Las tensas relaciones entre el Gobierno, Judicatura y Fiscalía.
La ley, en el centro, flanqueada por la Justicia y por el Derecho,conjunto
escultórico realizado por Miguel Blay.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Eduardo Bayona titulaba
en Público del pasado jueves: “El Gobierno se estrella contra jueces y fiscales
en su desesperación”. Según Bayona, el torpe intento del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, por capitalizar políticamente el rechazo social a la sentencia
de La Manada, acabó de colmar la paciencia de jueces y fiscales. Siete
asociaciones profesionales de ambas carreras (de jueces y de fiscales) convocaron
el viernes una concentración ante el ministerio de Justicia y una jornada de
paro para el 22 de mayo. Bayona explicaba: “Las tensas relaciones del Gobierno
del PP con la judicatura y la fiscalía desde la etapa del ministro Alberto Ruiz
Gallardón han derivado, con el desafortunado intento de Catalá por recuperar el
apoyo de la calle tras la sentencia de la Audiencia de Navarra, en un
imprevisto choque frontal de inciertas consecuencias y que pone sobre la mesa
el inédito aislamiento institucional del Ejecutivo: distanciado y enfrentado al
mismo tiempo del legislativo, cuyas iniciativas veta por decenas y cuyas
reprobaciones desoye por norma, y del poder judicial mientras los sondeos
pronostican un declive demoscópico (…) Las
manifestaciones de Catalá, en un posicionamiento que ha sorprendido en amplios
sectores, se enmarcan en el intento del Ejecutiov y del PP por recuperar el apoyo de la calle en un país que sitúa entre sus doce
principales problemas ‘el Gobierno y partidos o políticos concretos’, muy por
encima de la inseguridad ciudadana, la inmigración, la propia inestabilidad
política o la misma justicia”. El magistrado, Ignacio González Vega, portavoz
de Jueces para la Democracia señala que “sólo Catalá ha logrado poner de
acuerdo a las siete asociaciones profesionales de jueces y de fiscales para
plantear un paro”. La huelga del próximo 22 de mayo, precedida de paros
semanales de una hora, cuenta con el apoyo del Foro Judicial Independiente, la
Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de
Vitoria, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación
Profesional Independiente de Fiscales, además de JpD. Jueces y fiscales están hartos
del ninguneo al que les han sometido los distintos gobiernos. Se sienten
manoseados e injustamente juzgados por parte de la sociedad.
Rafael Catalá y el presidente del
Gobierno conversan con Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ.
Bayona advierte que “Gallardón
se enfrentó con todos los operadores judiciales, pero a Catalá aún le quedan
los abogados”, según ironiza un fiscal, mientras el expresidente del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, Fernando Zubiri, ponía hace unos días
sobre la mesa en un debate público las “injerencias” y las presiones que, desde
el Gobierno y el PP, viene sufriendo la judicatura desde hace meses. “La crisis
entre las togas y el Ejecutivo tiene difícil marcha atrás, tal y como ponen de
manifiesto las reacciones a las palabras de Catalá, tachadas de ‘intromisión
del Ejecutivo’ en el ámbito judicial por las asociaciones profesionales,
mientras el CGPJ apelaba a la ‘responsabilidad institucional’ para evitar ‘la
utilización política de la Justicia’ y ‘el cuestionamiento de la independencia,
imparcialidad y la profesionalidad’ de jueces y magistrados. A ese cuadro se le
suma el hecho de que las relaciones entre el presidente del CGPJ, Carlos
Lesmes, y el ministro del ramo son prácticamente inexistentes. Las
reivindicaciones de los jueces se centran en el ámbito material, por lo que
consideran una notoria falta de medios en la que destacan situaciones como los
fallos de seguridad y caídas de la red de notificaciones Lexnet o las
dificultades para cumplir los abreviados plazos de tramitación de las causas, y
también en el legal, por la ausencia de un modelo claro de oficina judicial. Sin
embargo, el conflicto incluye otro vector inquietante: el de la llegada de
fiscales y magistrados considerados afines al PP y al Gobierno a puestos clave
de la judicatura. De esa vertiente forman los tormentosos pasos por la Fiscalía
General del Estado del fallecido José Manuel Maza y de Manuel Moix por
Anticorrupción, desde donde llegó a acusar a la Guardia Civil de ir ‘más allá
de sus funciones’ en una investigación sobre la expresidenta madrileña Cristina
Cifuentes. Y también la promoción en la Audiencia Nacional de Concepción
Espejel y de Enrique López, ambos exvocales del CGPJ, a propuesta del PP, y, el
segundo, colaborador habitual de la Fundación FAES, o la llegada al Supremo del
exsenador conservador, Vicente Magro, y de Pedro Román, secretario de Estado de
Justicia con Ruiz Gallardón”.
