NEGRO SOBRE BLANCO: La verdad sobre el caso contra el fiscal general.

El 14 de marzo de 2024, ElPlural.com publicaba una información firmada por la periodista Cynthia Coiduras con un objetivo claro: desmentir el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sobre un supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía al novio de la presidenta madrileña. Aquella noticia, que se convirtió en uno de los temas del día en la Asamblea de Madrid, se elaboró con rigor y bajo los principios de veracidad y responsabilidad periodística. El pasado martes, José María Garrido recordaba lo ocurrido entonces. “Diferentes periodistas de la redacción de ElPlural.com recibieron el documento en cuestión por distintas vías. No hubo un único origen ni una ‘filtración dirigida’, como algunos sectores querían insinuar en las últimas semanas. En ningún caso —y esto es esencial— fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, quienes remitieron o filtraron el documento. Ambos están siendo injustamente señalados por algo que no hicieron. Ese documento circulaba ya libremente entre redacciones de varios medios nacionales. Estimo que, para entonces, más de 400 periodistas podrían haber tenido acceso a su contenido. ElPlural.com decidió publicarlo movido por la indignación ante un intento de convertir una mentira en verdad desde la Comunidad de Madrid. La decisión fue estrictamente periodística, tomada tras contrastar los datos y confirmar que el supuesto pacto al que aludía Miguel Ángel Rodríguez era rotundamente falso. ElPlural.com actuó en defensa del rigor informativo. Publicar aquella noticia no respondía a ningún interés político ni institucional, sino al compromiso con la verdad. ‘Una mentira repetida no podía convertirse en verdad’, fue la premisa que motivó su difusión. Con ese contexto, ElPlural.com se puso en contacto con diferentes partidos de la oposición —una práctica habitual y plenamente legítima en el ejercicio periodístico— para recabar valoraciones sobre un asunto de evidente interés público. En ningún momento se trató de ‘coordinar’ una estrategia, sino de cumplir con el deber de contrastar y ofrecer voces plurales. Hoy, meses después, el caso ha derivado en un injusto señalamiento al fiscal general del Estado y a Pilar Sánchez Acera, que están siendo presentados como responsables de una supuesta filtración que nunca existió. La labor periodística de aquel día fue transparente, honesta y profesional. En definitiva, la historia no va de filtraciones, sino de cómo un bulo intentó convertirse en verdad, y de cómo ElPlural.com decidió hacer lo que siempre debe hacer el periodismo: contarla tal y como es”.

Alvaro Garcia Ortiz en el juicio.

Después de cuatro jornadas de diferentes declaraciones en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos, el miércoles llegó el turno del fiscal general quien reiteró su inocencia y negó, una vez más, ser el responsable de la filtración del correo electrónico sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Junto a él, también declararon once agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La defensa desmontó el informe de la UCO al demostrar que incluyeron mensajes de Whatsapp sesgados. La Fiscalía acorraló a los agentes de la UCO: “Eso es una suposición suya”. “No, no lo he hecho llegar”. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, negó en su primera intervención en el juicio haber filtrado el correo con la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Después de negarse a contestar a las preguntas de las acusaciones por la “actuación desleal” de Alberto González Amador, ha rechazado a pregu2ntas de la Fiscalía haber difundido ese correo.”. Juanlu Sánchez escribe en “Al Día lo ocurrido en la sala: “El momento era tenso, extraño, incómodo, inédito: el fiscal general del Estado contestando como acusado las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado ante siete jueces del Tribunal Supremo. Como hacen a menudo los acusados, se negó a contestar a los abogados de la acusación, es decir, a los de Alberto González Amador y Hazte Oír, entre otros. García Ortiz repitió el relato de los hechos que lleva un año sosteniendo. El peor momento para el fiscal fue cuando dio sus explicaciones sobre por qué había borrado el contenido de su Whatsapp, algo que siempre recomiendan los asesores de seguridad digital pero que queda fatal en un juicio en el Supremo. Pero en realidad la comparecencia clave no era la del propio García Ortiz. Era la de los agentes de la UCO, que acudían a defender el informe en el que el juez instructor basó su acusación. El teniente coronel Antonio Balas hizo sus equilibrismos para, aunque no han encontrado ninguna prueba concreta de que la filtración procediera del fiscal general, apuntarle directamente. Básicamente porque era el jefe y en la Fiscalía nada se hace sin que lo sepa el jefe. Es decir, que no tienen la prueba pero que tuvo que ser él. O por citar las palabras concretas: ‘Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado’. Resulta que no solo Miguel Ángel Rodríguez sabe hacer deducciones sin información. El momento chanante de la jornada ocurrió durante la comparecencia de este mando de la UCO. Le preguntaron si además de registrar el despacho, el móvil y el correo del fiscal general, lo hicieron con alguna más de las otras 600 personas que pudieron tener acceso al archivo de la causa donde estaba el correo de filtración, o al menos con alguna de las 16 que tenían acceso al buzón colectivo donde originalmente se recibió la confesión. ‘Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas’, respondió el agente. Y en ese momento, sonó una carcajada colectiva en la sala que a mí me heló la sangre”.

