Garzón recibe el apoyo de intelectuales.

Entre el grupo de intelectuales que presentaron ayer en Madrid el “Manifiesto” estaban presentes Eugenio Silva, Santiago de Córdoba, Jordi Dauder, Ian Gibson, Fanny Rubio, Paco Ibáñez, Leo Bassi y Cristina Almeida. Foto de M.PATXOT

El juez Baltasar Garzón se desdijo el martes pasado de su intención de procesar al franquismo y remitió a los juzgados provinciales las peticiones de la Asociación por la Memoria Histórica. Garzón pretendía investigar las desapariciones de represaliados y estaba dispuesto a recuperar sus cuerpos de cunetas y fosas comunes. Pero no quiso o no pudo seguir. De haberlo hecho, la Sala podría haber acusado al magistrado de tomar decisiones jurídicamente insostenibles a sabiendas de que lo eran. La inhibición de Garzón ha calmado, en principio, las aguas de la Justicia y al mismo Gobierno, aunque no pocos se sientan una vez más burlados por estas formas de actuar.

Los optimistas defienden que el juez, al dar traslado de las denuncias a juzgados de 20 provincias, mantiene vivo el proceso a los crímenes franquistas. Piensan que su labor es encomiable porque ha puesto el asunto en la actualidad periodística, ha nombrado un grupo de expertos y ha elaborado un censo de 130.000 víctimas. Sin embargo, la resistencia de la judicatura y la desidia del Gobierno por ampliar e interpretar la Memoria Histórica reducen a esta al mínimo exigible. Cuatro presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos y un juez decano están convencidos de que los juzgados territoriales a los que el juez Baltasar Garzón remitió la causa contra el franquismo no tomarán su relevo en la búsqueda de responsabilidades penales y el asunto acabará archivado. “Con su resolución –dice José Luis Concepción, presidente del TSJ de Castilla y León–, Garzón reconoce el error de incoar un procedimiento que nunca debió incoarse”. A su juicio, no debió abrir el sumario, porque la responsabilidad penal de los autores se ha extinguido por fallecimiento.

Muy distinta es la percepción de los 40 juristas que se han adherido al manifiesto de Amnistía Internacional (AI), y piden al Estado español que “garantice una investigación judicial” sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. “No es posible –alegan– que los tribunales españoles hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional… y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.”

Ayer mismo se daba a conocer el manifiesto “Hemos conocido”, firmado por intelectuales como el Premio Nobel, José Saramago, Ernesto Sábato –presidente de la comisión que investigó los desaparecidos en la dictadura argentina–, Juan Goytisolo, Jordi Dauder, Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, José Manuel Caballero Bonald, Manuel Rivas, Pilar Bardem, Suso de Toro, Emilio Lledó, Pedro Almodóvar… Todos ellos denuncian las “maniobras” para frenar la causa de Garzón contra el franquismo y piden a la sociedad que se solidarice con las víctimas. El objetivo de tal manifiesto es evitar que, tras la inhibición de Garzón, la causa sea archivada en los juzgados territoriales a los que ha sido remitida. Por ello, los promotores piden al Gobierno que “no desatienda a las víctimas, que han sufrido un bajón tras conocer la noticia”. Y exigen que “se cumplan sin demora y trabas las exhumaciones por los Juzgados de Instrucción donde estén ubicadas las fosas identificadas” y que se acaben las “maniobras” para paralizarlas.

Los más afectados por esta polémica son sin duda las familiares de los represaliados. “No esperábamos que Garzón se declarase incompetente –declara Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Memoria Histórica–. Ha sido mucho ruido para muy pocas nueces. Seguimos estando solos, pero mantenemos nuestra hoja de ruta. Las exhumaciones seguirán haciéndolas voluntarios”. Silva exige al Estado que no siga “denegando auxilio” a los familiares de los desaparecidos. “El Gobierno debe reaccionar. No puede hablar de facilitar el trabajo de las asociaciones y limitarse a subcontratarlas”. Para el escritor Ian Gibson, “es una vergüenza que el Gobierno socialista haya contribuido a silenciar lo ocurrido”. El auto de inhibición de Garzón es, para este hispanista, “el libro más apasionante que he leído en muchos años. Es casi una novela policiaca. Es un documento escalofriante detrás del cual hay un gran trabajo de investigación”. Para Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción, la solución propuesta por Garzón es “inviable”, desde el punto de vista procesal. “Ha triunfado la tesis del fiscal general del Estado y del fiscal de la Audiencia Nacional” Y entiende que las presiones sobre el juez han debido de ser “muy fuertes”. Para Julián Casanova, otro de los peritos, se trata de “una oportunidad desaprovechada. La causa ha quedado en manos de la arbitrariedad de cada juzgado y esta dispersión va a dificultar la investigación, pero este proceso es ya imparable”.