“Yo
cumplo con mi obligación -manifestó Catalá a ‘El País’- y estoy en la reforma
del Código Penal”
El ministro de Justicia,
Rafael Catalá, reafirmó la semana pasada su postura para salir al paso de las
peticiones de dimisión emitidas por todas las asociaciones de jueces y fiscales
de España. Éstas interpretaron como una injerencia política sus críticas al
juez que emitió un voto particular pidiendo la absolución de 'La Manada'. Catalá
respondió a las duras críticas de las asociaciones de jueces y fiscales,
advirtiendo que su obligación es “alertar” de las anomalías en el
funcionamiento de la Justicia y que es el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) el que debería estar cumpliendo con su deber. “Yo
cumplo con mi obligación -manifestó Catalá a ‘El País’, el pasado 30 de abril- y
estoy en la reforma del Código Penal; el Consejo General del Poder Judicial
tendría que estar en garantizar la capacidad y capacitación de los jueces”. Explicó
que se limita a trasladar la preocupación de los propios compañeros de González
que llegaron a sus oídos y reivindicó su libertad de expresión a la par que la
independencia de la Justicia. “Por qué -se pregunta el ministro que se niega a
ser ‘ciego, sordo y mudo’ ante un caso tan delicado- los jueces de las asociaciones pueden opinar
sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho?”.
José L. Ábalo.
El secretario de
Organización del PSOE, José Luis Ábalos, respaldaba el pasado lunes al ministro
Rafael Catalá en sus afirmaciones sobre que el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) debería haber actuado contra el juez Ricardo Javier González,
discrepante en la sentencia del caso de La Manada. “No podemos estar más que de
acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho
conocimiento de causa y si no ha ido más allá de la información que tiene,
quizás sea por la prudencia necesaria”, dijo Ábalos, quien recordó que su
partido había pedido la reprobación del ministro. “Parece evidente que el
ministro está hablando de lo que sabe, de lo que tiene certeza”, insistió
Ábalos, para quien el CGPJ debería haber hecho un seguimiento “muy especial” de
esta causa, dada la “inquietud” y “alarma social” que ha generado. Recalcó que el voto particular del juez
González “denigra y degrada” a la víctima de La Manada e “incomoda” al resto de
magistrados. En su opinión, su valoración “no responde a esta época” y “desprende
un prejuicio” en materia de violencia de género que “es alarmante”. Ábalos
cuestionó que se tratase de un problema de legislación ya que, con el actual
Código Penal y en función de los hechos declarados como ciertos, “perfectamente
se podría haberse sentenciado como un caso de violación”.
Margarita Robles apoyó públicamente al ministro de Justicia.
El PSOE fue el único en
apoyar públicamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá. La portavoz
socialista en el Congreso, Margarita Robles, magistrada en excedencia que, en
su día, formó parte del CGPJ, consideró que el órgano de los jueces debió haber
intervenido para supervisar el caso atendiendo a un retraso evidente -5 meses
para dictar sentencia- y porque no está permitido utilizar el contenido del
fallo, en este caso del voto particular, para ofender a las víctimas de un
delito. Sin
entrar a valorar el fondo de las declaraciones del ministro, Robles consideró
que Catalá habría realizado dichas manifestaciones “con conocimiento de causa”
y, por todo lo anterior, el CGPJ tendrá que “dar explicaciones”, según citan
varios medios de sus palabras recogidas en el Congreso.
