Que la Iglesia devuelva lo público y pague por lo que demuestre ser suyo.

En abril, el Congreso de los Diputados urgió al Gobierno a aportar en un plazo de seis meses la relación de los 4.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 y que se reclamasen aquellos que se hayan inscrito de forma fraudulenta. Gracias a una ley de Aznar, la Iglesias había inmatriculado desde esta fecha importantes bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba. Pero el portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, se afanó por declarar que “una catedral o una iglesia no son bienes públicos, sino que pertenecen a una comunidad concreta desde hace siglos”, manifestando que “lo que se ha hecho con la inmatriculación es, simplemente, darle forma, pero no se le había dado la propiedad porque ésta ya existía”.

La PNL (Proposición No de Ley) presentada por el PSOE salió adelante con los votos en contra del PP y Ciudadanos. El socialista Antonio Hurtado aseguró que “la Iglesia se había adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros, inscribiéndose como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que resulta insultante e indignante para gran parte de la ciudadanía”. Y subrayó que la Iglesia podía poner a su nombre bienes con tan solo un certificado del propio Obispado donde se hallaba el inmueble. La jerarquía católica había aprovechado la pasividad de todas las instituciones para seguir inmatriculando en masa, incluso templos de culto en contra de la prohibición legal. Gracias a las plataformas ciudadanas, comenzamos a conocer miles de casos por toda España, desde la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o La Seo de Zaragoza, pasando por plazas, calles, cementerios, pisos, locales comerciales, jardines, murallas, cocheras…

En 2014, el Gobierno socialista cambió un artículo de la ley para poner fin a esta práctica. Y Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, declaraba en El País del 4 de  julio que la mayoría de las inmatriculaciones realizadas eran nulas de pleno derecho, por haber vulnerado la constitución, la normativa europea y los derechos humanos. “Sin embargo –insistía Rodríguez Ramos–, la jerarquía católica ha aprovechado la pasividad de todas las instituciones para seguir inmatriculando en masa, incluso templos de culto en contra de la prohibición legal. Pero el uso religioso no determinba la titularidad en un Estado aconfesional. Por supuesto que la Iglesia Católica, como cualquier otro ciudadano, podía inscribir sus inmuebles. Pero siempre que, como cualquier otro ciudadano, demuestrase su titularidad y no estar apropiándose de lo que nos pertenece a todos. Justo lo que no hizo…¿Es la Iglesia una administración pública? No. ¿Son funcionarios públicos sus diocesanos? No. En consecuencia, todas las inmatriculaciones practicadas con estas normas inconstitucionales son nulas de pleno derecho. Y si recaen sobre bienes públicos, doblemente”.

El Gobierno popular derogó en 2015 estas normas para evitar un recurso de inconstitucionalidad directo y, de esta forma, mantener intactas las inmatriculaciones ya practicadas. Pero su amnistía registral fue reprobada por el mismísimo Tribunal Europeo de Estrasburgo, condenando la complicidad del Estado al no revertir lo inscrito con este procedimiento nulo y contrario a los derechos humanos. Al final, todos hemos pagado la indemnización más alta de la historia por la apropiación ilegal de un bien que la Iglesia no ha devuelto. Una vergüenza moral y un escándalo jurídico. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegales las exenciones fiscales a la Iglesia Católica cuando realiza actividades económicas. Miles de millones de euros que ningún gobierno exigió declarar, ni contribuyen al sostenimiento de lo público. Ambas resoluciones europeas confirman que la Iglesia es un paraíso jurídico y fiscal consentido por un Estado aconfesional y democrático de derecho. No se trata de una cuestión religiosa sino de transparencia económica y respeto a la legalidad: que devuelva lo público y pague por lo que demuestre ser suyo.