La Abogacía del Estado cargó contra la UCO y denunció un 'juicio paralelo' contra el fiscal general.

José Ignacio Soto, el abogado del Estado, que ejerció como defensa de Álvaro García Ortiz, señaló el pasado jueves la existencia de un “juicio paralelo basado en conjeturas” contra el fiscal general y marcado por “un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico”. “Este procedimiento —criticó el abogado del Estado— ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico y ha podido generar un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general”. En su turno de conclusiones, insistió en la “nulidad” de los registros practicados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid, cuando los agentes de la UCO decidieron clonar los dispositivos electrónicos de ambos. La defensa cree que, como los propios guardias civiles han afirmado ante el tribunal, copiaron todo el material disponible y se lo llevaron para hacer más tarde un cribado. Todo ello, “sin cobertura” legal ya que se “ejecutó en unos términos que no estaban contemplados” en la resolución del magistrado instructor, que había puesto unos límites temporales. La defensa insistió en uno de sus grandes argumentos: que hay muchos potenciales filtradores. Y especificó cómo cientos de personas pudieron conseguir acceso al correo filtrado, debido a todos los sistemas informáticos y documentales a los que se metió (tanto en las fiscalías de Madrid, como en la Fiscalía General del Estado, como en el decanato de los juzgados de Madrid). La defensa de García Ortiz sostuvo que la única filtración acreditada en la causa fue la del correo electrónico que el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mandó al abogado de Alberto Rodríguez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el 12 de marzo. “Neira [el abogado de la pareja de Ayuso] inmediatamente lo fotografió y remitió a su cliente, este a su vez lo reenvió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración de un correo electrónico que está debidamente acreditada en la causa”, argumentó. El abogado del Estado indicó que la “única filtración debidamente acreditada” es la del correo del fiscal Julián Salto. En la sala se pudo demostrar que el abogado de González Amador le reenvió este mensaje a su cliente, quien se lo pasó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que lo distribuyó entre periodistas. “Es razonable pensar que Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo de 2 de febrero [enviado por la defensa de González Amador y que es el que se investiga], igual que tenía el del 12 de marzo”.

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Un instante tan absurdo en el juicio al fiscal general del Estado que ha provocado las risas en la sala: “Si no fuera tan serio sería para descojonarse”.

La abogada Consuelo Castro preguntó a los agentes de la UCO, cuando expuso un detalle capital: “¿Intentaron ustedes averiguar si más personas antes de don Diego Villafañe, especialmente el 7 de marzo, habían recibido exactamente esa misma documentación?”. El agente le respondió con una pregunta: “¿Como cuáles?”. A lo que ésta detalló: “Pues miren, 499 personas con acceso a la carpeta guardia [...]; 27 personas con acceso a la cuenta genérica de correo de la Secretaría Técnica [...] 30 personas de la Fiscalía Provincial...”, fue enumerando. Cómo sería la respuesta del agente, que provocó las risas en la sala. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, aseguró. (Tremending)