Pedro Sánchez, secretario general del
PSOE, corrige a Margarita Robles.
Sin embargo, Pedro
Sánchez corrigió, al día siguiente, a su portavoz, que secundó a Catalá frente
al CGPJ. El secretario general del PSOE pidió al ministro de Justicia, Rafael
Catalá, que respetase la división de poderes y que aclarase si tiene alguna
acusación que hacer sobre el magistrado que emitió un voto particular a favor
de la absolución de 'La Manada'. El líder socialista marcó distancias con el
ministro y corrigió a Robles y a Ábalos, que habían apoyado al titular de
Justicia. De esta manera, Pedro Sánchez recondujo la posición de la dirección
del PSOE para distanciarse de Rafael Catalá Según el secretario general del
PSOE, quien tuvo que hacer equilibrios para zarandear a Catalá, al ministro de
Justicia le había faltado “prudencia”. “Si acusa -dijo-, que aclare, y si no,
mejor estar callado. Que no sea ‘torpe’. Y si no puede o no quiere, que ‘asuma
responsabilidades’”. Fue una forma de señalarle la puerta de salida. Y
Margarita Robles y José Luis Ábalos tuvieron que rectificar. La enmienda a ese
apoyo estaba bastante clara en las declaraciones de Sánchez, cuando fue
preguntado en la manifestación por el Primero de Mayo en Madrid. La
desautorización a Robles era más que evidente. Sánchez apuntó que el PSOE, como
“partido de gobierno” que es, no puede ni quiere entrar en “disquisiciones”
sobre la “actuación personal” de un magistrado, y, por tanto, “tendrá que ser
el CGPJ quien lo haga”. Así que reiteró su petición de “prudencia” y “sentido
común” hacia Catalá, porque sus declaraciones “no ayudan a centrar el debate”
en donde debe estar, que es en la sentencia de la Audiencia Provincial de
Navarra, que “no recoge ni el espíritu ni los valores de una sociedad que
cambió el 8 de marzo”.
Pedro Sánchez corrige a su portavoz,
Margarita Robles, que secundó a Catalá frente al CGPJ.
El secretario general no
quiso especificar si su partido reclamaba la dimisión de Catalá, como exigían
en bloque las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales por la “temeridad”
de sus palabras y la “intromisión” del Ejecutivo en las labores que
corresponden al CGPJ (tales como la tutela y el impulso de la acción
disciplinaria). Y recordó que fue su grupo quien promovió la reprobación del
titular de Justicia hace un año (iniciativa que prosperó en el Congreso), así
que, si fuera por el PSOE, “habría dejado de ser ministro hace tiempo”. Las
palabras de Sánchez chocaron con las de Robles. Pedro Sánchez aseguró
posteriormente, en declaraciones a 'Al rojo vivo' (La Sexta), que las palabras
de Robles y las suyas “no son cosas incompatibles”. Lo que ahora toca, subrayó,
intentando esquivar la pregunta, es la “buena política”, y eso incluye desde
mejorar la formación de jueces y fiscales para que tengan una mirada de género,
hasta revisar el Código Penal, para que se “acote” la tipificación del abuso
sexual y la violación y no haya margen de interpretación. En cualquier caso,
recordó, “la sentencia no es firme” aún, puesto que puede ser corregida por el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Supremo.
El secretario general de Ciudadanos, José
Manuel Villegas.
