El intento de la LOMCE de ponernos de rodillas y otros lances políticos.

 

El pasado 17 de marzo, María Dolores de Cospedal dejaba patente el espíritu de la reforma educativa que el PP nos ofrece: “Los docentes llevan a cabo la labor más importante que se puede realizar en una sociedad, que es enseñar a las generaciones venideras no sólo contenidos sino también a querer y defender a su país”. Cospedal  afirmaba que lo que es “no gobernar” es “dejar que siga existiendo en España un modelo educativo como el que hay hoy, que ha abocado a muchos de los jóvenes españoles al paro y a una lamentable tasa de fracaso escolar”. En este sentido, se  preguntaba “cómo es posible que aquellos que protestan contra la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), no quieran modificar un modelo educativa que ha hecho que España tenga un 30 por ciento de fracaso escolar, el doble de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y un 50 por ciento de paro juvenil”. Por ello, aseguraba que el PP “no va a sacar una reforma educativa en solitario”, sino que “responde al clamor que hay en toda España de que se tiene que mejorar la calidad educativa”. E insistía en que el PP “defiende un modelo educativo que tiene como objetivo la calidad” y se asegura “la igualdad de oportunidades”. Finalmente, reclamaba al PSOE y al resto de partidos que se oponían a la LOMCE  que explicasen dónde estaban las bondades del actual modelo educativo, en el que “se ha invertido mucho” y donde, según Cospedal, “no hay resultados”. De esta manera, denunciaba que el actual modelo, aprobado con un gobierno socialista, “pretende adoctrinar” y “ha hecho que la escuela pública haya bajado en calidad educativa”.

 

Ya lo había advertía asimismo el ministro Wert al personal, al advertir en el Congreso que el interés del Gobierno en Catalunya es “españolizar a los niños catalanes”. De ahí que impusiera la decisión ideológica de “garantizar el uso del castellano como lengua vehicular” de la enseñanza, mediante subvenciones a centros privados, como medida “excepcional y transitoria”. Mariano Rajoy, José Ignacio Wert y los dirigentes del PP no esperaban que la sociedad catalana asumiera, dócilmente y en la práctica, la eliminación de la inmersión lingüística. No buscaban con esta medida avances en la enseñanza ni mejoras en el nivel de conocimiento de los alumnos. Ni siquiera se proponían aportar garantías o soluciones a hipotéticos problemas entre sectores de la ciudadanía. Y, una semana después de la mayor huelga general de los últimos años en la enseñanza pública,  el Gobierno del PP contraatacaba y aprobaba sin modificaciones apreciables el proyecto de la LOMCE, pactado con los obispos. La asignatura de Religión ponía de rodillas a toda la enseñanza y contaba para la nota media de los alumnos. El texto consagraba la segregación por sexos, añadía obstáculos (dos reválidas y la selectividad) para acceder a la Universidad y fomentaba el conflicto lingüístico en Cataluña.  Personajes como  la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defendían que nueva ley “reducirá el abandono escolar”, que hoy afecta al 25% de los alumnos. No obstante, las organizaciones sindicales de profesores y de alumnos y los movimientos de renovación pedagógica que formaban parte de la Marea Verde  manifestaban su rechazo a la reforma. Y Mario Bedera, portavoz del PSOE en materia educativa, anunció una enmienda a la totalidad y un eventual recurso de inconstitucionalidad. En similares términos se pronunció el grupo parlamentario de Izquierda Plural.

