Santandreu se encadena en Sa Casa Llarga, en Palma de Mallorca.

Jaume Santandreu, el polémico “cura de lo pobres”, tuvo, hace seis años, la idea de convertir la llamada Casa Llarga, una posesión abandonada durante diez años, debido a que sus propietarios no se podían hacer cargo de ella, en casa de personas sin techo y sin medios para subsistir. Al tener dificultades para venderla, los propietarios de la misma decidieron cedérsela gratuitamente para una obra social. Y Jaume Santandreu, junto con los miembros del centro de Can Gaza, comenzaron a rehabilitar la finca. “Antes no se podía ni entrar de los hierbajos que había”, comenta  Jaume Mateu, el presidente de Can Gaza. Repintaron la casa, la limpiaron y amueblaron. Santandreu recibió donaciones, instaló una bomba de un pozo cercano –no había agua corriente– e hizo actualizar la instalación eléctrica a 220 voltios. Luego, pasó a otros objetivos como hacer un huerto y acondicionar un almacén como taller. Para Santandreu, aquel lugar era “un palacete de posibilidades infinitas” en el que se podían alojarse hasta 50 personas en las tres plantas que tiene la vivienda, situada en un lugar de lo más tranquilo. “Un lugar muy apropiado para una tarea así. Aquí estamos alejados de la ciudad. Aunque reconoce que él quería destinar el centro a enfermos mentales, pero no disponían de profesionales preparados para poderlos atender adecuadamente.

La Casa Llarga ofrecía a todos los excluidos socialmente, personas que vivían en la marginación más profunda y desde una autogestión y autofinanciamiento, la posibilidad de volver a comenzar de cero.  Santandreu y los suyos dedicaron “financiación y esfuerzos a lo largo de los últimos años para mantener la propiedad”. “Si no se hubiera hecho así –reconoce–, ahora esto sería un campo de escombros, suciedad y de ratas”. Dedicaron “financiación y esfuerzos a lo largo de los últimos años para mantener la propiedad”. Tanto Sa Casa Llarga como Can Gazà han sido claves para la reinserción social de muchas personas en riesgo de exclusión. De ahí que Antoni Noguera, de Més per Palma, lamenta la decisión de los propietarios e  insta a Cort (Ayuntmaiento) a “ofrecer un lugar alternativo para los talleres de Sa Casa Llarga porque dan un servicio imprescindible para muchas personas”.

Pero los propietarias de la Casa ahora quieren recuperarla. Y mandaron un comunicado por burofax, exigiendo el desalojo de la residencia. Los responsables del cambio de Sa Casa Llarga y Can Cazà, explican que consiguieron una subvención estatal dedicada a financiar las obras de infraestructura de Sa Casa Llarga y que ahora se sienten utilizados. “Cuando los propietarios nos necesitaron para salvar su propiedad de las agresiones del abandono, vinieron a buscarnos pero ahora nos tratan como a perros”. Jaume Santandreu, responsable del Instituto Contra la Exclusión Social de Can Gazà, pretende recibir “una respuesta justa y digna” y ha declarado la propiedad “territorio okupado”, señalado en una nota que considera que “la patada puede ser legal, pero de ninguna manera es justa”.                                                                                                                                                                                                          

Santandreu se ha encadenado con grilletes en el portal de Sa Casa Llarga y, ante el desalojo de la finca que acoge el huerto y los talleres, “ilusión y orgullo” de los inquilinos y cooperantes, manifiesta su tristeza. Denuncia la inoperancia de la Administración por atender a los que más lo necesitan, a aquellos no queridos ni deseados, los mismos que muestran, crudamente, la desigualdad agravada por la crisis. “Los propietarios –repite una y otra vez– no sacan a la fuerza. Si el pobre no grita cuando le aplastan, se dará por muerto”. Quienes encontraron ese hogar, ahora se sienten “tristes, utilizados, engañados, frustrados y condenados de nuevo a la miseria”. Por esto Santandreu, se ha encadenado, al ver que los propietarios de la finca Casa Llarga, donde Santandreu acoge a tantas personas sin hogar, enfermas y sin trabajo, quieren echarles. "Nuestro enemigo –explica– es la beneficencia. La dignidad de un pobre no se arregla con un kilo de arroz. Exige que, cuando se sienten a la mesa, puedan decir que ese plato caliente no se lo han regalado, sino que se lo han ganado”.

“La caridad –repite– no puede ser la solución. Caridad y beneficencia son enemigas de la dignidad y la justicia”. Las palabras  y la acción de Santandreu van aún más allá. “La beneficencia está avalada por la proletarización del trabajo. Para la mayoría de los occidentales, trabajo equivale a dinero. Pero la propiedad de Sa Casa Llarga no quiere renovar la cesión de la que ha disfrutado Can Gazà, instituto contra la exclusión social. Y el rechazo de la beneficencia se ha vuelto a imponer. Ante tanta injusticia, necesitamos plasmar, con todo el dolor de nuestro corazón, un gesto contundente, como es la cadena y la declaración de territorio ocupado de la finca”.  Santandreu asegura que dormirá al raso a las puertas de la Casa Llarga mientras no se asegure la continuidad de la obra social en esa o en otra finca. “Tendrán que venir la Policía y un juez a echarnos”, advierte. Y lamenta que la familia Feliu Fernández, dueña del inmueble, no haya “dado la cara”. Esta le ha concedido más tiempo para quedarse en la casa. Pero, el sábado por la tarde expira el plazo para que abandonen la finca. Él insiste: “Tendrá que venir la policía y un juez a echarnos. No queremos ser okupas de miel y azúcar. Seremos okupas de ley. Esta mañana han venido las autoridades y nos han prometido una alternativa para seguir trabajando. Entonces me desencadenaré, pero la casa seguirá ocupada”, zanjó.