10 de octubre. (Y IIº) Último caso de corrupción: "Operación Scala"

Antonia Ordinas y su mujer, Isabel Roselló

Kart Viaene. Foto Pep Vicens

El conseller Cardona.

A principios de octubre se conocían las últimas disposiciones del juez de “Operación Scala” que decretaba prisión incondicional y preventiva para Antonia Ordinas, de 58 años, ex gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares, y para su esposa, la soprano Isabel Roselló, de 52 años, administradora única de “Gabinete Alays S.L”. Ambas se negaron a declarar ante la Policía pero no ante la juez de este caso que incluye a doce ex altos cargos del Govern de Jaume Matas a cinco militantes del Partido Popular. Igualmente, ingresó en prisión el ex director general de Promoción Industrial, Kart Viaene, relacionado con el cobro de comisiones.

Se trata de una nueva operación descubierta en estas islas contra la corrupción, relacionada con la gestión del PP en la pasada legislatura. El 12 de marzo de este año, caía Javier Rodrígo de Santos, ex teniente de alcalde de Palma y ex coordinador de la campaña electoral de Matas, imputado por malversar 50.000 euros en prostíbulos. De Santos era el responsable del urbanismo del PP de la capital balear y pagaba servicios sexuales con una tarjeta de crédito pública. El ex concejal alegó que era adicto a la cocaína, cosa de la que el propio Matas confesó que no se había percatado. Dos meses más tarde, Eugenio Hidalgo, a la sazón alcalde de Andratx, era condenado a cuatro años de cárcel por haber falsificado certificados para legalizar su vivienda. Y Jaume Massot, entonces director general de Ordenación del Territorio, a tres años y seis meses por delitos de prevaricación administrativa. Todos eran del PP y, entre los imputados, figuraba la portavoz de este partido, Catalina Soler, y once dirigentes del mismo.

Pero volvamos a la “Operación Scala” en la que Antonia Ordinas podría haber cometido los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por valor de 5 millones de euros. Ordinas habría beneficiado, con dinero público y sin concurso previo, a personas y empresas allegadas que trabajaron para ella, como su propia compañera marital, a la que contrató en diversas ocasiones para que ofreciera conciertos en el extranjero con lo que, para colmo, la corrupción tiene tintes musicales. La ex librera y escritora trabajaba como gerente del Consorcio del Gobierno Balear, presidido entonces por Jaume Matas, quien la tenía a su lado como persona de su máxima confianza y nunca dejó de protegerla. La “caja fuerte” hallada bajo tierra, enterrada en un cajón de madera y en cuyo interior se encontró una bolsa de plástico que contenía 240.000 euros, podría ser una de las pruebas. Ordinas había creado una malla de socios y amistades, monopolizando los contratos y dejando en el consorcio un “agujero” de impagados de 3,5 millones y un déficit de ocho millones.

Antonia Ordinas ha implicado a su ex jefe, José Juan Cardona, entonces conseller de Comercio del Govern y hoy diputado autonómico del PP. Ante la magistrada, Piedad Marín, ha declarado que él conocía cómo se adjudicaban todos los contratos con los proveedores en la conselleria y no hizo nada para frenar la presunta corrupción. Cardona niega que hubiera recibido dinero por estos conceptos y asegura que no se siente responsable de “los supuestos actos delictivos cometidos”, pero la juez le ha imputado en el caso. Por su parte, la presidenta del PP en Baleares, Rosa Estarás –en rueda de prensa acompañada por Ana Mato, vicesecretaria nacional de Organización y Electoral–, intenta desligarse de todo este asunto con esta lapidaria frase: “No pongo la mano en el fuego por nadie”. Y señala que, después de 20 años de experiencia política, sólo pondría la mano en el fuego por su hijo, su marido y sus padres. Por supuesto, Estarás critica que algunos partidos políticos estén utilizando los casos de corrupción que afectan a militantes del PP para “conseguir votos” y “hacerle daño” a ella. Estaràs ha reconocido que el PP se equivocó en algunos fichajes y calificó de “incompetentes” a los dirigentes del Govern que permitieron, por acción o por omisión, la malversación de caudales públicos.

Un caso más de corrupción política en Baleares, aunque nadie se atreva a asegurar que sea el último.