jueves, 27 de enero de 2022

El “robo” que la Iglesia, nuestra santa madre, cometiera hace cinco años.

 

El presidente, Pedro Sánchez y el cardenal, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal.

La Conferencia Episcopal reconoce que numerosas fincas rústicas, viviendas y locales no deberían estar entre los 35.000 bienes inmatriculados a su nombre, pues pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre los mismos, y acuerda con el Gobierno abrir un proceso para su devolución. ¿Qué ha pasado para que la Iglesia reconociese que se ha equivocado, renunciando a ese “robo” de euros? La Iglesia española reconoce que el millar de bienes inmuebles que aparecen en la lista de activos inmatriculados no son suyos, y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para abrir un proceso para su devolución. En agosto pasado se puso en marcha una comisión de la Iglesia y del Ejecutivo para revisar los casi 35.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia católica entre 1998 y 2015, gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria, introducida en tiempos de José María Aznar, y que figuraban en el listado que el Gobierno envió en febrero de 2021 a las Cortes. En concreto, la Conferencia Episcopal acaba de informar de que “un millar aproximado” de bienes que hizo suyos pertenecerían “a un tercero” o a la Iglesia “no le consta su titularidad sobre el mismo”.

Así lo aceptaba el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión mantenida el pasado lunes. De la cita saltaba un acuerdo en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones para que la Iglesia española renuncie a casi un millar de inmuebles que el Gobierno actual considera que se atribuyó de manera incorrecta a partir de la era del presidente Aznar por la legislación que éste aprobó. Y, tras el estudio exhaustivo hecho por la Conferencia Episcopal, ahora reconoce que ese conjunto de bienes “pertenecen a un tercero, o no le consta su titularidad sobre el mismo”. Y admite concretamente, la existencia de un millar aproximado de bienes. “A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos”, explica en una nota oficial la Conferencia Episcopal. Claro que estos bienes, según la Iglesia no fueron robados, sino confundidos por propios o erróneamente aceptados. Todo, menos aceptar abiertamente que los robó.

La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de todo el país, considera que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre estas inmatriculaciones es “un trampantojo” que hace pagar a la iglesia un “premio menor”, las migajas de los más de 100.000 bienes que estas asociaciones considera que se han inmatriculado desde 1946. La mayor virtualidad del acuerdo conocido es que la Iglesia –dice Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de esta red de identidades– reconoce “las migajas” de algo “gravísimo” y, por tanto, asume que “ha obrado ilegalmente, pero también inmoralmente”, es decir, en contra de sus propios mandamientos. Y eso, aunque, según el profesor, Rodríguez, todas las inmatriculaciones sean inconstitucionales desde 1978, cuando la Iglesia, ha explicado, deja de ser una administración pública y los obispos dejan de ser funcionarios. “Todo lo que se hizo desde 1978 es nulo de pleno derecho”, y más tratándose de bienes que son “de dominio público” y que, por lo tanto, no se pueden embargar, vender o adquirir, como pasa con la playa, el río Ebro o las plazas de los pueblos, ha ilustrado.

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