El polémico peso del crucifijo.

Zapatero defiende ante el Papa a su manera la confesionalidad del Estado.

“Una ley de libertad religiosa –ha dicho José Bono, presidente del Congreso de Diputados– podría ser un elemento de reproche por parte de quienes están en el antisocialismo y nos acusaran, a los socialistas, de ser antirreligiosos. A mí eso me dolería porque creo que el crucifijo no hace daño a nadie”. El Gobierno socialista, considerando que la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa es conveniente pero no urgente, ha retirado todo gesto que pudiera molestar a los obispos. No sólo ha renunciado a hacer frente a todo cuando pueda molestarles sino que se ha adaptado perfectamente a sus exigencias. Los últimos ministros no juraron ante el crucifijo y la Biblia, optando por prometer ante la Constitución, pero éstos siguen presentes y en primer plano, incluso destacando sobre nuestra Carta Magna. El borrador de la Ley, relegada a un segundo plano hasta después de la visita del Papa, ha sido de nuevo excluido de la agenda legislativa, ante la satisfacción del PNV y de Coalición Canaria. Y, aunque Zapatero defiende ante el Papa la confesionalidad del Estado y se ausente de España cuando Benedicto XVI viene a ella, parece no poder resistir su ausencia y se presenta a última hora para despedirlo en Barcelona. Claro que se ve obligado a recordarle que algunos, como el propio Joseph Ratzinger, parecen estar olvidando, que España “es un Estado aconfesional” que, si bien “reconoce el peso” de la Iglesia católica, “garantiza la libertad de todos”. Un tira y afloja que no contenta a nadie, ni a los católicos y papistas, ni a los defensores del laicismo.

Ante la inacción de las administraciones, que han dejado la lucha por la neutralidad del espacio público en manos de particulares, los laicos piden al Estado que quite de oficio todas las cruces en las escuelas públicas. En el colegio de Ortega y Gasset, una familia de Almendralejo (Badajoz) ha forzado, tras dos años de lucha, la retirada de sendos crucifijos de las aulas donde acudían sus dos hijos. “Las administraciones deberían actuar de oficio, sin esperar a que haya reclamaciones –se lamenta Francisco Delgado, presidente de “Europa Laica”, principal organización laicista de España–. Hay herramientas para ello”. Y Antonio Aramayona, portavoz del movimiento “Hacia un Estado Laico”, corrobora que casos como éste suponen una pequeña buena noticia, la retirada de las cruces, dentro de una mala mucho mayor: la permanencia de múltiples iconos religiosos en un colegio público.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, critica que el Estado tenga “una mantenida que le cuesta 6.000 millones, lo que ahorra en pensiones y funcionarios”. Pero, el presidente del Gobierno se refugiaba en la falta de suficiente “consenso político y social” para justificar ante el pleno del Congreso de los Diputados que se haya aparcado sine die la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Una razón novedosa en el argumentario gubernamental, ya que, hasta la semana pasada, Zapatero había sostenido que el motivo por el que se había congelado esta iniciativa legislativa no era otro que su determinación de centrar toda la producción legislativa en las materias relacionadas con la crisis económica.