 

Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con la vicepresidenta y el ministro de Educacion y Cultura, José Ignacio Wert

De esta forma, la WERTgüenza educativa del PP fue aprobada.  De esta forma, la WERTgüenza educativa del PP fue aprobada."La falta de entendimiento y el desencuentro –escribió la periodista María de Delás en el artículo ‘La Lomce y el orgullo patrio’–, son fenómenos que sólo se dan a escala estatal, gracias a quienes en vano, desde la Administración, se empeñan en el intento de homogeneizar, de suprimir la diversidad, por asimilación o por la fuerza. Tras años de inmersión lingüística, el problema entre hijos de catalanoparlantes y castellanoparlantes ha desaparecido, presentándose ahora en otros problemas que comparten con el resto de España: desempleo, trabajo precario, endeudamiento, desahucios, falta de recursos para la enseñanza, desatención a personas dependientes, pobreza extrema e insoportable en muchos casos... pero nada significativo que tenga su origen en la lengua vehicular de la enseñanza. La discriminación de los castellanoparlantes en Catalunya sólo se encuentra en la mente del nacionalismo español excluyente, el que todavía impone actos de homenaje a la División Azul, el que se resiste a reconocer que, en Aragón, hay pueblos que hablan en catalán, el que también se empeña en castellanizar al máximo la enseñanza en Balears y València... Si Rajoy, Wert, Cospedal, Sánchez Camacho... consiguieran que algunos sectores significativos de la ciudadanía de Catalunya, que habla habitualmente en castellano o en catalán, atribuyeran el origen de sus verdaderas dificultades económicas y sociales a la población que se expresa en la otra lengua, entonces, en esa sociedad habría aparecido un problema nuevo y bastante serio, pero hasta el día de hoy, los intentos en este sentido han resultado del todo inútiles".

 

Wert impone la nueva ley.

Después de eliminar la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, como quería la Conferencia Episcopal, el tercer borrador del proyecto Wert coloca la asignatura de Valores Éticos como optativa a la Religión. Pero lo hace de tal modo que quienes elijan Religión no podrán cursar ética. Esa exclusión es señalada negativamente por el Consejo de Estado. Desde que el Gobierno socialista implantó la Logse, sustituida después por la LODE, en vigor, la Religión no computa en la nota media, un indicador imprescindible para obtener becas. Con la nueva ley vuelve a computar, aunque el ministro Wert no deja claro si se tendrá en cuenta en las solicitudes de ayudas. El ministro de Educación señaliza la habilitación de cinco millones de euros para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña, donde la solicitaron 17 familias, y la disposición final del proyecto “garantiza la enseñanza en castellano con un mecanismo subsidiario en casos excepcionales”. Ese mecanismo consiste en adelantar el dinero a las familias que lleven a sus hijos a colegios privados para que reciban la enseñanza en castellano. Después, el Gobierno central descontará el importe de la transferencia a Cataluña para la financiación educativa. Irene Rigau, consejera de Enseñanza de la Generalitat, define la decisión como una agresión, “una herida enorme” al autogobierno catalán y a la dignidad institucional, y asegura que la solución propuesta arranca de la “premisa falsa” de que los centros concertados y privados imparten la enseñanza en castellano y los públicos en catalán. El objetivo de Wert es “españolizar a los alumnos catalanes” y hacer cumplir la sentencia de 2010 del Constitucional sobre la lengua oficial del Estado como lengua vehicular junto con la cooficial, el catalán. Y la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, reivindica el derecho de todos los alumnos a conocer la cultura del país. Pero la Federación de Enseñanza de CCOO denuncia la “quiebra de la equidad” mediante una “reforma de partido” que, con los recortes de 6.300 millones de euros desde 2010, supone una vuelta de tuerca a la “extrema gravedad del sistema educativo español” y se complementará en breve con una reforma universitaria que dejará la educación española en una situación de extrema vulnerabilidad. Por su parte, la FETE-UGT critica los aspectos más controvertidos del proyecto, exige que lo retiren y califica de “irresponsable” al Gobierno por imputar la financiación a las previsiones del Fondo Social Europeo para 2014-2020.

Wert justifica el peso de la religión en la nueva ley.

