Una juez argentina persigue a Martín Villa, “la porra de la Transición”, por los crímenes del franquismo mientras el Gobierno de Rajoy le sostiene y el rey le condecora.
Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación
cuando se celebraron las elecciones del 15 junio de 1977.
La juez argentina, María Romilda
Servini De Cubría, ha ordenado una vez más la detención del exministro español,
Rodolfo Martín Villa, para tomarle declaración por los delitos de crímenes
contra la humanidad durante la dictadura franquista por los que es investigado,
rechazando así la decisión tomada el pasado 13 de julio por la Sala Segunda de la Cámara
Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires que revocó un primer mandato de
arresto. La magistrada argentina investiga al que fuera ministro de Gobernación
entre 1976 y 1979 y a otros ex altos cargos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del franquismo por delitos de lesa humanidad, a raíz de la
denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y familiares,
conocida como la 'Querella Argentina' y respaldada por la Coordinadora Estatal
de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). Los abogados del exministro pidieron
al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires del que es titular
María Servini poder prestar declaración indagatoria sin tener que ser detenido
ni ingresar en prisión. Sin embargo, la juez denegó esta petición el 7 de junio
de 2017. Posteriormente, la defensa de Martín Villa interpuso una recurso que
fue estimado el pasado 13 de julio al entender que la orden internacional
dictada por la magistrada Servini es “infundada” porque no abordó de forma
correcta el espacio temporal ni el contexto que rodeó a los hechos atribuidos
al exministro español. Pero la juez argentina tardó tan sólo un día en dictar
una nueva resolución en la que, a lo largo de 55 páginas, concreta los motivos
por los que considera que Martín Villa debe ser detenido. Entre ellos, subraya
que el exministro está investigado por “graves delitos” de homicidio y crímenes
de lesa humanidad que se produjeron en el marco de una “política de Estado
sistemática impuesta por los golpistas como consecuencia de un decidido plan de
ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”.
María Servini reprocha en la resolución que en España “reina” una “absoluta
impunidad” porque los tribunales “nunca han investigado los crímenes de lesa
humanidad cometidos en España a partir de 1936”. Además, recuerda que Martín
Villa ordenó la represión de la concentración de trabajadores en Vitoria que tuvo
lugar el 3 de marzo de 1976 –donde
murieron cinco personas y más de un centenar resultaron heridas– y se
encuentra investigado por su presunta responsabilidad en seis homicidios
cometidos entre 1976 y 1977. Pese a que el exministro ha manifestado en varias
ocasiones su intención de declarar ante la juez argentina para defenderse de
los hechos de los que se le acusa, Servini afirma que éste muestra una
“contumaz posición” para eludir la justicia, ya que, desde octubre de 2014, no
se le ha podido tomar declaración indagatoria, “trámite necesario para acordar,
en su caso, su procesamiento”.
Los exministros, Rodolfo Martín Villa y José
Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
A principios del 2015, el juez de
la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, archivó la petición de la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE) de ordenar la detención de los 19 acusados
por la juez argentina María Servini de crímenes cometidos durante la dictadura
franquista, entre los que se encuentran los exministros José Utrera Molina o
Rodolfo Martín Villa. Las diligencias fueron abiertas a propósito de las
órdenes de detención con fines de extradición requeridas por Argentina por la
falta de legitimación activa de la asociación. El magistrado explicó que las
asociaciones tienen “vedada” la
participación en el proceso extradicional puesto que este queda reservado a los
Estados, en virtud del Convenio de Extradición y Asistencia Judicial en materia
penal suscrito entre Argentina y España en 1987, así como de la Ley de
Extradición Pasiva. En el auto, el magistrado explicó que este expediente se
archivaba, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia cursase una petición
formal de extradición en caso de recibirla por el juzgado de Buenos Aires. “Esta
cuestión es ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte
judicial y no en la parte política del proceso extradicional”. En este sentido,
se refería al hecho de que el Juzgado Nacional de Buenos Aires hubiera
solicitado la detención de los acusados vía Interpol pero no había remitido más
documentación al Ministerio de Justicia sobre una petición formal de
extradición. En el escrito, la asociación, integrada en la Coordinadora Estatal
de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), denunció ante el juzgado de Velasco
el “incumplimiento grave” por parte de las autoridades policiales españolas de
la legislación vigente y la “omisión escandalosa y disconforme a derecho” del
Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por
Servini. La sección argentina de Interpol pidió en noviembre de forma “urgente”
la detención preventiva con fines de extradición, pero la oficina de Madrid
protestó ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la queja. “Dichas
autoridades –explicaron– no solo incumplen con su obligación de poner a
disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que
remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano
ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto su
actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición
judicial”.
