El mejor sucesor de Juan Carlos Iº es la IIIª República

Julio Anguita, junto al secretario general del PCE, José Luis Centella, y el coordinador federal de IU, Cayo Lara.

Treinta y cinco años después de que Juan Carlos fuera proclamado Rey de España, una curiosa campaña de promoción de la realeza sorprendía, a principios de este mes, a los españoles. Con “publirreportajes” en televisión para “dulcificar” la llegada del heredero, la “campaña real” fue inmediatamente criticada por el PCE que, en el aula 47 de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, lazaba el 4 de noviembre una “contra-campaña” en la que trataba de mostrar que “el mejor sucesor de Juan Carlos Iº era la IIIª República”. No era una frivolidad, una ocurrencia lunática o una solución alejada de la crisis, sino una oportunidad del momento histórico en el que el movimiento republicano debía dar un salto, “para convertirse en una opción real en la España del siglo XXI”. “Con la que está cayendo –dijo José Luis Centella, secretario general de la formación– es cuando hay que hablar de República”. De esta forma, presentaba el próximo gran acto de su partido, la Conferencia Republicana, que tendrá lugar mañana, 27 de noviembre, en Madrid. Y lo hacía ante un auditorio mixto, compuesto por estudiantes, medios de comunicación y dirigentes.

Julio Anguita, ex líder del PCE y de IU, empleó más de una hora en detallar su propuesta. Dijo que la Iª (1873-1874) y la IIª República (1931-1939) se habían proclamado “de forma sorpresiva”, y “en medio de una crisis económica”, con varias “facturas impagadas” por los regímenes precedentes. Pero añadió que la IIIª no podía ser una “continuidad” de las dos anteriores porque “no puede venir por accidente”, sino a través de un “proceso constituyente”, construido “desde la base de la sociedad”. Anguita presentó la conferencia de finales de mes como “abierta” a la participación de los “movimientos republicanos”. Y anticipó que el camino hacia la IIIª República sería “arduo y difícil”. Propuso que, en la futura Constitución, –la del 1978 era “el documento más incumplido de la historia de España, un trapo de cocina en el que todos se han lavado las manos y que han dejado inservible”– se trasladasen todos los derechos políticos y sociales de la Declaración de la ONU de 1948, los tratados vinculantes para España que la desarrollan, y la Carta de la Tierra de 2000, que recoge los derechos y deberes ambientales. Continuó con la exigencia de una democracia “radical” y un Estado laico.

El ex secretario general del PCE recorrió los pilares del “ideario republicano”, entre los cuales se halla la “racionalización y laicización de la vida intelectual y moral”, la construcción de la “red pública”, la dotación de “energía” a la sociedad civil, al igual que la “atenuación de las diferencias sociales”, la “eliminación de los privilegios sociales” o la apuesta por un Estado federal, y no la “chapuza” que supuso el Estatut. Por su parte, Centella volvió a requerir a la Casa Real que dé a conocer el desglose de la partida que le concede el Ejecutivo, que para 2011 asciende a 8,43 millones de euros. El líder del PCE denunció la “total opacidad” de la Corona y recordó que, en el pasado mes de abril, el partido presentó 35.000 firmas ante la Comisión de Peticiones del Congreso para que se descubran las cuentas del Rey.

En julio del año pasado, Antonio Romero, coordinador de la Red de Municipios por la III República, ya pedía que las cuentas de la monarquía dejasen de ser opacas y denunciaba que el monarca “no resistiría una auditoría sobre los regalos que ha recibido desde que ostenta la Jefatura del Estado”. Romero afirmaba que “una simple relación de los regalos recibidos por el rey y su familia constituirían un escándalo ética y políticamente inaceptable. Tendría que haber un límite. O que, directamente, no los aceptase. Que le regalen un Porsche último modelo no está bien”, razonaba, en alusión al coche de esta marca que había recibido el Rey en su día como obsequio del financiero Javier de la Rosa, luego encarcelado por diversos escándalos financieros y otros diez empresarios catalanes. Tampoco consideraba correcta la lucha que hay entre las marcas automovilísticas para que el monarca y toda su familia disfruten de los últimos modelos. De hecho, Romero acusó a la Casa Real de tener un parque móvil “de 60 vehículos de alta gama, no todos adscritos a Patrimonio, pero mantenidos igualmente por los españoles”.