 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, asegura que la LOMCE es “una reforma imprescindible para evitar un paro elevado” en el futuro. En una entrevista en ABC, Wert justifica el peso de la religión en la nueva ley para “cumplir” los compromisos con el Vaticano y admite que no pretende salvar la enseñanza pública. Defiende que “un país que se acostumbra a un abandono escolar temprano del 25% está proyectando una tasa de paro elevada por falta de capacidad de su población durante mucho tiempo, y a eso hay que ponerle remedio cuanto antes”. El ministro justifica la puesta en marcha de esta ley, recordando que la educación “no hay por qué considerarla irreformable”. Según explica, “ninguna ley puede tener hoy vocación de durar cien años”. En cualquier caso, recuerda que el margen de maniobra del Gobierno para incluir modificaciones en el texto es “amplísimo”, apuntando que “no hay tanta distancia” en algunos aspectos “centrados en la arquitectura de la ley”. Respecto a la asignatura de religión, apunta a que Educación “está estrictamente cumpliendo” con los compromisos internacionales adoptados en el tratado con la Santa Sede de 1979. Recuerda que “la inmensa mayoría” de los Estados de la UE también contemplan la oferta obligatoria de esta asignatura. En cuanto al derecho a estudiar en castellano en Cataluña a través del adelanto de dinero a colegios privados, insiste en que será “viable”. Wert afirma que la nueva propuesta no pretende favorecer únicamente a la escuela pública o a la privada, sino a las dos. “Es totalmente infundado –insiste– que esta ley favorezca al sistema privado como también sería arrogante pensar que salva la escuela pública, porque una ley por sí misma no salva nada”.

 

Diego Valderas, Vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Izquierda Unida expresa claramente su rechazo a la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada tras el pasado Consejo de Ministros. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, critica al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por “coger el camino de la discriminación y de la desigualdad” y sobre todo por “poner la educación de rodillas ante los poderes religiosos”. Valderas advierte que la LOMCE  "retrotrae a educación a prácticamente un periodo preconstitucional" cuando, sin embargo, “no estamos para retroceder, sino para avanzar”. Asegura que es la reforma que más rechazo está produciendo, “un rechazo con justicia”, y añade que, en lo que se refiere a la educación, sólo cabe ofrecer “un marco de carácter laico, de igualdad y universal al conjunto de todos los niños de nuestro país”. El representante del Ejecutivo andaluz lamenta que “estemos en una marcha atrás permanente” ya que “cada reforma que viene de manos del PP y de Mariano Rajoy se torna en una plaga contra el pueblo”.

Gaspar Llamazares: “El texto tiende al nacionalcatolicismo”.

 

Coincide con él su compañero de formación, Gaspar Llamazares. Más que una reforma, la ve como una “contrarreforma” que sitúa como prioridad “a los obispos y a la clientela de derechas del PP, no a los españoles”. Según el diputado de IU por Asturias, el texto aprobado por el Consejo de Ministros tienda al "nacionalcatolicismo", “privilegia la educación privada frente a la pública y produce una segregación de los que más tienen frente a los que más dificultades tienen”. Según Llamazares, la Ley Wert representa “un paso atrás en la educación pública” y constituye un “monumento al cinismo” ya que “no afronta ni el fracaso escolar, ni los problemas de la Formación Profesional, y olvida los verdaderos problemas de la educación que son la igualdad y la Formación Profesional”. Llamazares tilda de “imposicion"  esta ley “exprés” que “no ha sido negociada ni dialogada con la comunidad educativa, ni con el resto de partidos políticos” y que “llevará pareja una tramitación sumarísima que no admitirá ninguna enmienda”. Se trata, según el diputado asturiano, de una marcha atrás de 30 años.

Mario Bedera, portador socialista en Educación.

 

