Donde beber y comer sale casi gratis.

 

Los precios de los alimentos y bebidas de marca de “calidad reconocida” del bar-restaurante de la Cámara Baja no sólo se mantienen sin subir ni un céntimo sino que siguen siendo muy inferiores a los que pueden encontrarse en cualquier establecimiento de Madrid. La diferencia con el precio real se cubrirá durante cuatro años con una asignación de 4.287.500 euros más IVA procedente de la partida que los Presupuestos Generales del Estado. Y, sin embargo, se trata de un bar del Congreso, donde los diputados cobran puntualmente cada mes unos sueldos elevadísimos y en donde los precios máximos que pagan diputados, empleados de la Cámara y visitantes por los menús del día son casi de risa: 9 euros: 1, 05 por el desayuno; 0,85 por los café; 0,90 por los cruasanes; 4,45 por una ración de anchoas; l,20 por la pieza de fruta del tiempo y hasta 1,45 por el extra de queso manchego en los bocadillos.

Pero lo que más llama la atención de esta especie de paraíso terrenal es que la subvención de la cafetería con fondos públicos también cubre los destilados y combinados de alta graduación. Al menos hasta 2015 (para ese año, se prevé una revisión condicionada de los precios), los gin-tonic del Congreso no podrán costar más de 3,45 euros, y los cubalibres, deberán valer un máximo de 3,40 euros. El pliego de condiciones también fija lo que pagarán los diputados como máximo por un Bloody Mary (3,45 euros), un Dry Martini Importación (3,10 euros), un whisky DYC Reserva 8 años (4,20 euros) o escocés reserva (9,90 euros), un exclusivo licor Drambuie (6,20 euros), una copa de cava brut (1,70 euros), el Ron Habana Club 7 años (5,65 euros) y un whisky con refresco (5,35 euros), entre otras bebidas espirituosas. La lista es extensa y el adjudicatario estará obligado a disponer siempre de todas las referencias y venderlas por debajo del precio tasado.

La concesión de este bar está en manos de la hostelera Arturo Cantoblanco, de Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE, quien ya ha anunciado que se presentará al concurso para intentar conseguir de  nuevo la adjudicación. Y la Mesa de la Cámara no ha tomado ninguna decisión para eliminar este privilegio. Tanto PP (con cinco de los nueve asientos de los que consta esta institución), como PSOE (tres miembros) y CiU (un representante) han rechazado modificar el pliego de condiciones del concurso para terminar con el subsidio. De hecho, los tres partidos se han manifestado incluso en contra de excluir las bebidas de alta graduación de la lista de precios para que, cuando se dispensen, lo hagan con el precio real y no con uno rebajado gracias al erario público. De esta forma, con las tarifas aprobadas por la Mesa de la Cámara Baja, hasta 2015, cualquier persona que tenga la fortuna de poder acceder al Congreso podrá comer un menú completo (primero, segundo, pan, bebida y postre), tomarse luego un café y terminar el almuerzo con tres cubalibres por un precio total de 20,05 euros, un importe sin competencia en la calle.

Todo ello es posible gracias al presupuesto del Congreso que la Mesa del Hemiciclo reserva para pagar la diferencia con el precio habitual. Unos precios que deben mantenerse intactos hasta 2015, con independencia de las variaciones que sufran el IPC y las materias primas. De hecho, el cumplimiento de las tarifas se considera una “condición básica” del contrato. Después de los dos primeros años, el acuerdo podrá ser prorrogado por otro dos, una práctica habitual, extendiéndolo así hasta 2017. Para este segundo periodo, la Mesa autoriza a la concesionaria a actualizar los precios, pero la subida no podrá superar en ningún caso el 85% de la variación total experimentada por el IPC.

En opinión del portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, en el Congreso debe haber “precios de mercado”, aunque no tan caros como “los de los aeropuertos”. Su compañero de grupo y diputado de ICV, Joan Coscubiela, apunta que “otra cosa sería que, como en otras empresas, pusieran un precio para los trabajadores”, del que, naturalmente no puedan beneficiarse los diputados. Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia y Esquerra Republicana de Catalunya ya han adelantado que pedirán que se elimine este subsidio e incluso que se prohíba la comercialización de destilados y combinados en las instalaciones del Hemiciclo. La medida no sería una excepción. La gran mayoría de las instituciones y administraciones públicas restringe la venta de bebidas de alta graduación alcohólica dentro de sus instalaciones. Pero ni IU, ni UPyD, ni ERC tienen representación en la Mesa del Congreso, el órgano que se encarga de tomar las decisiones que afectan a la intendencia de la Cámara. Una Mesa que está en manos del Partido Popular (cinco miembros), PSOE (tres) y CiU (uno), y estos tres grupos parlamentarios ya se han pronunciado a favor de que las cosas continúen igual que hasta ahora.