El cardenal Angelo Becciu, condenado por irregularidades financieras.
No es un cardenal
cualquiera, sino el del todopoderoso Angelo Becciu, quien llegara a ser
Sustituto de la Secretaría de Estado (en la práctica, número 3 del Vaticano) y
prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos que, el pasado sábado,
fue condenado a cinco años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para cargo
público por malversación, lo que le impedirá participar en un Cónclave y,
llegado el momento, ser elegido Papa. Es el mayor proceso judicial en la
historia del Vaticano, que ha durado más de dos años y medio y que comenzó con quitar
a Becciu los privilegios que mantenía como cardenal, después de que se
descubriera una trama que utilizaba fondos del Óbolo de San Pedro (el dinero
que el Papa utiliza para los pobres) para compraventa de edificios de lujo, la
creación de una ‘diplomacia paralela’ a la de la Santa Sede y donaciones para
empresas presididas por uno de los hermanos de Becciu.
El caso fue conocido por
la compraventa del palacio de Sloane Avenue, en Londres, una operación en la
que la Iglesia se dejó, al menos, 55 millones de euros. De hecho, junto a las
penas de prisión y multas, el Tribunal Vaticano ordenó el decomiso por importes
equivalentes de más de 166 millones de euros. Y los demandados fueron
condenados, solidariamente, al pago de daños y perjuicios a la Santa Sede, por
un importe total de más de 200 millones de euros.
En concreto, Becciu,
junto a Cecilia Marogna (conocida como la ‘dama de Becciu’) fue condenado por
“el pago, por parte de la Secretaría de Estado, de sumas que ascendían a más de
570.000 euros a favor de Marogna, con el argumento de que no se correspondía
con la verdad, de que el dinero iba a utilizarse para ayudar a liberar a una
monja víctima de un secuestro en África”. Además, el cardenal fue declarado
“culpable de malversación de fondos (artículo 168 del Código Penal) por haber
dispuesto, en dos ocasiones, del ingreso en una cuenta a nombre de
Cáritas-Diócesis de Ozieri, de la suma total de 1.500.000 euros y de 125.000
euros destinada en realidad a la cooperativa SPES, de la que era presidente su
hermano, Becciu Antonino”.
A lo largo del proceso, según
explica Jesús Bastante en Eldiario.es, se ha juzgado a diez personas. “Todos
ellos, salvo el secretario de Becciu, Mauro Carlino, han sido condenados. La
mayor pena, de 7 años y medio de cárcel, ha recaído en Fabrizio Tirabassi,
empleado de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado vaticana. Y
las menores, pingües multas de 1.750 euros, han sido para los antiguos
dirigentes de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del
Vaticano, el presidente y abogado suizo René Brülhart y el exdirector Tommaso
Di Ruzza”.
“Respetamos la sentencia,
leeremos las motivaciones, pero seguimos estando seguros de que, antes o
después, se reconocerá lo absurdo de la acusación contra el cardenal y, por lo
tanto, la verdad: su eminencia es inocente", declararon en un comunicado
sus abogados, María Concetta Marzo y Fabio Viglione.
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