Por su parte, el
secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, consideró que el
ministro de Justicia, Rafael Catalá, “hace, una vez más, un flaco favor a la
división de poderes, demostrando muy poco respeto” con sus declaraciones sobre
la sentencia del caso de La Manada. Según Villegas, “los representantes políticos
tienen que dedicarse a ver qué se puede mejorar y no a criticar ni a señalar a
los jueces, ni decirle al Consejo del Poder Judicial lo que tiene que hacer”. Arremetió
contra el ministro de Justicia, por decir que el juez del voto discrepante de
la sentencia de La Manada tiene algún problema, y le advirtió de que, con sus
palabras, hacía “un flaco favor” a la separación de poderes. Además, no pudo
entender cómo Catalá había asegurado que el CGPJ no había actuado
preventivamente “cuando todos saben que este juez (Ricardo Javier González) tiene
algún problema singular”. En opinión de Villegas, el ministro hacía “un flaco favor”
a la separación de poderes y a la institución de la Justicia. No era la primera
vez que el ministro hacía declaraciones con las que “demuestra poco respeto por
la separación de poderes” y, de hecho, recuerda que ha sido reprobado en el
Congreso precisamente por esa actitud. Para Villegas, se podía estar o no de
acuerdo con las decisiones judiciales, y se podían criticar, pero los
políticos, y menos aún el ministro de Justicia, “no pueden atacar directamente
a los jueces ni tratar de interferir en el trabajo del Poder Judicial. Los
responsables políticos sí tenemos que tener un especial cuidado a la hora de
criticar una decisión judicial que puede no gustar, y hay que hacerlo desde el
respeto al trabajo de los jueces y desde la separación de poderes”. Así las cosas, señaló que, si algo no
funciona, habrá que ver qué ley hay que cambiar para que funcione mejor y no
dedicarse a criticar “a personas concretas”.
Ione
Belarra, de Podemos, pide dimisión de Catalá por “inmiscuirse” en el poder
judicial.
Podemos se alineó con las
asociaciones de jueces y fiscales para pedir directamente “la dimisión del
ministro por atentar contra la independencia de la Justicia”. La portavoz
adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pidió el lunes la
dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al considerar que se ha “inmiscuido
en el poder judicial” con sus críticas al juez que dictó un voto particular en
el caso de 'La Manada', el de Ricardo González. Belarra recordó que Catalá ya
está reprobado por el Congreso y tenía que haber dimitido hace “muchísimo
tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar un fiscal anticorrupción
que básicamente lo que hacía era proteger la corrupción”. Además, la dirigente
de Podemos reprochó al ministro de Justicia que “no entiende nada de lo que
está pasando en este país. Miles de mujeres gritaron la semana pasada que
queríamos Justicia, y él, en lugar de recoger ese mandato y llevarlo a donde es
su competencia, el Ministerio y la cámara legislativa, lo que hace es
inmiscuirse una vez más en el Poder Judicial y cometer una falta más que le
tiene que llevar a dimitir inmediatamente”.
Gobierno y PP dejan solo a Catalá tras “atacar” duramente a un juez de
La Manada.
Gabriel Sanz escribió en
Vozpópuli. “Si hay alguien que no puede hacer eso, poner en la diana a un juez,
es el ministro de Justicia, señalan a este periódico fuentes del PP para
criticar el ‘ataque’ de Rafael Catalá contra el magistrado, Ricardo González,
que ha emitido un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de
La Manada. Las declaraciones del ministro caen como una bomba en el partido
gobernante y en una parte del Ejecutivo. Es conocido que, en 2001, el Poder
Judicial suspendió a ese juez de la Audiencia Navarra seis meses por retrasos
injustificados, y actualmente tiene otro expediente abierto por actuaciones
anómalas que puede derivar en su suspensión definitiva; pero lo que no puede
hacer el titular de Justicia es ‘echar más leña al fuego’ de la protesta
ciudadana, desvelando información personal reservada, señalan estas fuentes. Unas
palabras que reflejan malestar sordo en las filas populares. Tan es así que,
tras pedir en tromba todas las asociaciones de jueces y fiscales su dimisión,
nadie del PP ni del Gobierno ha salido a respaldarle. Mucho menos después de
que José María Macías, vocal del CGPJ, diera un toque de atención a Catalá,
asegurando que no le ‘consta’ lo que dice”.