Cuando mentir sale gratis y decir la verdad, no.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue juzgado por una supuesta filtración que nunca cometió. La acusación se basó en un bulo fabricado desde la cúpula del poder madrileño: el asesor de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), reconoció ante el juez que inventó la historia de la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica. Ese correo contenía la confesión de delitos fiscales del empresario, pero ya circulaba por varias redacciones seis días antes de llegar a la Fiscalía. Tres periodistas lo confirmaron ante el Tribunal Supremo. Aun así, el juicio continuó. El fiscal, que cumplió con su deber, se sentó en el banquillo mientras los responsables del fraude y de la mentira disfrutaron de impunidad. A González Amador no se le juzgó. Según el discurso oficial de la Puerta del Sol, lo suyo fue un “error administrativo”. Más de 300.000 euros defraudados se convirtieron en un malentendido romántico. El poder mediático de Ayuso y la maquinaria de MAR transformaron al culpable en víctima y al fiscal en conspirador. España se acostumbró a lo inverosímil: quien miente, sube; quien roba, gobierna; quien cumple la ley, se defiende en los tribunales. El mensaje era claro: tocar a los poderosos tenía consecuencias. Y el espectáculo mediático, cuidadosamente orquestado, sirvió para algo más que para entretener: sirvió para desactivar la confianza pública. En su declaración, un periodista resumió el dilema moral del país: “Se está juzgando a una persona que sé que es inocente, pero no puedo revelar la fuente”. A lo que el presidente del tribunal respondió con cinismo: “Una cosa es que no lo diga y otra que nos amenace.” Así hablaba una justicia que olvidaba su propia ética. Lo que estaba en juego no era solo la reputación de un fiscal. Era el sentido mismo de la democracia. Cuando los defraudadores se presentan como víctimas, el sistema judicial se convierte en una herramienta del poder. España ya no castiga la corrupción: la premia. Y mientras la ciudadanía se cansa, apaga la tele y desconfía del voto, ellos ganan. Su objetivo no es destruir el Estado, sino vaciarlo de contenido. Si la mentira, el fraude y la corrupción salen impunes mientras la decencia y la verdad se sientan en el banquillo, la democracia tendrá que buscar abogado de oficio. Por eso es urgente mantener vivo el periodismo libre, el que no se arrodilla ante el poder ni se vende a sus intereses. (“Spanish Revolution)

Mientras tenemos a chavalines sin conocimiento diciendo que con Franco no se vivía tan mal, siguen apareciendo fosas de asesinados por la Dictadura: 138 víctimas en fosas comunes en Riotinto (Huelva) con signos de tortura. En una fosa común en el barranco de Víznar (Granada), han encontrado los restos de un niño de entre 11 y 14 años, fusilado. Se constata que quedan cerca de 6.000 enterramientos clandestinos repartidos por todo el país. Una historia que no se puede olvidar, porque nos arriesgamos a repetirla demasiado pronto. (Skakeo FanZine.)

El Colegio de Abogados de Madrid ha suspendido durante un mes al abogado Juan Antonio Frago, el mismo que pide la pena más alta (seis años de cárcel) contra el fiscal general del Estado. La acusación que se presentaba como garante de la ética… acaba señalada por su propia falta de ética. A continuación, todas las claves para entender lo que está pasando. El ICAM lo sanciona por una infracción grave: insultó públicamente en X a un investigado de otro caso en el que él mismo es acusación. Le dijo “hora de pasar al patíbulo”. Un abogado pidiendo patíbulos en un procedimiento penal que dirige. Eso, según el Colegio, no es libertad de expresión: es mala praxis profesional. (Spanish Revolution)

'La Revuelta' reúne a Rosalía, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Estopa, Carmena... y ¡as redes se acuerdan de Pablo Motos: “Siempre le quedará Juan del Val”

"Os habéis pasado el juego”, “cine”, “me tenéis sin pestañear”... Son algunas de las reacciones al auténtico despliegue exhibido el pasado lunes en La Revuelta de David Broncano. El programa de TVE entrevistó a Rosalía quien se presentó con Broncano en una reunión de vecinos formada por Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, María Escoté, Javi Calvo, Joan Pradells, La Zowi, Carmen Machi y Estopa. (Tremending)

The Times se rinde ante Rosalía: su entrevista en ‘La Revuelta’ desata la “Rosaliamanía” mundial. Entre elogios, polémicas religiosas y un récord histórico de audiencia, hasta el presidente de RTVE entra en escena.

El humor en la prensa de esta semana: Emergol, El Roto, Peridis, Eneko, Manel F, Vergara, Enrique, Asier y Javier, Idígoras y Pachi, Kap, Santygutiérrez, Puebla, Sansón...