martes, 1 de marzo de 2016

Los españoles “non gratos”.

 El Rey Juan Carlo I y la Reina Sofía, “personas non gratas”.
 Felipe González y Mariano Rajoy, “personas non gratas”.
Otras personas "non gratas"

Mariano Rajoy, presidente en funciones del Gobierno, dice sentirse “muy pontevedrés” y  recuerda su vinculación a la ciudad en la que vivió 15 años, se casó y acude de vacaciones siempre que puede. Confiesa que no le ha gustado ser “la primera persona declarada “non grata” en la historia de esta ciudad”. Y que no le gustó la calificación. Los votos de los concejales del PSOE, Marea y BNG  bastaron para hacer realidad un repudio municipal al líder de los 'populares' que llega tras la prórroga otorgada por su Ejecutivo a la papelera Ence, levantada sobre una parcela de litoral público, para que pueda continuar con su actividad en la ría durante otros 60 años más. El Ayuntamiento de Pontevedra, ciudad que le vio comenzar su carrera política y en donde conoció a su mujer, Elvira Fernández, oficializó un nombramiento que convierte a Rajoy en la primera persona con esta calificación. “Con alevosía y en funciones –recuerda Agustín Fernández, concejal del PSOE–, Rajoy aprobó una prórroga, confundiendo el Consejo de Ministros con el Consejo de Administración de Ence”. Recuerda que, con esta  esta decisión, el Gobierno de Rajoy condena a los pontevedreses “a más años de masacre medioambiental, destrucción, prepotencia y chulería”. El socialista espera que esta declaración de persona 'non grata' sirva para que Rajoy “sienta vergüenza cada vez que venga a esta ciudad”.  Rajoy admitió que le había dolido más esta declaración que la agresión que recibió en Pontevedra. “Ni siquiera a Hitler o a Stalin les pegaron un puñetazo y a mí sí”, comentó al respecto.

Pero Rajoy no es el único español “non grato”. También lo es el propio Rey, Juan Carlos I, el expresidente, Felipe González; Ana Pastor, otra gallega; José Manuel Soria, ministro del PP y otros. El Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Berga aprobó, en mayo de 2012, incluir en su 'lista negra' al Monarca “como consecuencia de la herencia dictada por su antecesor Francisco Franco”. La moción se aprobó con los únicos votos a favor de la CUP y las abstenciones de los concejales convergentes y socialistas. El grupo municipal del Partido Popular votó en contra. En aquel pleno, la Candidatura de Unidad Popular también pidió que se revocara el acuerdo del 17 de julio de 1962 que otorgaba al dictador Francisco Franco el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad y la Medalla de Oro de la Ciudad.

El caso más reciente fue el del expresidente del Gobierno Felipe González, declarado, en abril del año pasado, persona “non grata” por Venezuela por “intentar interferir en los asuntos internos del Gobierno Bolivariano”.  El Parlamento venezolano argumentó que la actividad de González como defensor de los opositores venezolanos, Leopoldo López y Antono Ledezma, suponía una “interferencia” en asuntos de Estado. Algo que, sin embargo, no preocupó en exceso al expresidente socialista. “No es la primera vez que me declaran persona 'non grata' –declaró Felipe González en una entrevista–. En septiembre de 1977, los militares argentinos, encabezados por Videla, me prohibieron la entrada”. También la actual ministra de Fomento fue declarada persona 'non grata' por el Ayuntamiento de Vitoria por espacio de dos horas, hasta que el entonces alcalde, Javier Maroto, convocó una Junta de Portavoces en la que se anularía la declaración. Y el de Industria ya ha sido señalado por dos municipios. 

El caso de José Manuel Soria es aún más esperpéntico. El titular de Energía, Industria y Turismo fue declarado persona 'non grata' por el municipio canario de Arrecife, en junio de 2014, por las prospecciones petrolíferas que el Gobierno pretendió llevar a cabo en aguas de Canarias. Alternativa Ciudadana defendió esta solicitud argumentando que “la imposición del negocio del crudo en aguas canarias se ha hecho en contra de la voluntad de los ciudadanos, manifestada en varias acciones públicas ampliamente respaldadas”. Nueve meses después, el municipio leonés de La Robla copiaba el ejemplo canario incluyendo a Soria en su particular lista negra. Esta vez fue considerado defensor de las posiciones que llevaron a la minería del carbón a una situación extrema. La moción salió adelante por unanimidad. Son sólo los casos españoles más sonados de esta declaración.

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