Representantes de la mayoría de los grupos de la oposición, de sindicatos de docentes y de padres, se reunieron el pasado jueves en el Congreso para mostrar su rechazo a la reforma educativa. Mario Bedera, portavoz parlamentario de Educación del PSOE, explicó que se trata de un primer contacto para intentar llegar a “un acuerdo social y político, después del “rechazo frontal” que, en su opinión, tiene el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Esta ley, dice, “no va a mejorar la calidad enseñanza, va a herir de muerte el principio de igualdad de oportunidades, es muy segregadora y excluye Educación para la Ciudadanía”. Según él, la LOMCE es “lo peor que le ha pasado al sistema educativo desde la Transición”. Bedera opina que se podría haber buscado una reforma que no tocara las leyes, pues la ley educativa catalana es un ejemplo de “consenso” y “equidad”, que influye en “el espíritu crítico y la ciudadanía activa” frente a un modelo de persona “controlada y fija”. Y espera que la LOMCE “no llegue a aplicarse nunca”. Por su parte, Isabel Sánchez (PNV) afirma que la ley del PP pone en cuestión el aprendizaje del alumnado y, en su caso, del modelo educativo vasco, que ha sido reconocido por Wert como de éxito. Joan Tardá (ERC) avisa: “Si insisten en esta ley educativa, el Gobierno de Cataluña no la va a acatar”. Para él, se trata de una ley “clasista, profundamente reaccionaria, redactada por Rouco Varela, que es la decadencia ideológica inmediata, y por la derecha extrema”. Para Carlos López (UGT), el ministro está “desprestigiado” para lograr la cohesión social. Francisco García (CCOO) recuerda la “soledad” parlamentaria del PP. Y Salvador Benavente (STES) anuncia que las movilizaciones estudiantiles continuarán a final de curso y principios del que viene. El presidente de Ceapa, Jesús Sánchez, comenta que la Lomce va a producir “una factura social”.

La delegada de Gobierno de Cataluña entrega un diploma a un miembro de de la Hermandad de Combatientes de la División Azul y le tiende la mano.

 

Pero hay otros lances que dibujan la situación política en que nos hallamos. Por ejemplo, el protagonizado por la delegada de Gobierno en Catalunya ante el homenaje a la División Azul con la que Franco ayudó a los nazis. La 'popular' María de los Llanos, que ya ha apoyado otros actos de extrema derecha, sorprendía hace unos días con un canto a “los ricos y pijos, ya que son ellos los que después gastan y consumen”. Apenas tres días después de que media Europa conmemorara la capitulación del Tercer Reich y el fin de la Segunda Guerra Mundial, María de los Llanos, delegada de Gobierno en Cataluña, participa en un homenaje de signo contrario. Entrega un diploma y estrecha la mano a un representante de la Hermandad de Combatientes de la División Azul que lo recoge, vestido con la camisa azul joseantoniana y con la boina roja carlista, el uniforme de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, partido único del régimen franquista. La imagen de esa entrega es difundida por los propios ultras en su Facebook. El reconocimiento se enmarca en un homenaje a la Guardia Civil, en el 169º aniversario de su creación, y tiene lugar en el cuartel barcelonés de San Andrés de la Barca. En el homenaje, ataviados también de falangistas, participan Carlos Oliva, dirigente de las juventudes de Plataforma per Catalunya (PxC), y otros dos miembros de esta plataforma con lazos con el PP: Joan Garriga (exmilitante de la formación de Rajoy) y Nacho Mulleras Vinzia, hermano de Javier Mulleras, portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Este homenaje a la División Azul indigna profundamente a la comunidad israelí y a los grupos de defensa de los derechos humanos en Cataluña, que lo consideran una vergüenza. La Embajada de Israel en España y la comunidad judía trasladan al Estado su malestar por el uso del término nazismo en el debate político y la banalización sobre ese tema por parte del PP, Telemadrid y comentaristas de la derecha mediática. Asimismo, muestran su indignación ante el homenaje  de la delegada del Gobierno en Cataluña.

 

