“No al Castor” y “Stop a la inyección”.

Plataforma Castor.

 

El pasado 28 de septiembre, publicábamos en estas páginas un amplio reportaje titulado: “Florentino provoca 140 terremotos”. Un mes más tarde retomamos este tema que sigue coleando por su interés. El proyecto Castor, según Wikipedia, es un estratégico depósito artificial de gas natural situado frente a la costas de Castellón y Tarragona, en aguas territoriales españolas del Mar Mediterráneo. Se trata del quinto y más grande de los existentes, creado para suplir la demanda energética española de gas natural en caso de escasez o cese de las importaciones. Podría almacenar un máximo de 1.900 millones de metros cúbicos, suficiente para suministrar el equivalente a 50 días de consumo. Las operaciones comenzaron en mayo del 2012, dando inicio el 10 de abril la primera inyección de gas. Es propiedad de la empresa Escal UGS (participada en un 66,67% por ACS). Aprovecha la existencia de un antiguo yacimiento petrolífero agotado en los años 70, el de Amposta, para inyectar gas natural proveniente de la red estatal de gaseoductos a una profundidad de 1.750 metros bajo el mar. Gracias a la existencia de rocas impermeables en estratos superiores que lo sellan, el gas queda atrapado en el depósito. Para recuperarlo, se inyecta agua, se extrae el gas que debe ser tratado y se devuelve a la red de gaseoductos. Una parte del gas inyectado en el depósito, denominado “gas de colchón”, es irrecuperable pero resulta esencial para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El problema comenzó en el pasado mes de abril, cuando, en las inmediaciones de la plataforma de inyección, se produjo un terremoto de 3,1 en la escala Richter. Cuatro meses más tarde, a mediados de septiembre, se habían reproducido varios centenares, la mayoría de ellos de escasa magnitud e imperceptibles, y algunos de ellos, de magnitudes perceptibles. El 1 de octubre se produjo un seísmo de 4,2, causando alarma en las poblaciones próximas al depósito donde pudo ser sentido (en Alcanar, Benicarló, Las Casas de Alcanar, Cervera del Maestre, Cálig, Peñíscola, San Carlos de la Rápita y Vinaroz). La empresa Escal UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados al proyecto Castor, aunque aseguró que lo normal era que el tipo de actividades llevadas a cabo sólo generasen microseísmos de magnitud 1 ó 2.

  Plataforma, desde la costa

 

En un extenso documento de 443 folios (que facilitó el proyecto Castor a los potenciales inversores del reservorio de gas) se advierte de “los riesgos e incertidumbres asociados con la inyección de gas subterráneo, su almacenamiento y operaciones de producción”. Incluso se detalla el peligro de que se produzcan fugas de gas en el antiguo yacimiento petrolífero, fuera de los “confines del depósito original”. Pero no se alerta del riesgo de que se puedan producirse seísmos en la zona, inducidos por la fuga de gas o por la presión ejercida sobre la estructura geológica durante la inyección. El escape de gas hacia las capas geológicas cercanas, fuera del reservorio, podría ser la causa, según los expertos, del incremento e intensidad de los terremotos. La empresa propietaria del almacén, Escal UGS, aseguró que no se había detectado ninguna fuga, por lo que descartaba la hipótesis. El informe dado a los inversores alertaba de “las pérdidas de gas que pudieran derivarse de las grietas o fisuras del techo de la formación geológica del depósito y que, a pesar de la posibilidad remota, podría generar pérdidas significativas, no estaban cubiertas por el mercado de seguros”. Y concluía que se trataba de un “riesgo” para el proyecto que había que “asumir y controlar por medios de análisis geológicos”. Pese a ello, el mismo documento destacaba que una empresa especializada había concluido que la inyección de gas y su calendario eran “viables”. En relación con las posibles fugas de gas, incluso se dedicaba un epígrafe a las “acciones correctivas”. Expertos consultados advertían de que “la mayor peligrosidad radica en el caso de producirse el escape de gas hacia las capas geológicas; si la fuga tiene lugar en el pozo de sondeo o junto a la plataforma, se detecta de forma rápida y es fácil de corregir. Pero, si el gas se fuga por la falla principal, clave para la estanqueidad del controvertido almacén, el panorama es crítico, pues la presión ejercida sobre la falla podría explicar la posterior sucesión de seísmos”. El citado documento alertaba de que, a pesar de los resultados satisfactorios de las pruebas de inyección, para responder a todas las cuestiones debería esperarse a finalizar un ciclo completo de inyección, “cuando se alcance la presión máxima del depósito". 

Plataforma BP en el Golfo de México.

