El debate de las pensiones.

La sostenibilidad de las pensiones.

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende ordenar el debate de las pensiones e ir buscando soluciones con un mínimo consenso político, social y económico. Las pensiones mueven ya más del 10% del PIB español, dos puntos por encima del nivel previo a la crisis, de ahí su importancia para la cohesión social.

“Una voz que se abre paso –escribe José Luis Gómez,  en el artículo ‘El debate de las pensiones’, publicado por EuropaPress– es la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que apenas ve margen de aumento con los actuales niveles de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Nada nuevo en el titular pero sí en la argumentación, que es peor todavía. Si se aplica el índice de revalorización de pensiones IRP, introducido en el sistema a fin de hacer sostenibles las cuentas –léase sin seguir la evolución de la inflación–, y se liga a una fórmula que conjuga los datos de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de los últimos 5 años, más las previsiones de evolución de los mismos en los próximos cinco años y las previsiones de altas y bajas en el sistema y de la prestación media, las pensiones bajarían un 2,96%. Es más, la AIReF calcula que este índice seguiría siendo negativo hasta 2022”.

“Lo fundamental está, por tanto, en la sostenibilidad del sistema, que tiene problemas estructurales, que se acentuarán a partir del 2020, cuando se jubile masivamente la llamada generación del baby boom y los nuevos trabajadores con salarios devaluados tengan que mantener el sistema. Las reformas llevadas a cabo por los gobiernos de Zapatero (2011) y de Rajoy (2013) –retraso de la jubilación hasta los 67 años, cambio de la base de cálculo de 15 a 25 años, aplicación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019–, harán que los nuevos pensionistas tengan prestaciones más bajas que los actuales. Tanto, que se estima que, en 2030, las pensiones estarán en niveles de 2013”.

“Urge, pues, un nuevo Pacto de Toledo –concluye Gómez– donde se expliciten reformas de calado que traten asuntos como la separación de las pensiones contributivas de las que no lo son, la financiación con impuestos además de las cotizaciones y la adaptación de determinadas pensiones –orfandad, viudedad, etcétera– a la realidad del siglo XXI. No queda otra”.