Crece la España negra y corrupta.

 

 

Cuando aún no se ha apagado el eco de la ‘Operación Púnica’ dirigida por el juez Eloy Velasco, con la detención de 51 personas en distintas provincias, la juez Mercedes Alaya ordenó una nueva redada –la Operación Enredadera–, también de ámbito estatal, contra “funcionarios corruptos”, con 32 detenciones. Esta vez sólo dos eran políticos –sólo dos: Sergio Marchín, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, y Cristóbal Pérez, del PP, segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén)– y el resto, funcionarios. El objetivo de esta operación fue desentrañar la infraestuctura creada por la empresa Fitonovo para obtener contratos públicos de forma ilegal. Pero, a todas estas operaciones contra la corrupción, se le añaden las sospechas de que el PP se lucrara de la trama Gürtel, con probable conocimiento de sus dirigentes. La Audiencia Nacional confirmó esta semana que “existen indicios” de que el Partido Popular (PP) “se ha aprovechado en determinada cuantía de los efectos de los supuestos delitos” que cometieron los ex alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, por sus actividades con la trama 'Gürtel'. Sostuvo que sus dirigentes tuvieron que “tener conocimiento de aquellos dispendios que repercutieron en su propio peculio”. En un auto notificado el martes pasado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazaba el recurso de apelación que los 'populares' presentaron contra un auto dictado en julio pasado por el juez Pablo Ruz en el que cuantificaba el lucro que el PP de Pozuelo y el de Majadahonda podrían haber obtenido de las actividades de la trama, un total de 236.864 euros. En su resolución, los magistrados de la Sección Cuarta citaron cinco informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que constan en el procedimiento. Entre ellos, uno que apunta que la relación de la trama con el PP era “simbiótica” en lugar de “parasitaria”. Señalaron que la personación del PP en la causa “no es novedosa”, puesto que “durante los cuatro años transcurridos”, entre mayo de 2009 y abril de 2013, ejerció la condición de “acusador popular”. Existen indicios, según el auto, de que los 'populares' “se beneficiaron de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propia de dicha formación política”. Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel aseguran, además, que sus dirigentes tuvieron que “tener conocimiento de aquellos dispendios, al repercutir en su propio peculio, de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros pagaron como gastos de las campañas electorales desplegadas en Pozuelo y Majadahonda”. Y apuntan que será en el juicio oral donde se determinará con exactitud los “contornos” de la responsabilidad civil y su cuantía exacta.

“Nuestros horizontes son verdes”, decía el eslogan de Fitonovo. Pero la empresa sevillana visualizó una perspectiva más oscura. Ligada al soborno, según se desprende de la investigación de la Guardia Civil, habilitó “una red de contactos con funcionarios corruptos” y así logró contratos públicos, mediante regalos y 'mordidas' camufladas en una contabilidad paralela. El grupo sevillano estaba dedicado a “ofrecer servicios medioambientales a entidades públicas y privadas” y estaba en la base de una organización criminal que se habría dedicado durante nueve años a lograr contratos públicos a través de sobornos. La juez Alaya ordenó el ingreso en prisión, eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros, del director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera. El dueño de la empresa, Rafael González Palomo, y su hijo y administrador único, Juan Antonio González Baró, fueron claves para destapar “una organización criminal” que ha conducido a la detención de 32 personas en 13 provincias españolas. La Operación Enredadera, permitió conocer cómo funcionarios y cargos públicos, la mayoría del segundo escalafón de diversas Administraciones y otros relacionados con PSOE, PP, IU y Coalición Canaria, amañaban contratos públicos a cambio de mordidas o regalos. Una “red de contactos con funcionarios corruptos” que facilitaban las contrataciones. Fitonovo creó una contabilidad B con facturas falsas. De ahí se pagaban los sobornos. Es el retrato de la enésima trama de corrupción que asfixia al país. La Operación Enredadera es, en realidad, la tercera fase de la operación Madeja, vinculada al Ayuntamiento de Sevilla. Tiene su origen en el caso Mercasevilla. De ahí nació también el caso ERE. Cuando Mercedes Alaya comenzó a investigar si se había amañado el concurso para vender los suelos de la lonja sevillana a una promotora que había dado donaciones al mercado, no podía ni imaginar que daría con algunos de los casos de corrupción más graves en Andalucía.

