Una treintena de ONG denuncia el encierro de migrantes en una cárcel.

La improvisada conversión de la malagueña cárcel de Archidona en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional para recluir a casi 500 migrantes de origen argelino pone de relieve la situación de desatención que sufren quienes llegan a las costas españolas tras una traumática travesía por el Mediterráneo. Desde el pasado lunes, un total de 497 migrantes procedentes de Argelia están recluidos en el Centro Penitenciario Málaga I, sin agua potable, teléfono ni equipos de asistencia. Una treintena de organizaciones sociales presentaron una queja al Defensor del Pueblo contra el  encierro de migrantes llevados por fuerza a esta nueva cárcel aún sin inaugurar. Las ONG pidieron a Francisco  Fernández Marugán,  político y economista español del PSOE que, desde el 20 de julio de este año es Defensor del Pueblo en funciones, que exija al Gobierno “la inmediata puesta en libertad de las personas extranjeras” internadas en este centro penitenciario. El traslado de los migrantes a la prisión “no cumple los requisitos de nuestra legislación”. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, Médicos del Mundo, Caminando Fronteras, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Red Jurídica o Sos Racismo.

Desde el Ministerio del Interior se habla de la prisión de Málaga II como una suerte de CIE temporal, debido al “colapso” de los centros de internamiento existentes en el Estado español. Sin embargo, las ONG recuerdan que “los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, en base a la Ley de Extranjería. “El legislador español ha procurado crear un régimen de privación de libertad privilegiado y diferenciado del régimen penitenciario, por tratarse de una infracción administrativa la cometida por el extranjero, no de una sanción penal”, argumenta la queja. Y solo en ciertos casos de emergencia “permite habilitar centros de internamiento de extranjeros temporales o provisionales”.  

“La falta de capacidad de las instalaciones de la Región, actualmente ocupadas por personas procedentes de otros procesos migratorios y, aunque hay algunas plazas libres, se ha optado por no colapsarlo con esta afluencia masiva de inmigrantes ilegales”, afirmó el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. En esta línea, las ONG que participan en la campaña 'Territorio Libre de CIE' critican que “los actuales centros de internamiento son, en la práctica, cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable”. Este hecho “supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante”.