La jueza Servini De Cubria ordena detener a MarínVilla en los crímenes del franquismo.
La magistrada María Servini
imputó el pasado noviembre a Martín Villa, a Utrera Molina, suegro de Alberto
Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia, a otros políticos de la dictadura, exmiembros
de las Fuerzas Armadas, a ex jueces y hasta a un antiguo ginecólogo. Entre los
políticos, se encontraban los exministros Antonio Carro Martínez (ministro
desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre
1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último Gobierno
franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976)
y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre. Acusó a Utrera
Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma
la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, en 1974. La hermana del último
condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa. A
Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una
concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que
fueron asesinados cinco obreros y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por
armas de fuego. Al exministro de Presidencia, Antonio Carro, le denuncia de
convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos
del régimen franquista, el 27 de septiembre de 1.975, en Madrid, Barcelona y
Burgos, en los que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís
Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Angel Otaegui
Echeverría. Se dirigió contra Sánchez Ventura por haber firmado las sentencias
de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que
contra Fernando Suárez, mientras que Osorio fue acusado por su responsabilidad
por la muerte de los trabajadores de Vitoria. Además de estos cargos políticos,
la querella se dirigió contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas,
auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de
sustracción de menores. A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso
(coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), a Carlos Rey (antiguo capitán
auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas
Armadas: a Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual
Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y a Atilano del Valle. La Audiencia
Nacional rechazó extraditar al expolicía, Antonio González Pacheco 'Billy el
niño' y al excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, por estar prescritos
sus delitos.
Argentina ordenó detener al exmnistro Martin
Villa y a otros 19 imputados por los crímenes del franquismo.
María Romilda Servini, la jueza
argentina que investiga la causa, aguarda a que el Ministerio de Justicia
responda al auto enviado el 9 de marzo de 2016. Y exhorta al Estado español a
que le permita interrogar en España a 19 acusados por crímenes de lesa
humanidad durante la dictadura franquista, entre los que se encuentran los
exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, y los policías Antonio
González Pacheco, conocido como Billy el niño, y Jesús Muñecas. La magistrada
pide que su declaración sea cursada a la Audiencia Nacional para que pueda
realizar la toma de declaraciones entre los próximos 4 y 22 de abril. Se
traslada a España en esas fechas para interrogar a los querellados dentro de la
instrucción de la causa contra los crímenes franquistas. “Nos hemos movido
mucho en este asunto, pero no tenemos información ni novedades desde el
Gobierno español”, señala de manera diplomática una secretaria de la jueza
desde los juzgados de Buenos Aires. El viaje de la magistrada argentina “se
mantuvo en el aire” al no haber recibido respuesta por parte de las autoridades
españolas. Retrasó los interrogatorios a los que no renunció, pese al escaso
entusiasmo mostrado por el Estado en facilitar la instrucción. El auto fue
enviado desde Buenos Aires el pasado 18 de febrero y la Embajada española lo
recibió el 9 de marzo. Desde esa fecha obra en poder del Ministerio español de
Justicia que, a su vez, debería de trasladarlo a la Audiencia Nacional para que
dispusiera lo necesario a fin de proceder a los interrogatorios. Pero, desde el
Ministerio respondieron con un escueto “el Gobierno conoce y está estudiando la
solicitud de la jueza Servini, a la que dará contestación cuando proceda”. El
Ejecutivo de Mariano Rajoy no fue especialmente proactivo en esta causa que padeció
diferentes contratiempos, siendo ralentizada al máximo. Desde la plataforma
Goldatuz, uno de los colectivos que impulsó la querella contra los crímenes
franquistas, su portavoz, Josu Ibargutxi, asegura estar convencido de que “en
julio o a vuelta de verano, la jueza Servini insistirá en tomar declaración a
los diecinueve acusados”. Tras la negativa del Estado español a la extradición
de los acusados para ser juzgados en Argentina, la doctora Servini siguió
adelante con la causa a pesar de las complicaciones añadidas. Argentina es
competente en este caso, al enmarcar los hechos en crímenes de lesa humanidad.