La División Azul ya ha recibido varios homenajes por parte de la ultraderecha. El nueve de febrero pasado, varios centenares de ultraderechistas se manifestaron en el entorno y dentro del cementerio de la Almudena de Madrid, en el marco de un homenaje a esta tropa hitleriana, convocado por “La España en marcha”. En esta plataforma unitaria convergen, desde hace unos meses, varios grupúsculos destacados de una ultraderecha española por ahora muy fragmentada. El auge del soberanismo ha galvanizado la confluencia en “La España en marcha”, La Falange, Nudo Patriota Español, Movimiento Católico Español-Acción Juvenil Española y Alianza Nacional. En los últimos meses, algunos políticos del PP han frivolizado con el uso del término nazismo en las criticas de las protestas contra los desahucios, denominados escraches. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, afirma que estas manifestaciones de afectados por la hipoteca son "puro razismo" o "fascismo", mientras la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, las equipara con el ”matonismo de los seguidores de ETA” y el “acoso de las juventudes hitlerianas”. En la misma línea, la concejala-presidenta de Puente de Vallecas y diputada nacional, Eva Durán, compara el “acoso” con la presión ejercida hacia determinados colectivos durante el nazismo.

 

 

Los empresarios de la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares, que, en el año 2000, regalaron al rey el yate Fortuna para su uso y disfrute del monarca, quieren que el Gobierno se lo devuelva. Fundatur, tras aclarar que el yate fue una “cesión” y no un regalo, decidió solicitar que la embarcación de alta velocidad y 41 metros de eslora retorne a ella, después de que el rey decidiese renunciar a su uso. El Consejo de Ministros debe decidir el futuro del yate. Fundatur, integrada por un grupo de empresarios, entre los que hay responsables de Sol Meliá, Barceló, Globalia, la Caixa y “Sa Nostra”, cedió la embarcación para uso y disfrute de la familia real. La última vez que el rey se hizo a la mar en el Fortuna fue el 13 de agosto del año pasado, cuando, acompañado tan sólo por la tripulación, el yate fondeó en el norte de la isla, cerca del cabo Formentor, y, por la tarde, regresó a puerto. El patronato de la Fundación solicita la devolución del yate, puesto que el rey ha decidido no seguir utilizándolo. Carmen Matutes,  presidenta de la misma, hija del histórico ministro del PP, Abel Matutes, ha aceptado la decisión de la Casa del Rey y ya ha comunicado a Patrimonio Nacional la intención de recuperar el yate. Izquierda Unida de Baleares dirigió, hace unos días, una carta al rey Juan Carlos en la que le solicitaba que se subastara el Fortuna y se destinara el dinero a los más desfavorecidos de las islas. En un comunicado, la coalición da a elegir al rey entre “devolver el yate Fortuna al pueblo o a los codiciosos poderosos” y añade que Patrimonio Nacional no puede devolver el lujoso buque a los miembros de Fundatur sino que “debe revertir en los ciudadanos”.

 

“Los empresarios que contribuyeron a comprarle el barquito a Juan Carlos I, el Campechano –escribe David Torres en el artículo ‘El rey devuelve el casco’– se han enfadado porque, después de disfrutarlo unos cuantos años, el rey quiere devolver el casco. Son 25.000 euros cada vez que hay que llenar el depósito del Fortuna y lo del aparcamiento cada día está más difícil. El coro de empresarios se ha lanzado ahora al abordaje y todavía no se han puesto de acuerdo en si va a alquilar el yate por horas o directamente a desmenuzarlo de proa a popa. Pero el Fortuna todavía podría dar mucho juego como recuerdo, al estilo del Granma en el Museo de la Revolución en La Habana. Podría exhibirse en Palma junto a otras piezas históricas, por ejemplo, las escobillas de váter del palacete de Matas, que costaban 400 euros la pieza. Aquellas escobillas son el equivalente higiénico del Fortuna, el no va más de la aerodinámica. Es triste que, al final, las dos vayan a parar a lo mismo”.