Operación Madeja.

La Operación Madeja persigue “un entramado criminal” supuestamente dedicado a amañar contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines. Se han detenido al menos a 30 personas entre los que se encuentran técnicos, empleados públicos y políticos, la mayoría de ellos en Sevilla, donde la Guardia Civíl registró la Diputación. Diez arrestos se llevaron a cabo  en esta ciudad; cuatro, en Córdoba; tres, en Jaén; tres, en Huelva; dos, en Madrid; otros dos, en Badajoz y otros en Cádiz, Granada, Valencia, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Las actuaciones se enmarcan dentro de la tercera fase de Operación Madeja, que investiga adjudicaciones relacionadas con la jardinería. Está dirigida contra una trama que facilitaba contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos. Fitonovo, actualmente en concurso de acreedores, aparece en el Registro Mercantil como una empresa creada en 1990 con domicilio en Salteras, un pequeño pueblo a pocos kilómetros de Sevilla capital. Comenzó presentándose como “todo un referente en el diseño, creación y mantenimiento de parques y jardines” y acabó siendo una empresa destinada a la “realización de toda clase de obras y construcciones”. En 2012, facturó 31,5 millones de euros. En 2003, comenzó su ascenso, de la mano de jugosos contratos vinculados al área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces en coalición por PSOE e IU. Los investigadores del Instituto Armado descubrieron que, en esta empresa, se creó una “red de contactos con funcionarios corruptos” que les facilitaba la obtención de contratos públicos de forma irregular. Pese a las 32 detenciones, la operación continúa abierta y podría haber más arrestos.  

La juez Mercedes Ayala.

                                                                                                                             
En Jaén, se arrestó a Cristóbal Pérez, el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad. Agentes de la Guardia Civil realizaron un registro en el que se incautaron de información relacionada con la empresa Fitonovo, centrada en el ordenador del detenido. Francisco Gallarín, alcalde del municipio, explicó que el Consistorio carolinense había tenido tres obras con la referida empresa; una de ellas, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior, y  otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual. Además, en Jaén fuerpn arrestados un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento. En Granada, los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil)  arrestaron a de una mujer de 39 años, ex empleada de Fitonovo. Y el martes pasado, la jueza, Mercedes Alaya, citó a  José Antonio González Baró y Rafael González Palomo, empresarios de esa empresa, así como a Ángel Manuel Marcedo, administrador de la empresa Fiverde, para ampliarles su imputación inicial derivada de la 'operación Madeja'. La jueza amplió la declaración de estos tres imputados y les aludió a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a Antonio Miguel Ruiz Carmona, igualmente detenido.  Carmona desempañaba el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato, cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU). El pago al que hace referencia la juez Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011. La Guardia Civil detuvo también a Carlos Gamito, asesor jurídico de Fitonovo y a un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. La juez investiga si Domingo Enrique Castañó, exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.

 Domingo Enrique Castaño, imputado en el caso Mercasevilla, sale en libertad tras pagar una fianza.

