Kamikaze indultado por Gallardón.

Pese a que gallardon advierte que el Gobierno no indulta a kamikaces... El Gobierno acaba de indultar a Ramón Jorge Ríos Salgado, un directivo de la firma Opel que hizo de kamikace, provocando la muerte de otro conductor y heridas a su acompañante. Los 13 años de cárcel –sólo ha pasado diez meses en prisión– han sido cambiados por 2 años de multas de 6 euros diarios (un total de 4.380). La medida de gracia fue concedida con informes contrarios de la Audiencia Provincial, de la fiscalía y de las víctimas. Tan solo el informe elaborado por la prisión recomendaba la excarcelación del recluso. El indulto, publicado a principios de este mes en el Boletín Oficial del Estado, no es el único de 2013. El Ministerio de Justicia ya ha publicado 16 en lo que va de año. Pero este es el que ha provocado más protestas, escándalo y vergüenza.

El 1 de diciembre de 2003, Ramón Jorge Ríos Salgado chocó con un vehículo a la altura de Torrent (Valencia). El coche tuvo que apartarse al arcén y avisar a los servicios de emergencia. Seguidamente, el kamikaze accedió a la autopista AP-7 por una garita de peaje y circuló a gran velocidad en sentido contrario, sin avisar de su conducción contrasentido ni efectuar maniobras de evasión para no chocar con los vehículos que circulaban en el sentido correcto. Finalmente, colisionó con un segundo coche, matando a su conductor e hiriendo a su acompañante. En 2011, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ríos Salgado a 13 años de cárcel por conducir con grave desprecio para la vida de los demás. Ahora el Ministerio de Justicia, al frente del cual está Gallardón, le conmuta la pena por dos años de multa a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en un plazo de cinco años.

Ana Novella, presidenta de la asociación Stop Accidentes, lamentó el indulto y lo calificó de “incongruente” si lo que se pretende es reducir el número de accidentes. Afirma que el número de solicitudes de indulto está aumentando entre los conductores penados y critica que finalmente los culpables no cumplan sus penas. Ximo Puig, secretario general del PSOE valenciano, considera que la Fiscalía debe investigar si ha habido tráfico de influencias en el indulto del Gobierno a este conductor kamikaze que provocó la muerte de una persona. Además, estima que Gallardón se debería haber abstenido en esta decisión ya que el hijo del ministro trabaja en el bufete que defendió al condenado. “Hay que estudiar e investigar en profundidad ese atisbo claro de tráfico de influencias”, apostilló. Argumenta que la decisión del Gobierno “no es racional”. El indulto se tomó en contra de jueces, fiscalía y victimas.

En su opinión, “el ministro se debería haber abstenido” en la toma de esta decisión, teniendo en cuenta que un hijo del actual ministro de Justicia, trabaja en el bufete que defendió al conductor kamikaze indultado, el despacho de Uría y Menéndez y que el abogado que le defendió fue Esteban Astarloa, hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP, ex subsecretario del Ministerio de Justicia –departamento que tramita los indultos– y ex secretario de Estado de Seguridad. “Si el ministro –apostilló– no sabe nada es un irresponsable porque es un tema suficientemente importante para saberlo”. Gallardón reconoce que su hijo trabaja en dicho bufete, pero argumenta que se trata de un despacho muy grande, con más de 500 abogados y que tiene 15 oficinas en todo el mundo.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, asegura que no es la “política” del Gobierno indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial y cree que el Gobierno debería estar más atento en la próxima ocasión. “Evidentemente, pone de manifiesto que, en el futuro, tendremos que estar más atentos a algunas cuestiones”. Pese a estas declaraciones, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado desde enero de 2012 hasta seis indultos a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico, dos más de los que se concedieron en toda la legislatura anterior, aunque lejos de los 18 que concedieron entre 2004 y 2007 (coincidiendo con la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero) y los 313 otorgados entre el año 2000 y el 2004, estando en el Gobierno José María Aznar.