“Los miembros y la Corte de la Casa Real –escribe Vicenç Navarro en el artículo ‘¿Por qué la monarquía no es un buen sistema de gobierno?’ en Público.es– están en la cúspide del orden social por nacimiento, no por mérito, dándose así la paradoja de que el Jefe del Estado, que representa a la ciudadanía, no es, en realidad, representativo de la población, pues está en la cúspide, no debido a su mérito, sino a su nacimiento. Es más, tal carencia de representatividad (es decir, que no es un ciudadano más, sino un ciudadano que por nacimiento está por encima de todos los demás) se presenta como parte de su valor y mensaje. En el protocolo monárquico, el rey llama a todos de tú, pero todos deben llamarle de usted. El impacto simbólico de esta realidad es enorme. Se establece así una casta o grupo real cuyos comportamientos están por encima de todos los demás. Y así es percibido por el resto de la ciudadanía. De ahí que las prácticas del caso del yerno del Rey sean tan entendibles. Las autoridades daban por supuesto que tenían que ofrecer dinero al yerno real. El servilismo incluía una dimensión monetaria. Y los medios consideraban que tenían el deber proteger al monarca y al sistema monárquico, haciendo la vista gorda. El yerno mismo y su esposa, la infanta, se beneficiaron monetariamente de su posición de superioridad, lo cual consideraban normal”.

Antonio Tarabini escribe en ElPeriscopi el siguiente artículo titulado “Regreso al nacionalismo”. Dice así: “La Iglesia Católica, su jerarquía, está ganado su particular ‘guerra’ en nuestro país, con el visto bueno del PP. Regresamos al puro y duro nacionalcatolicismo, donde la Iglesia nos imponía sin complejos todas y cada una de las reglas de ‘su’ juego. Gallardón empeora la legislación que hasta ahora regula el aborto, sobre la que existe un razonable consenso social. Incluso otro conmilitón de Gallardón afirmó que el aborto se asemeja a la ETA. Otra perla, el ejército español, con el silencio del ministro de Defensa, ha homenajeado a la División Azul, enviada en apoyo de Hitler mientras en los campos nazis morían miles de antifascistas declarados apátridas. La televisión Española incluye en su telediario un minirreportaje en donde se manifiesta la inquietud de las madres ante la falta de recato en el modo de vivir de sus hijas que se convierte en provocación de los machos. La misma televisión pública aconseja acudir a los rezos en las iglesias como método eficaz para soportar estoicamente no tener trabajo. Peor fue el consejo de la Ministra de Trabajo, la simpar Fátima Bañez, veía como un milagro de la Virgen del Rocío el cambio positivo en la evolución del paro. Y la penúltima, el Ministro Werth incluye en ‘su’ Ley de Educación, además de otras perlas, que la religión –la católica–  se convierte en asignatura de valor académico, evaluable como las matemáticas o cualquier otras asignaturas tanto para conseguir una posible beca como para las reválidas de nuevo reinventadas. Pero hay más. La elección de los profesores de religión corresponde a los obispos. Su posible despido también, dándose casos reales en los que se ha despedido a un profesor/profesora por su comportamiento ‘inmoral’ (léase divorciarse, o ‘arrejuntarse’ con otro/a). Y para más inri, los salarios de los profesores de religión (y los despidos) corren a cargo del Estado, o sea, de nuestros bolsillos. Visto lo visto, los católicos deberían ser los primeros en denunciar el comportamiento de ‘su’ iglesia”.

 

Iniciamos hoy el humor con cuatro fotocomposiciones de la España mariana:

 

Seguimos con las viñetas sin palabras de Eneko y de Erlich:

 

 

 

Continuamos con el humor de Varona, Ferrán, Peridis, El Corto, Forges, J. R. Mora, Vergara, A. López, Pat…

 

Y con el de Pep Roig: Culpable por designación, El uso y disfrute de todos, Cómo terminar con el paro: todos, asesores; Traspasando de largo las líneas rojas que nunca cruzaremos y ¡Dejazme zolo!

 

Y terminamos con tres vídeos sobre el doctor Wert en Catalunya. En Madrid, el Doctor Wert y MiniWert le presentan a Mariano Rajoy la nueva máquina que ayudará a españolizar definitivamente a los niños de Cataluña.

Llega el momento del debut del ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. El ministro se reúne con Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro para explicarles su plan definitivo para españolizar a todos los niños y niñas de Cataluña.

 

El ministro Wert (David Olivares) se mete en la piel de un colonizador español para visitar una escuela catalana. El ministro de Educación va clase por clase a imponer su nueva ley a los indígenas catalanes.