar empeñado en buscar un instrumento para taparse los ojos y no ver la realidad que le rodea. La realidad es que vivimos en una sociedad cada vez más desigual, con más pobres, más familias desamparadas, débiles económicamente y casi sin asistencia, con una crisis profunda de todas las instituciones y servicios públicos, como la educación y la sanidad. (…) En una sociedad donde ocurre esto, hablar de mitos y banderas esteladas me parece un engaño más. Como el que planteó Jordi Pujol, en 1984, cuando salió al balcón del Palau de la Generalitat y dijo que el gobierno central había hecho una jugada indigna y quería robar la honorabilidad de Cataluña. Hacía falta un nivel altísimo de cinismo porque era perfectamente consciente de que la crisis de Banca Catalana era el resultado de su pésima gestión y del abuso de poder económico que se usó para beneficiar a determinadas personas e iniciativas”.

Para el fiscal Villarejo, el dato objetivo es que tenemos una persona que ha confesado que tiene dinero oculto en paraísos fiscales, que ha defraudado a España y a Cataluña y que ha presidido el gobierno de este país durante 23 años. “Tenemos que concluir que ha habido un delincuente gobernando Cataluña durante 23 años. Y resulta difícil creer que ninguno de los miembros de esos gobiernos no supieran nada del patrimonio oculto de Pujol en paraísos fiscales. Resulta difícil creer que el equipo dirigente de Convergència Democrática ignorara esta realidad. CDC ha perdido la legitimidad democrática que le daban los votos porque ha defraudado a sus votantes y a los ciudadanos de Cataluña. Y ha utilizado el poder para que muchos de sus consejeros se enriquecieran, incluido su presidente. Si hubiera pasado sólo un par de años, podríamos pensar que era un caso puntual, pero ha sido un plan predeterminado de quitar a Cataluña gran parte de sus bienes y servicios para llegar a las consecuencias que hemos llegado. No se puede estar 34 años ocultando un patrimonio en un paraíso fiscal sin que las personas más cercanas a Pujol y al partido no estuvieran al tanto de lo que pasaba. Ha habido silencios calculados, complicidades y un plan premeditado para permitir que CDC fuera un instrumento de enriquecimiento de sus dirigentes y de su presidente, en particular”.

Lo que han hecho Jordi Pujol y su partido a lo largo de tantos años, desde 1980 hasta ahora mismo, es una jugada indigna de políticos que han sacrificado los intereses de la sociedad catalana en aras de sus intereses particulares. “Una jugada indigna y antidemocrática que hace que CDC no merezca, a estas alturas, ninguna confianza. Y me sorprende que haya partidos de izquierda que, en estos momentos, estén pactando con CDC acuerdos relacionados con el proceso soberanista. Me produce una enorme tristeza, porque no es lo que correspondería a la izquierda catalana”.