El Govern de Bauzá enchufó a 450 asesores ‘digitales’.

Del total de 2.087 políticos pagados en las islas Baleares, 450 entraron a dedo con rango de asesores. Alberto Magro nos recuerda en el “Diario de Mallorca” del lunes pasado que el presidente del Govern Balear, José Ramón Bauzá, cuenta con un “escuadrón de 130 afines colocados” (64 en Sanidad, 66 en empresas públicas) y de 55 asesores “digitales” de lujo que cobran cada uno de ellos un salario de 46.283 euros para arriba. Son asesores que reciben “salarios hoy de lujo”, algunos con formación, pero también donde “abunda la incompetencia curricular”. El periodista Magro empieza el recuento, eligiendo dos casos recientes; el de la miss, secretaria personal del propio Bauzá. “Una joven de currículum brillante para su edad (25), pero casi carente de experiencia laboral, desnuda de formación de secretaria, y ajena al imprescindible manejo exhaustivo del Govern que exige un cargo hasta hoy siempre ocupado por pesos pesados con décadas de trayectoria. Se llama Verónica Hernández, es periodista de carrera recién comenzada, y el público la conoce por un mérito o fortuna que algunos afean como demérito: atesorar belleza suficiente para lograr el título de Miss Balears (con el voto de Bauzá y otros admiradores)”.

El segundo caso es “el enchufe” de Rafael Bosch en la Consellería de Economía. Se trata de un hombre al que Bauzá echó como conseller de Educación por graves errores y ahora “se ha plegado a volver al redil y al generoso pesebre de 46.283 euros más dietas que alimentarán sus cuentas a cambio de aconsejar sobre una materia en la que es curricularmente incompetente”. Hay igualmente de una consejera de Educación que dice saber de la materia “lo que cualquiera”… El hueco que dejó Bosch como consejero de Educación al ser “pateado” de su puesto por Bauzá, lo ocupa ahora Joana Camps, “incompetente de definición académica”, como confesó ella misma en la toma de posesión: “Sé de educación lo que cualquiera”. Pero la consejera explica que “no hace falta saber de educación y cultura para llevar Educación y Cultura”. Razonamiento que vale para toda una lista de nombramientos que van enlazando y que salta del director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico, al de la directora general del SOIB, responsable máxima de formación para el mercado laboral, al director general de Universidad, Investigación y Transferencia de Conocimiento o al de Innovación y Formación Profesional… ¿Por qué ocupan sus puestos todos ellos, entonces, si no estás cualificados?, se pregunta el diario mallorquín, y se responde: “Pues para cobrar 46.283 euros y aportar triplicidades de esas que Bauzá prometió eliminar”.

Pero la lista continúa con “Ana María Rodríguez, aguerrida servidora que la emprendiera a collejas con un grupo de alumnos colado en su despacho, purgada con Bosch en la remodelación de hace un mes, para ser inmediatamente recolocada en Hacienda como asesora”. O con la consellera de Familia, Sandra Fernández, “tan perfectamente preparada para el cargo que puede permitirse el lujo de nombrar asesor a un absoluto incompetente en materia de asuntos sociales: Rafael Nicolau, antiguo patrón mayor de la cofradía de pescadores de Portocristo, jubilado hace unos meses, y desde ahora asesor técnico de la conselleria de Familia”. “¿Qué aportará Nicolau?”, se pregunta retóricamente el periodista, mientras recuerda los 46.283 euros que va a cobrar el jubilado pescador. Y se contesta: “Pues el conocimiento de la tercera edad que implica ser parte de ella. Aunque lo hará desde la distancia: el Govern le permitirá que acuda a Palma solo de cuando en vez, mientras dedica su tiempo a relacionarse (y buscar votos) entre jubilados de Manacor”. O con Manuela Messeguer, directora del Institut de la Dona, “que ha logrado un consenso sin par entre los colectivos feministas, que coinciden en denunciar su incompetencia para un cargo de 53.000 euros al año al que dedica solo el tiempo que le deja su puesto de regidora de Sant Llorenç”. O con Rafael Oliver, el responsable del Consorcio de Transportes de Mallorca, “un señor que perdió las elecciones en Algaida y carece de experiencia de gestión. De hecho, su relación más estrecha con el transporte es mirar los bajos de autobuses desde su puesto de inspector de la ITV”. O con el nuevo asesor de la nueva Consejera de Educación, Juan Domínguez, “un fiscalista que hasta ahora se batía el cobre como asesor en la Consellería de Administraciones Públicas. Allí estaba como pez en el agua, porque ha bebido euros de casi todas las fuentes públicas: fue delegado de Matas, en Menorca, cargo del Consell y portavoz insular, así que, al menos, podrá enseñar a su consellera a comunicar sus méritos, en vez de confesar su incompetencia para el cargo”.

El listado de nombres y currículums continúa, como dice el periodista Alberto Magro, especialmente difíciles de explicar bajo un president que prometió durante la campaña “no convertir su Govern en una agencia de contratación” y que se gasta en asesores 8,5 millones de euros “dinero como para pagar 405.000 radiografías como la que se le negó a Alpha Pam, el senegalés que murió de algo curable porque el Govern se puso austero con él”.