Un informe elaborado por dos expertos alerta del “riesgo de fuga masiva de gas” del Castor por efecto de los terremotos, lo que podría provocar la “ruptura del techo del almacén”, el escape de gas hacia la superficie, “volcanes de barro” y, en el peor de los casos, una explosión de la plataforma. Los expertos comparan estos riesgos con la causa de la catástrofe en la plataforma de BP, en el Golfo de México, provocada, en 2010, por el gas metano, y recomiendan el “desalojo urgente del Castor” y la “prohibición del tráfico marítimo” en la zona. Tras los más de 500 terremotos que tuvieron lugar durante el mes septiembre y los primeros días de octubre, Escal UGS, grupo controlado por la ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA) de Florentino Pérez, dejó de inyectar gas colchón en el Castor. Algunos de los terremotos alcanzar los 4,2 grados de magnitud en la escala Richter. Tres semanas después de que Escal dejara de inyectar gas, comenzaron a remitir en la zona del sur de Tarragona y norte de Castellón. Ahora, los técnicos y expertos tratan no sólo de confirmar la relación directa entre la inyección de gas y los seísmos sino en qué condiciones ha quedado el almacén subterráneo y los riesgos sísmicos para la zona de cara al futuro. Un futuro que, según las conclusiones de  un informe científico, elaborado por los expertos Miguel de las Doblas Lavigne, del Instituto de Geociencias de Madrid, y Antonio Jesús Galindo Jiménez, técnico en Navegación Marítimano, no pinta muy halagüeño para la estabilidad sísmica de la zona. Bajo el título “Riesgos potenciales derivados de la inyección de gas natural en la Plataforma Castor”, el informe los compara con las causas que provocaron, en abril de 2010, la explosión de la Plataforma Deepwater Horizon, de BP (British Petroleum, en el Golfo de México, y la consiguiente catástrofe ecológica en la zona que obligó a intervenir al mismísimo Barack Obama. El Gobierno de EEUU impuso a la petrolera británica una multa histórica de 4.500 millones de dólares por la muerte de 11 trabajadores y el desastre ecológico. Los expertos alertan de que fue una fuga de gas metano la que provocó la explosión del Golfo de México y que una fuga de este tipo, en la plataforma del Castor, podría tener las mismas consecuencias: “cualquier chispa podría hacerla explotar”. De las Doblas y Galindo establecen paralelismos entre ambas situaciones. El documento alerta del “riesgo de fuga masiva de gas natural del almacén subterráneo, como consecuencia de los terremotos que terminen por agrietar o fracturar su techo”. Advierte que la posible ruptura del techo del almacén de gas natural (básicamente se trata de metano) por algún terremoto adicional y su fuga masiva hacia la atmósfera, atravesando los 60 metros de mar, “haría llegar a la superficie restos de ese gas, de forma que cualquier chispa (por las actividades que se realizan en la plataforma) podría hacerla explotar como ocurrió en el Golfo de México”.

Los dos expertos piden “desalojar urgentemente la plataforma Castor de todo el personal que se encuentra allí y paralizar la actividad de la misma; delimitar una amplia zona de prohibición de toda circulación marítima y/o aérea de baja altitud alrededor de la plataforma; establecer un vigilancia constante en la zona: pérdidas de gas, súbitos burbujeos de gas en la superficie, fuertes olores a huevos podridos o aparición de gran cantidad de peces muertos; y alertar e informar a las poblaciones costeras (Vinaroz, Peñíscola, Benicarló y Cases d'Alcanar) sobre las posibles medidas a tomar ante una fuga masiva de gas natural en la zona”. El informe compara una posible fuga de gas con los terremotos submarinos ocurridos en la isla del Hierro. “Si se llegara a romper el techo del almacén como consecuencia de un temblor, el escape del metano provocaría un gigantesco burbujeo de gas parecido al que ocurrió durante la erupción subterránea de la isla del Hierro, aunque aquí no se trataría de vulcanismo”. El trabajo concluye que los más de 500 seísmos, provocados en esta zona, “supuestamente apagada”, han “reactivado” su actividad sísmica por “la inyección de gas en una zona de la corteza inestable”, dando lugar a un caso de “sismicidad inducida”. La interpretación de ésta es, para ellos, muy sencilla: basta observar la distribución de los enjambres de terremotos en el Golfo de Valencia para comprender que tienen una clara alineación según la directriz tectónica paralela al río Ebro. Los expertos encuadran esta actividad sísmica inducida de la zona en “las tensiones entre las placas africana y eurasiática”, que es la que la “vieja escuela” utiliza para dar explicaciones a cualquier terremoto de los que se producen en la Península (Jaén, Lorca, Navarra, etc)”. Shell, que durante años explotó el yacimiento de Amposta, en el que ahora se ubica el Castor, avisó de que se habían producido microseísmos en las labores de extracción y que no sería recomendable inyectar gas. En este particular, De las Doblas y Galindo recuerdan que la propia Shell advirtió, en su día, que “se habían detectado microseísmos durante la extracción y que no era nada recomendable inyectar gas natural en esta zona por el riesgo sísmico existente”. Estos expertos denuncian que ni esta advertencia, ni las del Observatorio del Ebro, ni las del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ni las de las Universidades Ramón Lull y Zaragoza, ni las del Colegio de Geólogos, fueron tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha el Castor, sin los pertinentes estudios de impacto sísmico.