En 2014 ordenó detener a los policías, presuntamente torturadores, Billy el
niño y Antonio González Pacheco pero la Audiencia Nacional española rechazó su
extradición por estar prescritos sus delitos. A Rodolfo Martín Villa le
considera responsable político de los asesinatos de los 5 obreros del 3 de
marzo de 1976 en Gasteiz, mientras que al también exministro, Jesús Utrera, le
acusa de firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974,
mediante el garrote vil. La magistrada invocó el artículo 40 del tratado de
extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de
arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e
instar en las comparecencias a que aclaren respuestas confusas o incompletas,
así como repreguntar las cuestiones que no hayan sido debidamente contestadas.
El 17 de noviembre de 2014,
Rodolfo Martín Villa aparecía en público por primera vez desde que la jueza Servini
cursara la orden de detención internacional contra él y otros 19 altos cargos
del franquismo. Ese día, Martín Villa acudió a un acto de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, en el que compartió mesa con el rey Juan Carlos
de Borbón y con Marcelino Oreja. A pesar de la orden de detención, el Gobierno
español de Mariano Rajoy paralizó, de momento, todos los trámites. Una vez más,
gracias a la Ley de Amnistía de 1977. En concreto, Rodolfo Martín Villa fue
acusado de la muerte de cinco trabajadores en los llamados “sucesos de Vitoria”
del 3 de marzo de 1976. En el trascurso de una huelga, los trabajadores se
reunieron en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero
de Zaramaga, en la capital alavesa. La policía, que tenía órdenes de desalojar
a los manifestantes, lanzó gases lacrimógenos en el interior del edificio. A la
salida del templo, disparó contra la multitud y asesinó a cinco de ellos. Al
menos 150 personas resultaron heridas de bala. En esos tiempos, Martín Villa
ejercía funciones de ministro de Relaciones Sindicales en el Gobierno de Carlos
Arias Navarro. La querella argentina lo considera responsable directo de lo
sucedido. Una responsabilidad que, según dictaminó una comisión del Gobierno
vasco, en 2008, también comparte el difunto Manuel Fraga, entonces ministro de
Gobernación. En la demanda argentina, junto a Martín Villa se pedía también la
detención de José Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Antonio Carro y Antonio
Barreda, acusados de firmar la ejecución del anarquista Salvador Puig Antich.
Antonio Carro también fue acusado de validar la muerte de los tres integrantes
del FRAP y los dos de ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Al resto de
citados se les acusó de torturas contra militantes antifranquistas. A estos
casos hay que sumar las anteriores pesquisas, frenadas también por el Gobierno,
contra el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex
guardia civil Jesús Muñecas. Otra de las acusaciones que pesan sobre Martín
Villa es su responsabilidad en el incendio del teatro Scala de Barcelona en
1978, cuando era ministro de Gobernación durante el mandato de Adolfo Suárez.
Martín Villa siempre había mostrado una especial animadversión hacia el
anarquismo. Se cuenta que llegó a manifestar que para él era más preocupante el
movimiento libertario que ETA. La represión que se ejerció contra la CNT, así
como las posteriores escisiones, dejaron mermadas las fuerzas de una de las
centrales sindicales que no habían entrado en el juego de la Transición. Tras
su paso por la política, Martín Villa se dedicó a los negocios. Entre 1997 y
2002 fue presidente de Endesa, cuando la empresa todavía era parcialmente
pública. Durante su gestión, se completó la privatización. En 2004, fue
nombrado presidente de Sogecable, cargo que ocupó hasta 2010.