La Operación Madeja se desarrolló en dos fases, en julio y diciembre de 2013. En la primera fue detenido Domingo Enrique Castaño, vinculado al exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y exdirector del área de Vía Pública. El espectacular incremento de su patrimonio encendió las alarmas. Junto a su esposa, la abogada Ana María Vaquero, acumularon 400.000 euros, un incremento injustificado de su patrimonio. Detenido e imputado como su compañera, Castaño abandonó la cárcel el pasado mes agosto, tras pagar una fianza de 60.000 euros. Supuestamente, otorgó a Fitonovo y a su filial Fiverde contratos por valor de 5,4 millones de euros. El dueño de la empresa declaró haber pagado un sobre con 30.000 euros a Castaño y dijo que, según este le trasladó, “parte iba a parar al PSOE”. Coches de alta gama, móviles o la construcción de un chalé figuran entre las prebendas recibidas de un nombre habitual en las crónicas de corrupción de la ciudad bajo el mandato socialista. Pero la declaración más importante se produjo ante la juez Alaya meses más tarde, en diciembre. El administrador de Fitonovo, Juan Antonio González Baró, hijo del dueño, tiró de la manta. Su relato fue clave y puso a la juez Alaya sobre la pista. Aseguró haber pagado 700.000 euros en mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de contratos entre 2003 y 2012. Uno de los pasajes más llamativos de su relato se refiere al pago de 70.000 euros en una caja de zapatos a un exresponsable de IU en el Ayuntamiento de Sevilla pocos meses antes de las elecciones municipales de 2011. Todo apunta a que ese hombre, detenido en la Operación Enredadera, Antonio Miguel Ruiz Carmona, habría recibido ese dinero a cambio de la contratación de once campos de césped artificial. La juez eleva la cifra a 85.000 euros. Era asesor de Antonio Rodrigo Torrijos (IU), que fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Todo apunta a que Fitonovo mantuvo sus prácticas con Juan Ignacio Zoido (PP) ya en el Ayuntamiento de Sevilla. Las adjudicaciones públicas a Fitonovo estuvieron en vigor hasta que estalló la investigación judicial. Entre los imputados figura el exdirector del Área de Medio Ambiente, Joaquín Peña, a quien la juez impuso una fianza de 200.000 euros. El alcalde lo destituyó de forma fulminante el pasado diciembre, tras el registro de su despacho por la Guardia Civil.

  El empresario Rafael González Palomo, dueño de Fitonovo.

La operación Madeja saltó a los medios el 9 de julio de 2013 y se saldó inicialmente con la detención de Domingo Enrique Castaño, su mujer y los empresarios Rafael González Palomo, dueño de Fitonovo, y Ángel Manuel Macedo, administrador de Fiverde, otra empresa controlada a su vez por el dueño de Fitonovo, que siguió obteniendo jugosos contratos con el gobierno conservador que dirige Juan Ignacio Zoido. Durante la primera fase de la investigación, la Guardia Civil se hizo con un archivo Excel, en el que figurara una relación detallada de funcionarios y políticos –pero sobre todo funcionarios– a los cuales la empresa pagaba mordidas a cambio de la obtención de contratos. Según adelantó en su día andalucesdiario.es, el alcalde de Sevilla se cogió un “gran cabreo” –aseguraron entonces fuentes cercanas al regidor– al enterarse de que Fitonovo figuraba entre los adjudicatarios del macrocontrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad por valor de 48 millones de euros. Los 10,5 millones recibidos por el lote 3 de dicho contrato, concedido en septiembre de 2012, podrían ser en realidad casi el triple, más de 29 millones, dado que Fitonovo parece formar parte de una red societaria con Conversa S.L. y Bremacons Servicios Ambientales S.L., que obtuvieron por su parte los lotes 2 y 4 por importe de 10,8 y 7,8 millones respectivamente. En su declaración ante la jueza Alaya, Palomo dijo haber dado a Castaño 30.000 euros: “Me dijeron que eran para el PSOE”, declaró, aunque sin dar más detalles. Las pesquisas judiciales revelaron que el exdirector de Vía Pública había recibido un vehículo marca Audi pagado en el concesionario por Fitonovo, según el atestado de la Guardia Civil. Fuentes consultadas en Parques y Jardines y las empresas concesionarias coincidieron en su día en señalar a andalucesdiario.es que “Parques y Jardines de Sevilla no suele ser rentable”, por lo que el modus operandi consistía en pujar muy bajo para hacerse con la concesión a cambio de recibir contrapartidas en forma de adjudicaciones en obra civil. “Fitonovo no obtenía beneficios significativos porque tiraba los precios para adjudicarse los lotes, pero sabía, además, que le iban a adjudicar toda la obra civil que saliera”, contaba a este periódico un exempleado. “Están con un mismo personal haciendo dos trabajos”, concluía.

