La Fundación Nacional Francisco Franco se ríe de la Junta y hace lo que quiere.

Pazo de Meirás.

La Fundación Nacional Franco, creada para reivindicar la figura del dictador, ha anunciado su intención de divulgar al gran público la “grandeza” de Franco durante las visitas al Pazo de Meirás, propiedad de su familia. Pero más de 79.000 personas apoyan con su firma la reforma legal imprescindible para ilegalizar esta entidad. Creada para reivindicar la figura del dictador, esta fundación tiene entre sus objetivos la “proyección del ideario” del dictador “sobre el futuro de la vida española” y “preservar su legado”. Además, entre 2000 y 2003, recibió casi 150.000 euros en subvenciones. Varios partidos consideran que debería ilegalizarse por “promover el odio” y “atentar contra la dignidad de las víctimas”. Los represaliados por el franquismo comparten esa demanda y creen que, en Alemania o Italia, sería inimaginable una “Fundación Hitler” o una “Fundación Mussolini”. Las asociaciones de jueces opinan, sin embargo, que la Ley de Memoria Histórica es insuficiente para actuar contra la fundación y que en España “nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal”. Por eso piden apoyar una reforma de la Ley de Memoria Histórica para que las organizaciones que hacen apología de la dictadura franquista y sus crímenes sean declaradas ilegales en España.

Alfonso Rueda,  vicepresidente de la Xunta gallega, expedientó a la familia Franco por burlarse de la ley, impidió que el Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, pudiese ser visitado y defendió, frente a las críticas de la oposición, que el Gobierno gallego actuase “con total objetividad”. Rueda ratificó la apertura de un expediente a la familia Franco por “incumplir” la ley de bienes de interés cultural (BIC) que obliga a abrir al público y permitir visitas al Pazo de Meirás. “Se constató que el sistema de acceso a las visitas, mediante el teléfono y el correo electrónico, se está incumpliendo”, explicó en declaraciones a los medios, después de entregar varios informes sobre transparencia a la valedora do Pobo, Milagros Otero. La oposición replicó que, aunque los grupos ·están en su derecho· de manifestar lo que consideren oportuno, “no tienen razón” y negó el trato de favor.

Los conservadores aseguran que Feijóo tomará “las medidas necesarias” para evitar que la fundación ensalce “la grandeza de la figura de Francisco Franco”. Y la diputada conservadora, Paula Prado, no considera adecuado que la Fundación gestione las visitas al Pazo de Meirás. En declaraciones a preguntas de los medios, Prado recuerda que es “público y notorio” que “todos los grupos parlamentarios” de la Cámara se han manifestado “contra el franquismo”, algo que también ha hecho el Gobierno de la Xunta. Destaca que, sobre las visitas al Pazo de Meirás, Feijóo “fue muy claro” y “dijo que si eso había que impedirlo, se impediría”, tomando “las medidas que sean necesarias” para evitar que, sirvan para “ensalzar la figura” del dictador. No obstante, la Xunta de Galicia dice que será “el órgano judicial competente” quien deberá tomar medidas al respecto. Y el Gobierno de Feijóo  destaca que “si la Xunta es conocedora o informada de actuaciones fuera del marco legal establecido se lo comunicará a los órganos judiciales competentes".

El pasado 27 de julio, la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña anunció que sería la Fundación la responsable de asumir el control de las visitas al pazo, por encargo de la propia familia. El pasado lunes 31 de julio la Fundación emitió un comunicado en el que celebra su papel como gestora del espacio y asegura haber recibido “como un honor” la decisión de los propietarios. “Es una excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco, para potenciar el turismo a Galicia, y para difundir el patrimonio gallego en el mundo”, expuso la entidad. Pero la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica” pidió el pasado jueves a todos los grupos políticos en el Congreso que cambien la ley para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. La razón de la petición es la obvia actividad de la Fundación, que enaltece a un dictador y desgrava impuestos a quienes financian con donaciones ese enaltecimiento. Benito Portela, alcalde de Sada, lo tiene claro cuando dice: “Falta voluntad política, con una mayoría en el Congreso podemos recuperar el Pazo de Meirás”.