Martín Villa, "la porra de la transición"
Lo cierto es que todas las
órdenes de detención cursadas dentro de la querella argentina quedaron frenadas
por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno se amparó en la Ley de Amnistía
de 1977, una norma que considera prescritos todos los crímenes franquistas, que
sólo liberó a 89 presos mientras que dejó sin juicio a centenares de
torturadores y responsables de crímenes durante el franquismo. Sin embargo,
según denuncian organismos internacionales –como la propia ONU–, asociaciones
de memoria y colectivos civiles, los crímenes del franquismo son de lesa
humanidad, por lo no hay ley nacional que los haga prescribir. Las acusaciones
sobre Rodolfo Martín Villa, conocido como “la porra de la Transición, no se
limitan a la masacre de Vitoria y al incendio de la sala Scala de Barcelona. El
famoso torturador Roberto Conesa –conocido por la captura y ejecución de la
“Trece Rosas”, por las torturas realizadas, entre otros, a Marcelino Camacho y
por su supuesta participación en el caso Scala– trabajó bajo las órdenes de
Martín Villa cuando era ministro de la Gobernación. Otra de las acusaciones que
pesan sobre el expresidente de Sogecable es su papel en el intento de asesinato
del abogado canario, Antonio Cubillo, líder del Movimiento por la Autodeterminación
e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), en 1978. El mismo Cubillo,
al regresar a España, en 1985, acusó directamente a Rodolfo Martín Villa del
atentado. En su larga carrera fue comisionado del Gobierno en el caso del
Prestige y también presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de
Madrid (1993-1997).
Juan Miguel Baquero, autor de 'Que fuera mi tierra'.
Juan Miguel Baquero, premio
Chaves Nogales 2016 por su libro sobre las exhumaciones del franquismo en
Andalucía, premio al mejor libro periodístico del año, ha recopilado las
historias que hay detrás de las exhumaciones realizadas en 2015, en Andalucía,
por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta. El mismo nos cuenta
cómo Servini ha ido contra Martín Villa en una disputa trasatlántica de tres
años a cuenta de los crímenes del franquismo. “A miles de kilómetros –dice–, la
magistrada y el político español protagonizan una pugna a cuenta de supuestos
crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Es la única causa
abierta en el mundo que investiga la dictadura de Francisco Franco. El capítulo
más reciente se cubre con la reafirmación de Servini: si Martín Villa pisa
Argentina, puede acabar entre rejas. Hace solo una semana, el exministro consiguió
paralizar la orden de detención. La disputa continúa”. La pelea arrancó el 30 de octubre de 2014, cuando Servini dictó
una orden internacional de detención preventiva y extradición contra Martín
Villa. En su esfuerzo por anular las
acciones de la justicia argentina (sin parecer que escurriera el bulto), el ex
dirigente no solo ha contado con la acción de sus abogados sino que, además, ha
tenido a su favor algunas decisiones judiciales en España. La Audiencia
Nacional denegó un exhorto diplomático
librado el 23 de junio de 2016 para
interrogar a varios encausados –entre ellos Martín Villa– sobre un
“pliego de preguntas”. Servini lo ve
como parte del boicot español a la querella argentina. “Al día de la fecha no
se ha puesto a derecho a pesar de los reiterados exhortos librados a fin de recibirle
declaración indagatoria”, escribe la jueza. Aunque el acusado, en varias
ocasiones, ha mostrado su deseo de viajar a Argentina a tal efecto porque
asegura estar “muy tranquilo” con las acusaciones. Los abogados de Martín Villa buscaron que el acusado pudiera
afrontar la declaración indagatoria sin riesgo a quedar arrestado. Quieren que
acuda al Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (República
Argentina) dirigido por María Servini de Cubría, que testifique y quede libre. Pero María Servini niega que el exministro franquista pueda eludir la
entrada en prisión si declara ante un tribunal del país austral. Los
principales motivos para rechazar la solicitud de la defensa son el riesgo de
fuga y la gravedad de los delitos imputados. “Hechos atroces” según la
investigación judicial. La
magistrada que instruye esta causa peculiar movió ficha con una resolución. Martín
Villa ya no tiene la opción de declarar en Argentina sin ser detenido.
Martín Villa recibe una condecoración de manos del rey.