Fitonovo repartió 1,6 millones de euros en “mordidas” en la empresa estatal ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)  para asegurarse un “macrocontrato”. Así lo destacaba el pasado miércoles Alfonso Alba en el periódico digital Andaluces.es. Los pagos habrían sido ordenados y anotados por el director general de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera Foye. Estos pagos estarían acreditados en un “programa de contabilidad” localizado por la Guardia Civil en el registro de las oficinas de Fitonovo y en el despacho del propio Bruguera, en el municipio sevillano de Salteras. De hecho, fuentes del instituto armado destacan que “los pagos a funcionarios están acreditados por las correspondientes facturas y anotaciones manuscritas en las mismas”. El objetivo de estos pagos (que no son tan elevados como en el caso de Córdoba pero que se repiten en Sevilla, Jaén, Zaragoza, Barcelona y hasta Madrid) es que Fitonovo se asegurase un “macrocontrato” con ADIF para “la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad” en trabajos de desbroce de cunetas y taludes. De hecho, la Guardia Civil constata cómo Fitonovo tiene una “importante facturación” con ADIF a partir del año 2008, que es cuando empieza a hacerse con estos contratos. Los investigadores apuntan, además, que Fitonovo paga tanto al gerente como al técnico de Infraestructuras de ADIF en las provincias de Córdoba, Sevilla y Zaragoza con el objetivo de asegurarse que finalmente se haría con los contratos.

 

 

En total, Fitonovo habría sobornado a diez técnicos de ADIF para hacerse con este macrocontrato. En sus mordidas, la empresa investigada por la Guardia Civil habría discriminado el importe de los sobornos según el cargo del sobornado. Así, a los gerentes pagaba cantidades superiores a los 100.000 euros, mientras que a los técnicos los importes variaban de los 30.000 a incluso cantidades menores de apenas 2.000 euros. Eso sí, siempre a cargo de la caja B de Fitonovo. El mayor de todos los sobornos detectados en la operación Enredadera corre a cuenta, presuntamente, del funcionario E. J. F. R., directivo de ADIF en Córdoba, entre los años 2003 y 2012. Este funcionario habría recibido un total de 1.004.624 euros. La segunda mayor “mordida” la habría cobrado, siempre según fuentes de la investigación, un directivo de ADIF en Sevilla, igualmente arrestado. En concreto, A. R. J. habría cobrado un total de 418.191 euros entre el 2000 y el año 2011. Fitonovo también se extendió fuera de Andalucía. Así, para hacerse con este macrocontrato, la empresa sevillana pagó, presuntamente, un total de 100.400 euros al gerente de ADIF en Zaragoza, J. A. G. P., entre los años 2003 y 2009. La juez Alaya, en uno de sus escritos, destaca que “el informe elaborado por la Guardia Civil ha sido exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionarios públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales funcionarios públicos”. Además, agrega que “todo esto se ha puesto de manifiesto en el atestado de la Guardia Civil, cuya excelencia en el análisis de prueba permite concluir que los indicios existentes contra los imputados son extraordinariamente sólidos y consistentes”. Adif también ha decidido aplicar medidas disciplinarias a los empleados imputados. En concreto, abrirá expedientes disciplinarios a todos los trabajadores que siguen en la compañía (tres de los nueve detenidos ya están jubilados). Además, en el caso de los cargos de libre designación acusados, los servicios jurídicos recomendaron rebajar su categoría a la de un puesto técnico como medida temporal. Asimismo, se ha suspendido temporalmente de empleo y sueldo al trabajador de plantilla que ingresara en prisión provisional por orden de la instructora del caso, la jueza Mercedes Alaya.

 

 Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.

Dos exvicepresidentes del Gobierno, miembros de la Familia Real, exministros, exsenadores y dirigentes empresariales y sindicales, forman una corrupción galopante con 130 causas, más de 1.900 implicados y sólo 170 condenados. No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, ya sea porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos pendientes. Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Pública –a todos los niveles– y empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas. En la lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero (caso Bárcenas), el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda). Entre los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los exvicepresidentes del Gobierno Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y salida a Bolsa de Bankia) y Narcís Serra (Catalunya Caixa), los exministros Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía) y Ángel Acebes (caso Bárcenas y caso Bankia), la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin (caso Nóos), la exsenadora Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el exalcalde de Santiago, Ángel Currás (Pokémon) y el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

 

 Granados y el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez.

