miércoles, 4 de julio de 2007

4 de julio. O todos buenos, o todos malos.

El PP se ha opuesto siempre, sobre todo durante el gobierno de Aznar, a condenar los crímenes de la dictadura franquista. Y está en contra del resto de los grupos del Congreso de Diputados que respaldaron una propuesta de Izquierda Unida para la “revisión de sentencias y la restitución moral de los españoles fusilados por motivos políticos y de conciencia”. Para el Partido Popular la revisión de sentencias del franquismo no tiene ningún fundamento jurídico. Y sólo aceptó la restitución del honor de los maquis durante un debate celebrado en mayo del 2001, e insistió en que el resto ya tenía la rehabilitación moral con la transición a la democracia.

Tampoco fue posible una condena conjunta al golpe militar del general Franco, solicitada en 1999. Entonces los populares del PP argumentaron que era imprudente hablar de “buenos y de malos”. Que o todos buenos o todos malos. Sabia interpretación de quienes no quieren mojarse y salen así por la tangente. La derecha siempre interpretó como provocación cualquier idea de este género surgida de la izquierda. En febrero del 2001, el PNV presentó la iniciativa y el PP ya se puso en retaguardia contra “el proyecto totalitario y liberticida de ETA”. Habló del contenido “xenófobo y racista” del nacionalismo y propuso un texto alternativo en el que se condenaba de forma genérica “todas las dictaduras y regímenes autoritarios y totalitarios, del pasado y del presente”.

Yo sé que, sesenta y ocho años después de aquella guerra fratricida, aquella contienda y sus consecuencias nefastas –que pude estudiar detenidamente en mi libro, inédito, “España, vista por sus exiliados”–, sigue hoy marcando diferencias fundamentales por más que se pida el olvido de la misma como norma general de conducta entre los españoles. Y mientras la memoria histórica se hace cada vez más presente, la ley sobre la misma, dirigida por el PSOE, ha sido cada vez más suavizada para evitar enfrentamientos y fue retrasado hasta quedar en peligro de no verse aprobada en esta legislatura.

Durante el primer gobierno socialista, fue Felipe González quien no quiso rescatar la memoria histórica, lo que permitió cierta reconciliación entre vencedores y vencidos de la Guerra Civil, a costa del olvido de ésta. Hubo quienes la consideraron un paso negativo, un gran error político de las izquierdas y una gran injusticia para los luchadores anti-franquistas. Pero es evidente que no hay contradicción ni traición más patente que la indiferencia y el olvido.

En un artículo, publicado en El País en junio del 2001, Vicent Navarro recuerda muy acertadamente que, mientras la dictadura significó una represión brutal, la democracia ha significado la continuación de su marginación y la falta de su reconocimiento, continuando así una gran injusticia sobre la cual se construyó la transición. Suscribo al pie de la letra lo reafirmado por este catedrático para quien la única razón por la cual tal olvido podría moralmente justificarse sería en el caso de que los dos bandos del conflicto civil y de la dictadura tuvieran idéntica responsabilidad por lo ocurrido y hubieran realizado la misma cantidad de violaciones de los derechos humanos, argumento utilizado por las derechas para justificar tal olvido. Pero la realidad histórica no apoya tal postura. En efecto, el número de asesinato políticos del régimen dictatorial español fueron cien veces superior a los llevados a cabo por el régimen de Mussolini. “Es más –asegura Navarro–, la represión fue metódica, sistemática y llevada a cabo como política de Estado, a diferencia de la represión durante la República, que fue, en su gran mayoría, espontánea como repuesta popular al golpe fascista militar y sin formar parte de una política sistemática del Estado Republicano”.

Navarro puntualiza que los vencedores y los que apoyaron la dictadura se han beneficiado mucho más que los vencidos y los que sufrieron la represión franquista y hace hincapié en que la mayoría de asesinatos políticos en tiempos de paz (más de 200.000) tuvieron lugar a partir de 1939 y no antes. E insiste en que el olvido ha sido no sólo una gran injusticia, sino también un gran error político, con costes muy elevados.

De ahí que no acabe de comprender la postura del Gobierno socialista que retrasara el nacimiento de la Ley de Memoria Histórica durante año y medio. Debería de salir a finales de septiembre o en octubre de este año en curso, antes de que las Cortes sean disueltas para convocar nuevas elecciones. Izquierda Unida, una de las principales promotoras de la reforma, ha intentado, sin conseguirlo, que se convoque la ponencia de la Comisión Constitucional que debe de tratarla. El PSOE confía en alcanzar en este mes un acuerdo verbal con CiU para garantizar un fuerte apoyo. Pero mucho me temo que todo se quede para después de las elecciones. Y, si gana el PP, para mucho tiempo después, con lo que el “o todos bueno o todos malos”, seguiría por los siglos de los siglos.