El Gobierno, “tolerante” con los militares y “beligerante” contra los manifestantes.

  Juan Luis  Centella, en una rueda de prensa en el Congreso.

Un comunicado de la Asociación de Militares de España (AME), creada en 1987 con el nombre de “Hermandad de Personal de las Fuerzas Armadas en Situación de Reserva Transitoria”, cambiado diez años más tarde por el de AME, apelaba a la intervención de las Fuerzas Armadas para “suprimir cualquier atisbo de secesión en Cataluña” y “garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de España”. La AME amenazaba así con la “jurisdicción castrense” a todo aquel que amenazara con la ruptura. O sea, el consejo de guerra.

La AME admite, como socios a todos los militares de los Ejércitos, incluida la Guardia Civil y Cuerpos Comunes, y a los retirados de la misma procedencia. Y, en su comunicado, lanzado el pasado 24 de septiembre, cuando estaba en pleno apogeo el debate soberanista en Catalunya, justo después de la carta cibernética del rey, en la que pedía no perseguir “quimeras”, apelaba incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas para “suprimir cualquier atisbo de secesión”, en cumplimiento de la misión que otorga la Constitución “de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de España”.

De inmediato José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), se dirigía al Gobierno por si tenía prevista “alguna medida” contra los reservistas asociados que planteaban directamente la “sedición” en caso de una eventual separación de Catalunya. El diputado preguntaba si el Ejecutivo “comparte” las soflamas “golpistas” de la AME y si pensaba modificar el Código Penal Militar para castigar las acciones “contrarias al orden constitucional cuando se hagan en calidad de militar, incluso cuando se encuentre en la condición de retirado”. Y defendía que todas las asociaciones de militares, en activo o no, han de guardar “estricta neutralidad”.

El Ejecutivo, casi un mes más tarde, enviaba su respuesta en la que explicaba que las declaraciones hechas por reservistas, “no están sujetas a las leyes penales y disciplinarias” castrenses. En consecuencia, Defensa “no puede adoptar medida cautelar ni sancionadora alguna hacia quien ostenta idénticos derechos constitucionales que un ciudadano común”, puesto que el Código Penal Militar “no es de aplicación” a militares retirados”.

Izquierda Plural considera que esta “laguna” legal debe subsanarse, porque el personal de las Fuerzas Armadas que está en la reserva “no civil civil al cien por cien” y debe “modificarse”, para exigir responsabilidad a “aquellas personas que, desde ese ámbito militar, planteen actitudes fuera del orden constitucional”, para que no haya “ninguna zona oculta a la democracia”. Centella atribuye al Gobierno un doble rasero: la “tolerancia” que practica con los militares, sin preocuparse “qué pasa en los cuarteles”, reprochándole que “se lave las manos”, y la actitud “tremendamente beligerante”, singularmente de la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, con los manifestantes que el 25-S y las semanas pasadas rodearon el Congreso pacíficamente.