En algunos casos, los condenados acumulan sentencias. Por ejemplo, Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento balear y de Unió Mallorquina (UM), está condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge e imputada en otros; y el exministro y expresidente balear Jaume Matas, por el caso Palma Arena e imputado, al menos, en cinco causas más. (como Nóos y Son Espases). En una situación similar se encuentra el exsenador Miguel Zerolo, sentenciado en un caso e imputado en otros dos de su etapa como alcalde de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero están investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos casos derivados de Brugal. La gran mayoría de las causas aún no se han cerrado y los condenados no han pisado todavía la prisión.  Por lo tanto, los condenados siguen siendo una minoría. Además, a algunas de las personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de inhabilitación o de menos de dos años de cárcel, razón por la que no han entrado en prisión. En otros casos, recurrieron la sentencia o pidieron el indulto, como hizo Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, por lo que tampoco se produjo su ingreso. Sin embargo, entre los más de 30 que están entre rejas destacan Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión del Ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas. Otros están en prisión preventiva porque aún no han sido juzgados, como Luis Bárcenas, o algunos de los implicados en la Operación Púnica, desarrollada recientemente y en la que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, enviara a la cárcel al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, al empresario de la construcción, David Marjaliza y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.

 

 La familia Pujol.

Entre algunas de las operaciones más mediáticas de los últimos meses que aún no se han convertido en imputaciones destaca el caso del expresidente catalán. Jordi Pujol, que este verano reconocía haber tenido dinero durante años en el extranjero y, aunque hay querellas contra él en los juzgados, de momento sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados tres de sus hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol (caso de las ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal). Tampoco está imputado  José Ángel Fernández Villa, el histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT que regularizó 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal. Por las supuestas 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia sólo están imputadas tres personas (Blesa, Rato y el exdirector general, Ildefonso Sánchez-Barcoj). El juez les atribuye el diseño de las tarjetas. Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los implicados han evitado dimitir, alegando que aún no han finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo –que revelaron el auge de Podemos– los partidos se sienten obligados a exigir dimisiones de una manera más rápida.

 

 Jesús García Calderón, fiscal superior del TSJA. Foto: García Hinchado.

Jesús García Calderón, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), alerta del fracaso de la lucha contra la corrupción a pesar de la proliferación de procesos judiciales de estos días. La apariencia de depuración es  insuficiente, ya que, a su juicio, si no se adoptan profundas reformas legislativas y penales, la corrupción en España seguirá siendo una constante. “Quizá podremos vencer a éstas –afirma en una entrevista con Javier Caraballo, en El Confidencial– pero aparecerán otras formas de corrupción tan peligrosas como las actuales y seguiremos perdiendo esta batalla que parece interminable”. Cada vez que, como en la actualidad, la alarma social se eleva por la proliferación de procesos judiciales que destapan numerosos casos de corrupción, la respuesta política habitual consiste, esencialmente, en el anuncio de un paquete de medidas legislativas tendentes al incremento de las penas en algunos de los delitos que ya están contemplados. Sin embargo, lo que no ocurre nunca es que las reformas que se plantean promuevan una mayor dotación de medios para combatir la corrupción y una reforma profunda de la justicia española. “¿Las causas de nuestro fracaso en la lucha contra la corrupción?”, se pregunta el fiscal andaluz y apunta directamente a la clase política. “Al margen de la falta de un compromiso ético o moral y presupuestario, como razones absolutamente primordiales, me atrevería a citar dos: la falta de suficientes instrumentos de control administrativo y contable, por una parte, y la falta de una ley procesal de nuestro tiempo que establezca plazos tasados de investigación y permita, de una vez por todas, la creación de una verdadera Policía Judicial suficientemente dotada y con la dependencia orgánica y funcional de Jueces y Fiscales”. García Calderón alude al incomprensible anacronismo existente en España que cuenta con una Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en su encabezamiento, señala que fue aprobada por “Real decreto de 14 de septiembre de 1882”. Hace unos días fue el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien ironizó sobre el inconveniente de combatir la corrupción del siglo XXI con un sistema procesal “pensado para el robagallinas, no para el gran defraudador”.

