Pese a las recomendaciones de la ONU, las derechas tratan de impulsar los toros entre los menores.
La plaza de toros
mallorquina de Inca celebró el pasado domingo de Ramos una corrida con
presencia de niños. El anterior Govern balear, en manos de las formaciones
progresistas, había prohibido la entrada de menores en esta clase de eventos que
puso un dique de contención a la tauromaquia y protegió a las infancias de la
crueldad inherente a los festejos taurinos. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo,
bajo la dirección del PP y con el apoyo de Vox, ha levantado el veto, lo que
supone un retroceso en materia de bienestar animal. Con este giro, la única
comunidad autónoma que regula la entrada a las plazas en función de la edad es
Galicia, además de Canarias, donde las corridas están prohibidas desde los
noventa. La situación difiere del contexto andaluz, donde la coalición “Por
Andalucía” presentó una proposición de ley que justo busca impedir la
asistencia de los más jóvenes a estos sangrientos espectáculos. El Partido
Popular ostenta la mayoría absoluta en la Junta, por lo que el texto no
prosperará, pero reabre el debate acerca de la tauromaquia y pone sobre la mesa
una cuestión fundamental que, de hecho, recomienda la ONU: proteger a la
infancia de los cruentos festejos taurinos evitando su entrada a los mismos.
El Govern balear que
formaban el Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB), Podem y Més per
Mallorca aprobó en julio de 2017 su ley de toros, la cual prohibía matar al
toro, meter bebidas alcohólicas en las plazas y la entrada de infancias en las
mismas. La primera medida fue anulada por el Tribunal Constitucional un año más
tarde. La tercera fue eliminada el pasado 29 de octubre bajo el Ejecutivo del
PP y con el voto favorable de Vox. “Aunque la ley incluye una enmienda que
exige que los menores asistan acompañados de un adulto, consideramos que esta
medida no es suficiente para proteger a los menores de la violencia inherente a
los espectáculos taurinos”, valoran fuentes de la Asociación Nacional para la
Defensa de los Animales (ANDA).
El Comité de los Derechos
del Niño de la ONU recomendó a España en un informe de 2018 que “prohíba la
participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en
espectáculos de tauromaquia”, con la intención de “prevenir los efectos nocivos”
de la misma. Pese a ello, en la actualidad solo Galicia restringe la entrada a
las corridas de toros en virtud de la edad. La comunidad autónoma impide desde
2017 la presencia de menores de 12 años en esta clase de actividades. Por otro
lado, la normativa vasca, al igual que la actual legislación balear, especifica
que los menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto.
La única excepción es
Canarias, donde las corridas de toros están prohibidas desde 1991 a través de
su ley de protección animal. Eva Ramos, asesora jurídica de PACMA, explica que
el archipiélago nunca tuvo una tradición taurina. Por este motivo, las islas no
vieron su legislación afectada cuando en el año 2013 el Senado declaró la
tauromaquia Patrimonio Cultural de España. Sin embargo, esto sí afectó a
Catalunya. La Generalitat había aprobado en 2010 la prohibición de las corridas
tras la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La medida
entró en vigor en 2012, pero en 2016 el Tribunal Constitucional la tumbó porque
la prohibición infringía la competencia del Estado en materia de cultura.
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