29 de octubre. Barroso se reafirma en sus declaraciones contra el Rey.
Barroso, ante el juzgado
El abogado de Barroso, Enrique de Santiago, anuncia que recurrirá este auto del juez, solicitando el archivo de la causa. Y advierte que “en caso de que su petición sea desestimada”, aportará a la causa declaraciones de “historiadores y documentos para demostrar” que las declaraciones de su cliente “tienen base histórica acreditada”. El alcalde manifiesta su satisfacción por la decisión del juez de no archivar la causa ya que, “esto va a abrir el debate republicano. Y favorecerá el debate sobre la naturaleza del ciudadano Juan Carlos de Borbón y su entorno familiar y empresarial”. El edil denuncia que “existen unas fallas democráticas en este sistema, en el que no se puede hablar del Rey, ni de sus negocios sucios, ni de la fortuna de origen desconocido del Monarca. El Rey es inimputable, inviolable y, por lo que se ve, incalificable”.
En sus declaraciones, Barroso insta al Monarca a explicar a los españoles por qué “su fortuna es la cuarta de España y cuál fue su verdadera implicación en el 23-F”. Reitera su “obligación de seguir insistiendo en que se conozcan todas sus andanzas porque, desgraciadamente, la visión que se tiene del Rey y de su familia es un poco de papel cuché, de novela rosa, catódica, pero que no se corresponde en absoluto con la realidad”. Barroso emplea estos argumentos y explica al juez que su intención “no era ofender a nadie”. Asegura que sus manifestaciones no son “cosecha propia” sino que están basadas en “unas referencias históricas sobre la condición personal y familiar de los miembros de la Familia Real española” que vienen recogidas en “libros, tratados y estudios históricos”.
Barroso llegó a la Audiencia Nacional con un una insignia republicana en la solapa de la chaqueta, acompañado por el “número dos” del PCE, Felipe Alcaraz, y por un grupo de simpatizantes que portaban banderas tricolores y carteles en los que se podían leer: "Mandar callar, negocio real” o “Reinan porque amordazan”. Gritaron la proclama de “España, mañana, será republicana” y saludaron con un "Salud y República”. Barroso se reafirmó en sus declaraciones hechas en el acto celebrado en Los Barrios el pasado 14 de abril, en conmemoración de la proclamación de la II República.
Fernando Grande-Marlaska ha ordenado proseguir la investigación contra José Antonio Barroso (IU), alcalde de Puerto Real, acusado de un delito de injurias graves contra la Corona. Durante un acto del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, celebrado en Los Barrios (Cádiz), Barroso aseguró que el Rey era de “condición deleznable”, e “hijo de una persona de condición licenciosa, deplorable”. Le llamó “hijo de la crápula” y “corrupto” y dijo que se le debería aplicar la ley de extranjería. En su auto, el juez de Audiencia Nacional considera que el alcalde “trascendió el ejercicio de la libertad de expresión” e incurre en una “desproporción” al “conjugar la crítica a la institución monárquica dentro del debate político”. El juez concluye que “violentó el límite de intangibilidad inherente a la dignidad de la monarquía, de la persona que encarna, así como de los fundamentos del orden político y de la paz social”. El delito de injurias graves contra la Corona está tipificado en el Código Penal y castigado con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de multa.
El abogado de Barroso, Enrique de Santiago, anuncia que recurrirá este auto del juez, solicitando el archivo de la causa. Y advierte que “en caso de que su petición sea desestimada”, aportará a la causa declaraciones de “historiadores y documentos para demostrar” que las declaraciones de su cliente “tienen base histórica acreditada”. El alcalde manifiesta su satisfacción por la decisión del juez de no archivar la causa ya que, “esto va a abrir el debate republicano. Y favorecerá el debate sobre la naturaleza del ciudadano Juan Carlos de Borbón y su entorno familiar y empresarial”. El edil denuncia que “existen unas fallas democráticas en este sistema, en el que no se puede hablar del Rey, ni de sus negocios sucios, ni de la fortuna de origen desconocido del Monarca. El Rey es inimputable, inviolable y, por lo que se ve, incalificable”.
En sus declaraciones, Barroso insta al Monarca a explicar a los españoles por qué “su fortuna es la cuarta de España y cuál fue su verdadera implicación en el 23-F”. Reitera su “obligación de seguir insistiendo en que se conozcan todas sus andanzas porque, desgraciadamente, la visión que se tiene del Rey y de su familia es un poco de papel cuché, de novela rosa, catódica, pero que no se corresponde en absoluto con la realidad”. Barroso emplea estos argumentos y explica al juez que su intención “no era ofender a nadie”. Asegura que sus manifestaciones no son “cosecha propia” sino que están basadas en “unas referencias históricas sobre la condición personal y familiar de los miembros de la Familia Real española” que vienen recogidas en “libros, tratados y estudios históricos”.
Barroso llegó a la Audiencia Nacional con un una insignia republicana en la solapa de la chaqueta, acompañado por el “número dos” del PCE, Felipe Alcaraz, y por un grupo de simpatizantes que portaban banderas tricolores y carteles en los que se podían leer: "Mandar callar, negocio real” o “Reinan porque amordazan”. Gritaron la proclama de “España, mañana, será republicana” y saludaron con un "Salud y República”. Barroso se reafirmó en sus declaraciones hechas en el acto celebrado en Los Barrios el pasado 14 de abril, en conmemoración de la proclamación de la II República.
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