Servini ya ha rechazado la solicitud
de exención de prisión (7 de junio) aunque la defensa de Martín Villa recurrió
ante la Cámara Criminal y Correccional Federal bonaerense, que sí estimó la
demanda (13 de julio) al poner en duda “el espacio temporal y el contexto” de
los crímenes. Es decir, si se trata de “hechos puntuales” o, como aclara la
jueza, de crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, “en
el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar
a todo oponente político”. En la querella argentina está imputado por “la posible
comisión de hechos atroces”. Caso de homicidios, sustracción de menores o
privación ilegal de libertad calificada por la aplicación de torturas. “Ilícitos
achacados” que no prescriben al tener consideración de crímenes de lesa
humanidad. Los cargos están sustentados en casi 30 testimonios y denuncias
personales y de asociaciones de derechos humanos. Y la jueza Servini imputó al
exministro franquista crímenes de lesa humanidad sancionables “con las penas de
reclusión o prisión perpetua”, según la legislación argentina. Así que el nuevo
auto de la titular del juzgado bonaerense resuelve “no conceder el beneficio de
exención de prisión”, promovido por la defensa de Martín Villa “bajo ningún
tipo de caución”. Existe “riesgo procesal”, dice, “peligro de fuga” y elementos
objetivos que presumen “que el imputado intentará eludir la acción de la justicia
o entorpecer la investigación”. Y mientras que, en la Argentina, Martín Villa
sigue siendo un tipo peligroso y sospechoso,
en España, acaba de ser condecorado por el rey Felipe VI en el
homenaje a los diputados constituyentes celebrado en el Congreso. Pedro Sánchez,
secretario general del PSOE, evita pronunciarse sobre esta peculiar condecoración
y defiende “mirar hacia adelante”.
El 31 de marzo pasado, el
Ayuntamiento de Barcelona aprobaba la retirada de la medalla de oro de la
ciudad, su máxima distinción, al ex ministro de Gobernación y último gobernador
civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa. La retirada de la condecoración salió
adelante con los votos del Gobierno municipal –formado por Barcelona en Comú y
el PSC– y los del PDeCAT, ERC y la CUP. El PP fue el único partido que votó en
contra, mientras que Ciudadanos prefirió optar por la abstención. Martín Villa
perdía de esta forma la medalla que le fue otorgada en 1976 por el alcalde franquista,
Joaquim Viola i Sauret. De esta forma se cumplía el objetivo que el Ejecutivo
de Ada Colau llevaba casi un año planeando. Martín Villa intentó conservar su
medalla mediante la presentación de un escrito de alegaciones en el que el ex
gobernador civil de Barcelona consideraba que la retirada de la condecoración
no estaba correctamente motivada, denunciaba su indefensión y defendía su
contribución a la democracia. El Ayuntamiento rebatió estas alegaciones con un
expediente en el que responsabiliza a Martín Villa de “la represión directa de
los ciudadanos que participaban en la movilización de movimientos sociales
democráticos de la época” y le considera “responsable político de
persecuciones, maltratos, torturas y vejaciones de la dictadura”. .El primer
teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, celebró la retirada de la medalla de
oro de la ciudad a una figura que “simboliza como nadie los turbios vínculos
políticos y económicos entre la actual monarquía parlamentaria y el franquismo”
y señaló que la determinación del Ayuntamiento barcelonés buscaba “reparar a
las víctimas a las que Martín Villa aún no ha pedido perdón”. El concejal de la
CUP aplaudió la determinación del Gobierno de Colau y subrayó la pertinencia de
desvincular al Ayuntamiento de un personaje “conocido en algunos ámbitos como
la porra del franquismo”. Por contra, el jefe de filas del PP en el
Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, acusó a Colau de “querer revocar
la Transición española” con la retirada de la distinción al ex gobernador civil
de la ciudad. También Carina Mejías se mostró contraria a “cuestionar
decisiones que tomaron gestores en el siglo pasado” y rechazó la querencia de
la alcaldesa de Barcelona por “hacer políticas de revancha e intentos de
venganza para las que carece de legitimidad moral”. Sin embargo, la líder de
Ciudadanos en la capital catalana prefirió que sus concejales se decantasen por
la abstención. Con la retirada de esta medalla, Colau ahondaba en su política
de gestos. Ya había retirado el nombre de José Antonio Samaranch de una
escultura donada por el ex presidente del Comité Olímpico Internacional (COI)
para conmemorar los Juegos Olímpicos de Barcelona, y se ha cebado especialmente
con la Monarquía. El salón de plenos del Ayuntamiento dejaba de llamarse Reina
Regente para pasar a llevar el nombre de Carles Pi i Sunyer, alcalde de
Barcelona durante la Segunda República. Sala de la que se retiró el busto del
Rey Emérito, que también vio cómo se eliminaba del callejero de la ciudad la
plaza Juan Carlos I.