El ministro de Justicia,
Rafael Catalá, insiste en que, ante el debate producido tras la sentencia de La
Manada, no debe ser “ciego, sordo y mudo”, y en que su obligación es “alertar”
de las anomalías que pueden suceder en el funcionamiento de la Justicia para
que el Poder Judicial actúe. Catalá se pronuncia así en declaraciones a El País
después de que las siete asociaciones de jueces y fiscales pidieran el pasado martes
en bloque su dimisión por haber insinuado que el magistrado que emitió el voto
particular, Ricardo Javier González, “tiene algún problema singular” que “todos”
saben y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “debería haber actuado
preventivamente” contra él. “Es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque
yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado
los tienen ellos; yo no tengo detalles pero sí sé lo que me han contado con
mucha preocupación sus compañeros”, recalca Catalá. “¿Por qué no puedo
participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión
a una joven cuando yo formo parte de este sector? Yo no debo ser ciego, sordo y
mudo”, señala el ministro y añade: “¿Por qué los jueces de las asociaciones
pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho”. Catalá
aboga por la independencia judicial y defiende el buen hacer de la inmensa
mayoría de los jueces: “El respeto absoluto que tengo a la independencia judicial
no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la Justicia”.
Además, recuerda que, entre las multitudinarias manifestaciones que se
produjeron por toda España, tras conocerse la sentencia que condena a cada uno
de los cinco miembros de La Manada a 9 años de cárcel por abuso sexual y no por
violación, la de Madrid se dirigió a la puerta del Ministerio de Justicia “y no
del Consejo”. En la tarde del martes, el Poder Judicial apeló a la moderación,
la mesura y la prudencia de los responsables públicos para evitar la
utilización política de la Justicia, así como el cuestionamiento de los jueces.
Ignacio González Vega, Portavoz de Jueces
para la Democracia.
Por su parte, la asociación
Jueces/zas para la Democracia sostiene que el ministro de Justicia “parece
desconocer la separación de poderes”. Y su portavoz, Ignacio González Vega,
exige “rigor” a los dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la
sentencia del llamado caso de 'La Manada' y lamenta que el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, “parece desconocer la separación de poderes”, razón
por la que la asociación ha pedido su dimisión. En declaraciones a Radio
Euskadi, recogidas por Europa Press, insiste en referencia a las críticas que
ha recibido la resolución de la Audiencia de Navarra, en que es “comprensible”
que una resolución judicial “sea sometida a la crítica ciudadana”. No obstante,
señala que, en el caso de la clase política, hay que exigir “rigor” en sus
valoraciones. Y reivindica que “no se puede
hacer demagogia”. Explicado que Jueces por la Democracia ha pedido la dimisión
del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque “parece desconocer el principio
la separación de poderes y el respeto que tiene que haber hacia el poder
judicial y a su órgano de gobierno”, el Consejo General del Poder Judicial dice
que “el Consejo debería, incluso, llegar a sancionar al juez que emite el voto
particular”. El portavoz de Jueces por la Democracia rechaza “el populismo
punitivo y la legislación a golpe de titular”. Porque, “a veces, quieren darnos
la sensación de que todo se resuelve con una reforma del Código Penal”, como si
fuera “una varita mágica que todo lo resuelve, y “no es así”. En todo caso,
afirma que “puede que sí” sea necesaria una reforma del Código Penal, pero “no
necesariamente”. Y señala que, con el relato de hechos probados que se recoge
en la sentencia, se habría podido condenar por agresión sexual”. González recuerda
que “existe un sistema de recursos y habrá dos tribunales”, el Tribunal Superior
de Justicia y el Tribunal Supremo, que podrán “reexaminar” la causa. Y
considera que “en esos hechos probados, quedan muchas interrogantes de por qué
no se ha dictado una condena por agresión sexual”, pero, aun así, cree que la
fundamentación que ha dado el ponente en su resolución “no es descabellada”. En
relación al voto particular que pide la absolución de los acusados, considera
que recoge “afirmaciones cuando menos polémicas y criticables”.
Catalá, en el Congreso.
