Medio millón de vidas saldrán de la clandestinidad.
La regularización
extraordinaria pactada entre Podemos y el Gobierno rompe años de violencia
administrativa y pone derechos donde antes había miedo. El acuerdo, anunciado públicamente por Irene Montero en
un acto en Madrid y confirmado posteriormente por el Ejecutivo, establece que
podrán beneficiarse de la medida todas las personas solicitantes de protección
internacional que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025,
que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses
de residencia.
No es un gesto simbólico
ni un titular más sino una regularización extraordinaria de personas migrantes,
que puede cambiar la vida de más de 500.000 personas que hoy sobreviven en la
irregularidad forzada. Personas que trabajan, cuidan, sostienen sectores
enteros de la economía y, aun así, viven sin papeles, sin derechos y con miedo
constante a la expulsión.
La medida se aprobó por
Real Decreto en el Consejo de Ministros del 27 de enero, evitando el bloqueo
político que llevaba meses enterrando la iniciativa en el Congreso. Afectará a
quienes puedan acreditar estar en el Estado español antes del 31 de diciembre
de 2025 y demostrar cinco meses de residencia, mediante padrón, informes
médicos, contratos de suministros o certificados sociales.
Desde el momento en que
se admita la solicitud, se suspenden las órdenes de expulsión y se concede un
permiso provisional de residencia y trabajo por un año. No es caridad. Es
seguridad jurídica. Es acceso a la sanidad. Es salir de la economía sumergida
que el propio sistema necesita para funcionar.
Según Funcas, a comienzos
de 2025 había unas 840.000 personas en situación administrativa irregular en
España. La mayoría, migrantes latinoamericanas y latinoamericanos (91%),
atrapados en un modelo que fabrica ilegalidad mientras se beneficia de ella.
Esta regularización no soluciona todo, pero corrige una injusticia masiva y
desarma uno de los discursos favoritos de la ultraderecha: el que culpa al
migrante de lo que en realidad provoca el capital.
Responder al racismo con
derechos no es radical. Radical es sostener un sistema que necesita personas
sin papeles para seguir explotando. (Spanich Revolution).
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