España, el país con los políticos más corruptos de toda Europa.
Rodrigo Rato, detenido.
Según denuncia un informe
publicado el pasado lunes por la Comisión Europea, los tentáculos de la corrupción se han extendido
por municipios y Comunidades Autónomas españolas, instituciones y
administraciones públicas a todos los niveles. Y, ante la falta de controles
efectivos sobre el gasto público, España se distingue como uno de los países
más corruptos de la UE. Por eso, el Ejecutivo comunitario ha pedido a España
que redoble los controles para alertar de irregularidades y, llegado el caso,
sancionarlas.
España es, según Bruselas, de los
países que más contribuyen a engordar la cifra de los 120 millones de euros
anuales que cuesta la corrupción a la UE. El país mantuvo la puntuación
obtenida en el ejercicio previo, aunque perdió cinco puestos en la
clasificación global y se situó en la posición 41ª de 167 países, entre Costa
Rica y Georgia y en el grupo de los países europeos percibidos como más corruptos. Buena parte de la culpa de esta lacra la
tienen, a ojos del Ejecutivo comunitario, la falta de vigilancia de la
financiación de los partidos políticos. Precisamente a las irregularidades que
salpican a estas formaciones, como el célebre caso Bárcenas, hace mención el
estudio al mencionar con toda claridad, aun sin citar su nombre, al “extesorero
de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros
acusados de prácticas corruptas”. De ahí que el informe proponga que se realice
una auditoría externa anual para cada partido, así como que se publiquen sus
cuentas en la red.
Y es que los mecanismos de
control existentes son insuficientes para combatir esta lacra. Incluso después
de haber aprobado la Ley de Transparencia, que Bruselas aplaude como “paso
adelante”, falta independencia en los instrumentos concebidos para localizar
los focos problemáticos. “La vigilancia está ahí, pero no siempre funcionan”,
denunció la comisaria de Interior, Cecilia Mallström, responsable de la
elaboración de este primer estudio sobre corrupción en el que ha situado a
España en el pelotón de los más corruptos y concluido que la crisis económica
ha multiplicado las malas prácticas.
A parte de los partidos
políticos, el alto grado de corrupción en el sector urbanístico o de la
contratación pública (en concreto, en los campos de la construcción y de
recogida de basuras), así como el hecho de que en Comunidades Autónomas y
municipios, los cargos públicos no rindan cuentas son algunos de los factores
que más preocupan en Bruselas. Además, Bruselas alerta de la incapacidad de las
CC.AA para controlar Ayuntamientos y alcaldes, habida cuenta de la capacidad de
éstos de hacer y deshacer imbuidos de “amplios poderes discrecionales en
materia de planificación urbana”, alerta el informe. Sólo en 2011, recoge el
documento, se incoaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos
actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se
dictaron 408 condenas.
Con todo, los españoles, según el
Eurobarómetro, no se mostrarían sorprendidos ante semejante fotografía. De
hecho, hasta el 95 por ciento de los españoles percibe en la corrupción un
problema “muy extendido” que, de facto, afecta a su vida cotidiana.
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