Las Asociaciones de Jueces
y Fiscales rechazan unitariamente al ministro Catalá y exigen su dimisión. Rechazo
unitario y exigencias de dimisión por parte de la Asociación profesional de la
Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro
Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y
la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Las siete asociaciones
judiciales y fiscales que la componen pidieron el pasado lunes la dimisión del
ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de sus críticas sobre el juez que
emitió un voto particular en la sentencia de la Manada. Las siete entidades
acusan al gobierno de Rajoy de realizar una “intromisión” en asuntos que “corresponden
exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial”. Es más, exponen que los
comentarios sobre la capacitación de un magistrado son una “temeridad” por
quien ejerce como ministro de Justicia. El comunicado vio la luz, horas después
de las polémicas declaraciones del ministro, que llegó a asegurar que le “sorprende”
que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no haya actuado “preventivamente”
respecto del magistrado. Las asociaciones que han firmado la petición de
dimisión son siete, cuatro de juristas y tres de fiscales. Ambos ponen de
relieve que el problema no es únicamente el comentario hacia el juez, sino el
hecho de que “mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del gusto
del ministro o de su gobierno”. Apuntan, precisamente, que “este es el
verdadero peligro”, en referencia a lo que consideran una “utilización” de las
resoluciones judiciales por parte del ejecutivo de Rajoy y llegan a señalar un
intento de “confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería
ser su tarea como miembro de un Poder del Estado”. Los jueces y magistrados de
Navarra también expresaron su discrepancia respecto el comentario de Catalá y
piden su dimisión. Todo ello ante lo que consideran la actitud del ministro
como “especialmente escandalosa” y recuerdan que el titular de Justicia ha sido
“el único ministro reprobado en nuestra democracia”.
Unos 200 jueces y fiscales exigen, frente al Ministerio, la dimisión de
Catalá.
El ministro de Justicia,
Rafael Catalá, pasó un viernes movido. Ya tuvo a las feministas hace unos días
en la sede del ministerio, en San Bernardo, y el viernes le pararon otra vez la
calle, pero esta vez eran jueces y fiscales que exigieron una “justicia
eficiente y de calidad” y “libre de presiones políticas", pidiendo el cese
del ministro Rafael Catalá al grito de "Catalá dimisión". Las
declaraciones del ministro de Justicia sobre el juez que presentó el voto
particular en la sentencia de 'La Manada', han logrado unir, de nuevo, a toda
la carrera judicial para exigir su dimisión. Las protestas estaban convocadas
de forma unitaria por todas las asociaciones de jueces y fiscales que
elaboraron, hace meses, una propuesta con catorce medidas básicas para mejorar
la Justicia. Fueron dirigidas al Consejo General del Poder Judicial, al
Ministro de Justicia y al Congreso de los Diputados, donde explicaron el
documento sobre la situación actual. Las catorce medidas incluyen reforzar la
independencia judicial del Consejo; modernizar la Justicia y mejoras profesionales.
En este último punto se incluye la convocatoria de la mesa prevista en la Ley
de Retribuciones para reclamar mejoras salariales que permitan recuperar los
recortes que han sufrido los últimos siete años. Igualmente piden cargas de
trabajo razonables, más medios, autonomía para los fiscales, y que la
digitalización solucione problemas, no los cree. Quieren, según explicaron en
un comunicado conjunto, “que la Justicia sea una prioridad, construida sobre un
consenso que permita afrontar los cambios y las inversiones necesarios para
prestar el servicio ágil, eficaz y de calidad al que los ciudadanos tienen
derecho”. Exigen “la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de
las carrera judicial y fiscal”. Quieren que sean los jueces los que elijan a
los miembros del Consejo sin interferencias de los partidos políticos. Un total
de 955 fiscales y 1.965 jueces (2.920 en total) se adhirieron a la protesta del
pasado día 5 de abril. La concentración respondía a la falta de avances en la
negociación después de diez meses de presentadas sus reivindicaciones al
Ministerio. Si no avanzan las negociaciones ya han convocado una jornada de
huelga general para el próximo día 22 de mayo.
