miércoles, 24 de abril de 2013

El SUP responde al director policial: “Nunca aspiramos a caer tan bajos”.


 
Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía.
 
 
José Manuel Sánchez Fornet, secretarlo general del SUP.

El ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Policía, remitió a todas las comisarías y dependencias policiales una orden a los agentes para que dejen de utilizar el término “escrache” cuando hablen de este tipo de acciones contra representantes políticos y se refieran a ellas como “acosos, amenazas y coacciones”. Según el texto de la orden, este tipo de acciones ha sido utilizada durante las últimas semanas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para exigirles a los diputados del PP que apoyaran la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, Cristóbal Montoso, ministro de Hacienda, o  Jesús Posada, presidente de las Cortes, fueron algunos de los políticos que sufrieron  un escrache.

José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, advierte que “con esta criminalización masiva, puede ocurrir que hagamos una denuncia y que el acosado, amenazado o coaccionado no ratifique nuestra denuncia ante el juez, y que los denunciados nos denuncien a los policías por denuncia falsa. Entonces, los responsables penales serían los policías que firmen la nota, no el ministro ni el director general”. El SUP considera que, en un escrache, seguimiento o manifestación pacífica, “puede haber o no coacciones, amenazas o acoso”, y por ello, piden a los agentes que “no imputen ningún acto delictivo sin poder demostrar que se ha cometido”, es decir, que esperen a que “el acosado, amenazado o coaccionado” presente la denuncia, porque no hay “garantía de protección jurídica” para actuar antes. Según asegura el sindicato policial, se está instando a los agentes a imputar delitos de acoso, amenazas y coacciones “en todos los escarches”, lo que les obliga a “hacer una comunicación al juzgado” y a “identificar a las personas a las que vamos a acusar”. Y asegura este sindicato que, “con esta criminalización masiva, los responsables penales de ello serán los policías que firmen la nota, no el ministro ni el director general”.
 
La orden emitida por Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, fue remitida en una circular a todas las comisarías. Nada más conocerse esta 'ocurrencia' del número dos de la Policía, el SUP ha salido públicamente a señalar que “cuando se hayan de hacer diligencias, minutas o nota informativa sobre la práctica conocida como escrache, en cumplimiento de las órdenes recibidas el pasado viernes, dicha palabra puede sustituirse por seguimiento, manifestación pacífica o cualquier otra que no suponga imputar un hecho punible a nadie, para evitar denuncias de los afectados que pueden ser aceptadas por la autoridad judicial y de la que serán responsables los instructores o redactores de la nota”. Y el SUP responde con ironía: “Nunca los policías demócratas aspiramos a caer tan bajo. Gracias, Rajoy, te has cubierto de gloria en Interior”.

1 comentario:

Anónimo dijo...

MARCHANDO UNA DE BRAVAS
No es mi intención hacer un chiste fácil sino más bien adscribir lo que me parece un hallazgo definitorio al concepto que se corresponde plenamente, y en este orden de cosas, diríase que nuestra democracia es simulada y en diferido. Es decir, falsa y en tiempo pasado y/o virtual. En consecuencia, supuesta. Ante esta consideración y siendo optimistas, al menos cabe presuponer que la democracia y el estado de garantias que esta implica no es algo completamente inexistente y que en algún momento siquiera la rozamos, o bien la percibimos, siendo esto último lo que resulta más esperanzador -si cabe- ya que al menos aventuraría el camino correcto de lo posible o realizable. Lo cierto es que la democracia en nuestro país se desbarató o no es real por insostenible. Aquí se ha jugado -y se sigue haciendo- con cosas que no tienen repuesto, como la dignidad de las personas sin empleo y la humillación sistémica practicada hacía el común de los ciudadanos por el gobierno y su administración pública como instrumento torturador. Añadamos a a ello el saqueo y la corrupción generalizada desde todas las instituciones y cargos de representación oficial. Todo esto es en realidad un magnífico sucedáneo con apariencia muy fidedigna, -eso si- de democracia. "Los ciudadanos expresaron su opinión libremente con sus votos en las pasadas elecciones" -dicen los legitimistas muy ufanos del ordenamiento constitucional- y es el mismo y trágico argumento que emplea habitualmente el maltratador ante la mujer apaleada cuando escupe su frase: "Nadie te obligó a casarte conmigo y además sabías muy bien lo que hacías." Con el engaño y la farsa puestos ya inexcusablemente al descubierto, asistiremos -hoy mismo, ya sin tapujos- a la represión tiránica carácteristica de los totalitarismos. En España seguimos luchando por la Libertad y la Democracia. Como siempre...

chiflos.