El Ejército de Tierra publicaba
el pasado 18 de julio una efemérides que recordaba el “alzamiento
cívico-militar” de 1936. El ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa y miembro de
Podemos, Julio Rodríguez, descubría el mismo martes, aniversario del golpe de Estado
falangista, una fotografía de un documento de la Agrupación de Apoyo Logístico
Nº 61 en el que se conmemoraba la efeméride del 18 de julio. “En este día de
1936, oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el
que participa la mayoría del Ejército –decía la publicación–. Es un día importante
en la historia de nuestra patria, que merece ser recordado para que las
generaciones futuras eviten que se produzcan las circunstancias que propiciaron
el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están
irremisiblemente condenados a repetirla”. Julio Rodríguez mostró su
incredulidad por el texto que criticó duramente, reconociendo su estupefacción
y lamentando su publicación: “Vamos p'atrás”. Desde la cuenta oficial de Twitter,
el Ejército de Tierra pidió disculpas por considerar al golpe de estado
liderado por Franco como un “alzamiento cívico-militar” que merecía “ser
recordado” para evitar “que se produzcan las circunstancias que propiciaron el
enfrentamiento bélico”.
Las fotomontajes de esta semana: La Comuna
Ayuntamientos del cambio.
1 El Jueves: detienen al presidente de la
Federación Española de Fútbol. Por otra parte, aquí vemos a Rajoy con “ese
señor del que usted me habla”.
“Villar y su hijo organizando un amistoso de la
selección en el patio de Soto del Real”.
Las vacaciones de la señora Cifuentes. Como dice Pablo Tilox “Cuando tu trabajo es estar de vacaciones es normal que no necesites vacaciones”.
Francisco Marhuenda celebra su primera
imputación.
Pep Roig, desde Mallorca: La ministra
milagrera, Un nuevo sol en Soto del Real, Los
pilares de la Patria bajo sospecha, Nosabeonocontesta, Los corruptos son muy
buenos gestores, sobre las aguas...
Preguntan a Pablo Iglesias sobre Martín Villa, responsable político de la matanza de Vitoria junto a Fraga, condecorado por el Rey en el aniversario de 40 años de las primeras elecciones generales en España, tras la dictadura.
Pablo Iglesias sobre Martin Villa en los Desayunos informativos de Europa Press
LOLDEMOS
El 18 de enero del 2015, el nuevo director de Comunicación de campaña del Partido Popular hacía alusión a las muertes del franquismo de un modo grotesco. "Están todo el día con las fosas de no sé quién". Pablo Casado Partido Poupular. Jota L POV.
El 18 de enero del 2015, el nuevo director de Comunicación de campaña del Partido Popular hacía alusión a las muertes del franquismo de un modo grotesco. "Están todo el día con las fosas de no sé quién". Pablo Casado Partido Poupular. Jota L POV.
LUCHADORES ANTIFRANQUISTAS HÉROES DE LA DEMOCRACIA!
Abogados Progresistas de España.
LATE MOTIV - Monólogo de Andreu Buenafuente. “Vida inteligente” | #LateMotiv260
Late Motiv
"Puro de Oliva" es el nombre del nuevo espectáculo de Spanish Brass con el gran pianista Chano Domínguez.
Chano Domínguez & Spanish Brass.- "PURO DE OLIVA"
Spanish Brass
No hay comentarios:
Publicar un comentario