Tras el aumento de seísmos en el Golfo de Valencia, que podrían estar ocasionados por la planta de gas natural con almacén subterráneo, situada frente a Vinaròs, cientos de vecinos de Benicarló (Castellón) se concentraron, en la noche del 5 de octubre, para decir “no al Castor” y “Stop a la inyección de gas”. Agrupados frente al Ayuntamiento, los vecinos reclamaron el cierre definitivo de la planta gestionada por la empresa Escal UGS, cuya actividad había sido paralizada el 26 de septiembre por el Ministerio de Industria. Era la tercera movilización que se producía esa semana. El día anterior, más de 2.000 ciudadanos de Vinarós mostraron su rechazo a las actividades del Proyecto Castor, tras otra concentración que tuvo lugar a principios de semana. El Ayuntamiento de Peñíscola organizó otra marcha de protesta y activó un dispositivo especial de seguridad para informar a los ciudadanos de qué hacer en caso de que se produjera un terremoto. Los vecinos fueron convocados por las redes sociales y se quejaron de la falta de información del proyecto. Los asistentes hicieron sonar silbatos, cacerolas y otros utensilios mientras golpeaban con insistencia placas metálicas y lucían lemas como “Vota el poble” (“Vota el Pueblo”) y 'Castor, fora d' aquí que mos asustes els llagostins' (“Castor, fuera de aquí que nos asustas los langostinoa”), en protesta por las repercusiones en la pesca. La concentración, en la que también participaron los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, contó con representantes de los grupos políticos y portavoces de los principales partidos de la oposición.

Varios miles de personas se manifestaron el domingo, 6 de octubre en la localidad tarraconense de Les Cases d’Alcanar, exigiendo el desmantelamiento del proyecto Castor.

 

El alcalde del Ayuntamiento de Benicarló, Marcelino Domingo (PP), se concentró junto al resto de la corporación municipal, lo mismo que el diputado provincial y alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez. Un vecino de Benicarló tomó el micrófono para leer un manifiesto en el que  dijo que “el mal ya está hecho” y abogó por “defender la integridad del pueblo, muy harto de los que están forrados en sus casas” gracias al Castor. Otra vecina tomó el micrófono para recitar un poema en el que criticó “el capitalismo y la corrupción”. Otros se quejaron de la pesca, “que se ha resentido”. Mara, una catalana que se había trasladado desde Barcelona tras jubilarse, para vivir “tranquila” con su marido, decía que éste, aficionado a la pesca, “lleva un mes sin coger nada, cuando antes, cada día, traía varias piezas”. Unas 3.000 personas 6.000 – según la Platafoma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sénia –se manifestaron a mediodía en las Cases d'Alcanar (Tarragona), para exigir el cierre y desmantelamiento del depósito submarino de gas Castor. Durante la pasada semana, tres de los múltiples seísmos producidos habían llegado a 4, 1 y 4. 2 grados de la escala Richter. Esa misma mañana se habían registrado 25 movimientos sísmicos en el Golfo de Valencia en el entorno del Proyecto Castor, según los datos del Instituto Geológico Nacional: dos de ellos, habían llegado a 3,7 y 3,5 grados de magnitud. En una cafetería del centro, María, de 37 años le explicaba a Juana, su madre, que desde la madrugada del día 2, en la que se alcanzaron los 4,2 grados en la escala Richter, tenía problemas para conciliar el sueño.  Confesó que estaba obsesionada con la búsqueda en Internet de información sobre terremotos y protestó por el hecho de que la planta se hubiera construido frente a la costa de su población, “cuando se encontraba tan cerca de la placa tectónica”.

