El peso de Aerolíneas Argentinas.

El pasado viernes, la Justicia argentina, a solicitud del gobierno de Cristina Fernández, intervenía Aerolíneas Argentinas, compañía del grupo español Marsans que controla el 80 por ciento de los vuelos domésticos y cuenta con unos 9.000 empleados. La medida incluía a la aerolínea Austral. La operación era, según Ricardo Jaime, secretario de Transportes argentino, para “garantizar el normal funcionamiento” y la capitalización de la aerolínea, después de la reunión celebrada días antes, en la que el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a Jorge Molina, uno de sus directivos, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak. Fuentes de la Secretaría de Transportes apuntaban que, en breve, el Gobierno daría pasos para impulsar la capitalización de la compañía por considerar que, con las cantidades aportadas hasta ese momento –unos 222 millones de dólares–, podía distribuir las acciones y hacerse con el control de la aerolínea.

La decisión judicial se conocía horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta argentina, en la que advertía que, si no se llegaba a un acuerdo “amistoso” en el plazo de una semana, demandaría al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial. Marsans había tomado la decisión después de que una comisión parlamentaria recomendara a las cámaras del Legislativo debatir una ley para expropiar Aerolíneas y su subsidiaria, Austral. Pero el gobierno de Cristina Fernández, sin dar tregua a Marsans, había intervenido la compañía.

Creada en 1950, la compañía Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 y vendida a Iberia. Ocho años más tarde ésta cedía la gestión a la aerolínea estadounidense, American Airlines. En el 2000, la compañía pasaba a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y, en octubre de 2001, al grupo privado español Marsans. Bajo su gestión, la compañía revirtió sus resultados negativos, pero volvió a registrar pérdidas a partir de 2005, con el agravamiento paulatino de las variables financieras y de servicio. A finales de 2006, el Estado argentino elevó su participación en la empresa al 5%. Hasta que el 8 de julio del 2008, Marsans anunciaba al gobierno argentino que no seguiría pagando los salarios de sus trabajadores y desencadenó un proceso que terminó con la intervención judicial. La resolución podría ser efectiva en menos de un mes.

Las primeras conversaciones entre el gobierno argentino y el grupo español naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes. A juicio del Estado, la empresa tenía una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que Marsans exigía entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español. Marsans reclamaba un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo establecía el acta firmada cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se negó a activar esa instancia.

El siguiente paso fue la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral al grupo español Marsans. El proyecto fue elaborado por diputados del oficialista Frente para la Victoria (FPV) y planteaba la declaración de “bienes de utilidad pública”. Hasta que el martes, 18 de noviembre, la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso recomendaba al Ejecutivo que la expropiara por el valor simbólico de un peso.