Martín Villa y a Utrera Molina, reclamados por la Justicia argentina por crímenes del franquismo.

 

Martín Villa y José Utrera.



La jueza argentina María Servini a su llegada a la sede del Parlamento Vasco en Vitoria.

 

La juez argentina María Servini ha ordenado la detención preventiva de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de a otros  acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones durante el franquismo. La magistrado ha encomendado a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición para ser interrogados. A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, y presidente de Endesa y Sogecable, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria, en marzo de 1976, de cinco trabajadores por una carga policial. Utrera Molina, suegro del ex ministro de justicia, Alberto Ruis-Galladón, fue ministro de la Vivienda, en 1973, ministro secretario general del Movimiento del 1974 a 1975), y se le considera responsable de la pena de muerte del anarquista, Salvador Puig Antich, último ajusticiado a garrote vil en España (1974).

Además de la detención preventiva de estos dos ex ministro franquistas superconocidos, la juez Servini ha pedido la de otros  acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones ocurridas durante el franquismo. Y el fiscal argentino, Ramiro González, pidió hace unos días a la juez Servini que imputase cinco exministros españoles, a dos juristas, a ocho expolicías y a un médico ginecólogo denunciado por haber intervenido en la sustracción de menores. La Justicia de Argentina emitió una orden de detención internacional contra veinte dirigentes, juristas y presuntos torturadores de la dictadura franquista para tomarles declaración indagatoria en la causa sobre los crímenes del franquismo por delitos de lesa humanidad o genocidio. Entre ellos, hay rostros conocidos como el del excomisario de Leganés, Jesús Reglero; y el ex abogado de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.

“Es una gran noticia y un triunfo de las víctimas del franquismo que nunca han cesado de luchar por sus derechos y con sus propios recursos, muy limitados –ha declarado Carlos Slepoy, abogado de las víctimas–. Ahora tenemos qué esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo responde el Gobierno y el Estado español y si puede mantener la teoría de que estos crímenes ya están prescritos”. Los veinte franquistas sobre los que pesa la detención internacional pueden dividirse en cuatro grupos. Por un lado, los exministros que firmaron las penas de muerte de Salvador Puig Antich o de los cinco últimos fusilados por el franquismo en septiembre de 1975. Por el otro, los acusados son corresponsables de la matanza de Vitoria en marzo del 76, siendo Martín Villa ministro de Relaciones Sindicales y Alfonso García ministro de Presidencia. Otro apartado estaría dedicado a jueces y letrados conocidos, como Carlos Rey (ex abogado de la política del PP Alicia Sánchez Camacho) y, por último, un nutrido grupo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado por presuntas torturas.

La Audiencia Nacional rechazó extraditar al ex policía Antonio González Pacheco, 'Billy el niño' y al ex capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, por estar prescritos sus delitos y numerosos juzgados españoles archivaron este tipo de casos. Servini, que viajó el pasado mayo a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente para conocer esta querella criminal y enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.  Servini defiende la jurisdicción por parte de los tribunales argentinos y alude a la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. E Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional, instó a España a colaborar con la Justicia argentina. En declaraciones a Europa Press, da la “bienvenida” a la resolución de la jueza argentina:“Esperamos que esta vez España cumpla las recomendaciones de Naciones Unidas y colabore con la Justicia argentina”.  Jovtis indica que los argumentos de la jueza argentina en esta nueva resolución son iguales a los empleados con 'Billy el niño' y Muñecas, al tiempo que alega que es competente para dirigir esta querella criminal porque “enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad”.