 

Salida de un vehículo de la Diputación de Sevilla, donde agentes de la Guardia Civil efectuaron un registro y detuvieron a un funcionario.

El incremento de las penas le parece a Jesús García Calderón una medida de efectos limitados ya que las sanciones actuales pueden ser, con alguna corrección, suficientemente enérgicas. “Lo que debería ampliarse es el plazo para la prescripción de algunos delitos, redefinir el encubrimiento y señalar con suficientes garantías las medidas cautelares, personales y materiales, que puedan adoptarse en el curso de la instrucción criminal. La disuasión, como en tantos fenómenos criminales, no vendrá determinada por una elevación de la pena, sino por una mayor eficacia en la persecución y por la recuperación íntegra de los beneficios ilícitamente obtenidos. La recuperación del dinero de la corrupción, podríamos considerarlo una de exigencias fundamentales de la sociedad; una reivindicación que se repite como frustración tras cada escándalo que llega a los tribunales. Sin embargo, tampoco en este aspecto se avanza en el desarrollo legislativo”. El fiscal del TSJA tiene claro que en una situación de alarma social como la actual debe preocuparnos mucho la corrupción pero mucho más debe preocuparnos la forma de reaccionar ante ella. “La disuasión no vendrá determinada por una elevación de la pena, sino por una mayor eficacia en la persecución y por la recuperación íntegra de los beneficios ilícitamente obtenidos”. En este sentido, el fiscal superior del TSJA defiende que la corrupción política tiene que comenzar a tratarse penalmente como “crimen organizado”, en vez de considerar particularmente cada caso que se detecta en un mismo partido político, como si fueran realidades inconexas. “Hablamos de complejas tramas de corrupción, como las que se han descubierto en España tras el escándalo de los ERE, la Gürtel o la reciente operación Púnica. La corrupción política y financiera supone, en sus manifestaciones más graves, una forma de crimen organizado con todo lo que ello comporta, desde una punto de vista criminológico, a la hora de combatirlo con eficacia”, sostiene García Calderón.

Entres los fotomontajes publicados, destacamos los de Rokambol.com: Alfons Grau, Concejal del Ayuntamieto de Valencia y hombre fuerte de la alcaldesa, Rita Barberá, el apoyo mutuo y comprensión de Mariano Rajoy y José Antonio Monaco, presidente del Gobierno y presidente de la Junta de Extremadura, El juego de las abuelas de Podemos…

Entre el humor semanal, seleccionamos el de  Erlich.

 

Otros humoristas de la prensa: Laura Santolaya, Álvaro, El Roto, Forges, Peridis, M. Fontdevila, Pat, J. R. Mora…

Pep Roig nos presenta: Dignidad en simulado y diferido, Monumentales, Enrocados, No están todos los que son, Dignidad política española y Propuestas, no; amenazas, sí.

 

En los vídeos de esta semana elegimos el de Polònia, que descubre en donde se escondió Mariano Rajoy después del 9-N.

Pablo Iglesias acudió el jueves a escuchar el concierto de Javier Krahe en la sala Galileo Galilei de Madrid. El cantautor le invitó a subir al escenario para cantar juntos la conocida canción 'Cuervo ingenuo' que, en 1986 Krahe, le dedicó a Felipe González por haber traicionado las ideas con las que llegó al Gobierno en 1982.

Interesante el debate entre Pablo Iglesias y Juan Fernando López Aguillar, mantenido el martes pasado.

Escalofriante viaje por una carretera al borde del abismo por parte del atleta Berghaus, Mick Fowler y su compañero, Paul Ramsden, registrado en octubre del 2013. Fue el primer intento de ascender el Kishtwar Kailash en el Himalaya indio.