Catalá, el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia,
incendia a jueces y fiscales.
Eldiario.es, del 1 de
mayo, titula: “Catalá: el apagafuegos que Rajoy envió a Justicia incendia a
jueces y fiscales”. Un artículo de José Precedo que dice: “El de Justicia es un
ministerio caliente. En tres años escasos de gestión se había chamuscado
Alberto Ruiz-Gallardón, la eterna esperanza de la derecha española. Antes había
arruinado la incipiente carrera política del fiscal Mariano Bermejo, que tuvo
que dimitir en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acosado por
el PP tras descubrirse que participó en una cacería -sin tener licencia- junto
al juez Baltasar Garzón (...) El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es
en sí mismo un tratado de historia política, conocía todos esos antecedentes
cuando le confió a Rafael Catalá el departamento de Justicia. Fue a la vuelta
de las vacaciones de verano de 2014. Gallardón había dejado el ministerio hecho
unos zorros: su ley de tasas había indignado a jueces y fiscales casi tanto
como a la abogacía, su polémica ley del aborto se quedó metida en un cajón y el
proyecto estrella para rebajar a una veintena el número de aforados en España
tampoco llegó a ver la luz… Así que Rajoy eligió a un técnico para apaciguar el
ministerio y de paso a un grupo importante de potenciales votantes. El
presidente conocía a Catalá que ya había trabajado para él como director
general en el Ministerio de Administraciones Públicas, el primero que ocupó en
los distintos gabinetes de José María Aznar. Además, Catalá venía de trabajar
como secretario de Estado de Infraestructuras a las órdenes de una de las
personas de la máxima confianza del presidente, la entonces ministra de
Fomento, Ana Pastor. Y conocía la casa porque también había sido secretario de
Estado de Justicia con el ministro José María Michavila hasta 2004. Lo que se
buscaba era un tecnócrata para acabar de la mejor manera posible la legislatura
de la mayoría absoluta en un momento en que el PP ya estaba en caída libre en
las encuestas. Tres años y medio después, Catalá ha resultado ser exactamente
lo contrario. Su gestión en el ministerio no ha mejorado y ahí están los
fiascos de la Justicia Digital, el papel cero o el fracaso en la reforma para
acortar a seis meses los plazos de instrucción de las causas... O la amenaza de
huelga de jueces y fiscales que llevan meses reclamando más medios para la
Justicia y subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo en
los años duros de los recortes”.
El artículo de Precedo
termina así: “El Gobierno del PP, que se encuentra en sus horas más bajas con
Ciudadanos, superándole en las principales encuestas, se apresuró a anunciar un
cambio del Código Penal, sin extenderse en detalles. Catalá se mostró muy
crítico con la sentencia, que provocó una oleada de indignación y
manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades españolas, desde el primer
momento. Pero el lunes, durante una entrevista en la cadena Cope, dio a
entender que el magistrado no está en plenas facultades para formar parte de un
tribunal y dejó entrever que el Consejo General del Poder Judicial tenía que
haber tomado medidas. Sus palabras
aludiendo al ‘problema singular’ que, según el ministro, mucha gente conoce,
del magistrado que firmó el polémico voto particular no encontraron respaldo en
la judicatura, pero tampoco en el Gobierno, ni siquiera en el Partido
Popular. Solo la portavoz parlamentaria
del PSOE, Margarita Robles, salió en su defensa, en un primer momento. El
martes era desautorizada por su secretario general, Pedro Sánchez. Un día
después de haber pronunciado esa acusación tan grave, lanzada por el propio
ministro contra un magistrado, nadie ni en la carrera judicial ni fuera de ella
ha sabido explicar a qué se refirió el ministro. En declaraciones a El País
este martes, Catalá defendió su derecho de expresión y alegó que muchos de los
manifestantes que protestaban contra la sentencia lo hicieron ante el edificio
del ministerio. La sospecha está lanzada sobre el juez, que formalmente sigue
en su puesto, y del que no se conocen expedientes del Poder Judicial más allá
de unas sanciones por retrasarse al dictar sentencias hace ya algunos años.
