jueves, 16 de octubre de 2008

15 de octubre. El "faenón" de Perú-Petro.

Yehude Simón (a la derecha) y Alan García (a la izquierda), frente al Palacio de Gobierno de Lima.

Alberto Químper, miembro del APRA y ex director de Perú-Petro, detenido.


Rómulo León Alegría, del APRA y ex miembro del primer gobierno, desaparecido.

Era la frase registrada más comentada en medios estatales peruanos durante la semana pasada. “Un verdadero faenón”, repetía por teléfono el abogado Alberto Quimper, director de Perú-Petro, la empresa estatal encargada de promover la inversión de hidrocarburos en este país, a su interlocutor, a Rómulo León Alegría, ex ministro del primer Gobierno de la centroizquierdista APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana). El “faenón” había consistido en la obtención de cinco lotes de exploración petrolífera para la empresa noruega, Discover Petroleum. León Alegría aseguraba haber recibido 100 mil dólares en su cuenta personal en varias entregas y Químper le daba consejos para eludir al fisco. Ambos se felicitaban por haber concretado la operación y discutían la posibilidad de cobrar honorarios extras. Las grabaciones de esta y otras conversaciones en las que se hablaba de sobornos y maniobras ilegales se publicaban el pasado 5 de octubre en varios medios de comunicación peruanos. Los dos implicados eran denunciados por la fiscalía pero sólo Químper era detenido.

Con este turbio y polémico asunto, el gobierno de Alan García quedaba manchado. El paradero de Rómulo León Alegría se convirtió en un misterio para la policía y para el gobierno. El ex diputado y ex ministro del primer gobierno aprista tuvo 17 horas para huir de Lima, desde que el Ejecutivo anunciara que iba a ser detenido hasta que la autoridad judicial ordenara su captura preventiva. Tiempo suficiente para sustraer de sus oficinas sus discos duros y viajar fuera de Lima. Los contratos con Discover Petroleum quedaron suspendidos y se planteó la posibilidad de revisar todas las concesiones petroleras recientes. El Gobierno se presentaba como gran perdedor de esta crisis y la popularidad del jefe del Estado rozaba el 15 % mientras que el narcoterrorismo acababa de aparecer con un atentado que provocaba 16 muertos.

Ante estas perspectivas, el Gobierno de Jorge del Castillo presentó su dimisión. El presidente de la República peruana, Alán García, encargó a Yehude Simon, un izquierdista independiente, la formación de un nuevo Gobierno. Y el petroescándalo provocó las descalificaciones de Alain García hacia las “ratas”, las “víboras”, los “felones” y “fariseos”. “Siento asco por estos actos de corrupción –declaró en un acto oficial en el que pidió que todos los implicados fueran encarcelados– “Que caigan todas las cabezas necesarias para que el Perú pueda marchar”. El escándalo de corrupción, llamado también “Petrogate”, era el más grave desde que García asumiera la presidencia en 2006. Pero, según Prensa Latina, agencia informativa latinoamericana, el gobierno del presidente peruano conocía desde hacía al menos cinco meses la existencia de estas grabaciones de diálogos telefónicos entre personajes oficialistas corruptos.

Yehude Simon, médico veterinario, sociólogo y político peruano, conocido por su talante dialogante, anunciaba que, en su gestión al frente del gabinete de ministros, daría prioridad a desterrar la corrupción y el terrorismo. Su pasado izquierdista despertaba recelos en sectores conservadores. En los años ochenta, Simón había sido un izquierdista radical que dirigió el semanario Cambio, cercano al ahora extinguido Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista), lo que le valió ser condenado, en 1992, por un “tribunal sin rostro”, presidido por jueces con capuchas, a 20 años de cárcel por presunta apología del terrorismo, bajo el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Posteriormente sería identificado por un comité especial del Gobierno como uno de numerosos prisioneros políticos detenidos injustamente. Indultado en 2000, tras haber pasado ocho años en la cárcel, Simón derivó hacia posiciones de centro izquierda. En el 2002, el entonces presidente, Alejandro Toledo, le pidió perdón en nombre del Estado. Para el analista político, Mirko Lauer, el nuevo gobierno de Simón “tiene ciertos elementos de cohabitación a la francesa” lo que significará un tiempo de aprendizaje para el presidente García, quien “le tendrá que permitir un espacio propio”.


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