Mientras, jueces y fiscales de todas las sensibilidades políticas le acusan de
haber cometido una intromisión intolerable y reivindican la separación de
poderes, en medio de una grave crisis de credibilidad amplificada por el
descontento que ha generado la sentencia en amplias capas de la sociedad. Es el
último incendio que ha generado Catalá, el apafuegos elegido por Rajoy para
apaciguar un ministerio clave y a sectores sociales que siempre han estado
cerca del PP”.
Catalá encarga a una comisión de hombres la reforma del delito de
violación.
La Comisión General de
Codificación, el órgano colegiado que asesora al Ministerio de Justicia y el
encargado de estudiar la reforma del delito de violación en el Código Penal,
está integrada mayoritariamente por hombres. La comisión que revisará los
delitos sexuales del Código Penal está formada por 20 hombres y ninguna mujer. Así
lo asegura Marisu Moreno, en ElPlural.com del pasado viernes. “Todos sus
miembros no natos, que incluyen al presidente, vicepresidente y presidentes de
comisiones, son hombres. Entre los vocales no natos sí figuran algunas mujeres,
pero en total apenas representan un 14%. El PSOE presenta una proposición no de
ley para que el ministro de Justicia cumpla con la ley de Igualdad en los
nombramientos de la Comisión General de Codificación”. Firma la propuesta Ángeles
Álvarez, portavoz socialista en la comisión de Igualdad, quien argumenta que el
Ministerio de Justicia incumple la llamada ley de Igualdad en la que se
especifica en varios artículos que “los poderes públicos procurarán atender al
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y
designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”.
Consciente de la urgencia del momento, Álvarez reclama al ministro Rafael
Catalá, dado que cuenta con un margen para nuevos nombramientos, que incorpore
en la Comisión a mujeres expertas en derecho antidiscriminatorio y en violencia
de género. Finalmente, la comisión que revisará los delitos sexuales contará
con mujeres. La sección sobre Derecho Penal de la Comisión General de
Codificación, que analizará los delitos de agresión y abuso sexual, y que
actualmente la integran 20 miembros, todos ellos hombres, incorporará
temporalmente a mujeres juristas. El departamento que preside Catalá añade que
dicha sección se reunirá el 10 de mayo y que se ha fijado un plazo para la
realización de su estudio que finalizará el 15 de junio.
Fotomontajes de esta semana: Tremendig Antonio Maestre
En efecto. Hace unos años, cuando Aguado no estaba en Ciudadanos y podía ser sincero, cuestionaba derechos básicos de los trabajadores como la indemnización por despido improcedente. Lo hemos podido saber por un tuit que Aguado ya ha borrado pero que las redes sociales han rescatado.
Primero de mayo, Día del trabajador. Por Sara Vegas Martín..
Portadas sobre Catalá en la prensa nacional.
El Jueves: la banda criminal PP se niega a disolverse. “Tampoco entregaremos los sobres”, han declarado sus líderes.
El humor, en la prensa de esta semana: El Roto,
Peridis, Manel F., Pat, Vergara, J. R. Mora, La Boca del Lobo, Atxe, Ros…
Las campeonas invisibles.
Después de aquellos palos en la rueda.
Creencias incomprensibles
Pep Roig, desde Mallorca: Avances hacia el pasado, Fin
del horror, fin del error, Trastos, Contundencia anticorrupción, España, 46,6
millones de jueces, La gran y poderosa charca, Provocación…
La grave bronca entre Catalá y el presidente del CGPJ pone a temblar al Gobierno Piden la dimisión del ministro de Justicia por sus palabras sobre el juez de "la Manada" Jueces y fiscales piden la dimisión del ministro español de Justicia Polònia - Vídeos compromesos del PP LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. “El discurso del Brey” | #L ateMotiv386 LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. “Monólogo con sorpresa” | #LateMotiv385
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