En mayo del 2008, el presidente Zapatero adjudicaba el Castor a Florentino Pérez, sin exigirle informes sísmicos. La concesión de explotación fue por 30 años. Mariano Rajoy cambió la Ley 'ad hoc' para mejorarla. Pero, los más de 400 terremotos provocados en 25 días por las inyecciones de gas obligaron al Gobierno del PP a enfrentarse con el presidente de ACS. El PP le advirtió que su autorización de explotación dependía de la auditoría económica tras el desfase presupuestario y que, si había negligencia, depuraría responsabilidades. El mismo PSOE se vió obligado por la presión social a unirse al PP, exigiendo el “cierre definitivo y permanente” y el desmantelamiento de la plataforma ante el riesgo que suponía para la “seguridad ciudadana”. En el parlamento valenciano, el PSOE llevaba varios días dando largas a la petición del resto de partidos políticos representados que exigían el cierre definitivo y desmantelamiento posterior de la plataforma de gas Castor. Hasta que los socialistas cedieron y dieron su apoyo a la propuesta liderada por el PP y respaldada por Compromís y por EUPV (Esquerra Unida del Pais Valenciá).

  Corts Valencianes piden por unanimidad el cierre del almacén de gas Castor por los terremotos.

 

Fue el pasado día 24 cuando todos los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes acordaban por unanimidad solicitar al Gobierno el cierre de la plataforma de almacenamiento de gas natural Castor, después de los seísmos sufridos en la costa de Castelló. La enmienda transaccional aprobada instó al Consell a trasladar la exigencia al Gobierno de España y solicitó el inmediato cierre y desmantelamiento de la planta, al “no poder garantizarse totalmente la seguridad ciudadana”. Asimismo, el parlamento valenciano solicitó que se depurasen responsabilidades tanto en la empresa como entre las autoridades que autorizaron la plataforma. “Es lo que la sociedad afectada esperaba de nosotros. Hemos hecho un gran ejercicio de política”, destacó Francesc Signes, en nombre del PSPV y de todos los grupos parlamentarios que aprobaron la enmienda transaccional. Al final, hubo unanimidad en la aprobación de la enmienda que exigía el cierre “definitivo y permanente” del almacén y el desmantelamiento posterior de toda su estructura, porque, si sigue funcionando, “no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no vuelvan a reproducirse terremotos, ni se puede garantizar la seguridad ciudadana”. Los cuatro partidos políticos firmantes de la propuesta se alinearon con la posición del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, muy tajante esta misma semana: “En el caso de que se pueda probar que ha habido una conducta dolosa o culposa por parte del operador (Escal UGS, filial de ACS), y, finalmente, se decida el cese definitivo de la instalación, no habría lugar a indemnización”. La proposición no de ley impulsada por el PP conmina a la Generalitat valenciana a que, si se constata que ha existido ese dolo o negligencia por parte de la filial del grupo que preside Florentino Pérez a la hora de inyectar el gas colchón, “se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto de la empresa concesionaria como de las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo”. Resuelto, Francesc Signes comentó: “Es lo que la sociedad y los municipios afectados estaban esperando”.

Soria, Fabra y Margallo en la plataforma.

 

Después de anunciar, en 2012, que iba a “frenar” la puesta en marcha de esta infraestructura por su alto coste, el ministrote Industria, José Manuel Soria, dio un giro copernicano y cambió las condiciones de inversión y retribución del proyecto para allanar aún más el camino al empresario madrileño. Pero, tras la avalancha de terremotos, la situación se hizo incontrolable e Industria tuvo que cerrar, primero temporalmente y después de forma “indefinida”, la actividad del almacén. En varias ocasiones reiteró que no se tomaría decisión alguna sobre el Castor hasta que no estuviera cerrado el informe detallado del Instituto Geológico y Minero (IGME), pero avisó a ACS que sólo se reabriría el almacén si el estudio fuese “muy determinante” en sus conclusiones y si existiese “garantía total” de que no habría más terremotos. El ministro insistió en que una cosa es la sentencia del Tribunal Supremo, que considera que la cláusula que prevé indemnizaciones en el caso de cese o renuncia de la actividad no es lesiva para el Estado y otra, muy diferente, que se demuestre que ha habido dolo o negligencia. La Fiscalía de Castellón y la de la Generalitat abrieron sendas investigaciones y ésta pidió a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña que emprendiese acciones legales para investigar los seísmos y determinar si la empresa es la responsable de estos movimientos. Desde el Gobierno central, se endureció la línea de actuación tras constatar que los seísmos no paran. No sólo investigó posibles negligencias de la filial de ACS, sino que aceleró la elaboración de la auditoría económica encargada en junio, que será la que tendrá que determinar si se justifica el desfase del presupuesto, que arrancó en 500 millones de euros y se disparó hasta más de 1.300 millones, sin aplicar los costes financieros. Y avisó a ACS que, si se detectan irregularidades o sobrecostes, no tendrá la autorización definitiva de puesta en servicio, lo que podría dejar en el aire el cobro de la retribución prevista. “La retribución –concluyó– depende del resultado de la auditoría que se encargó en junio pasado y llegará al Ministerio a finales de este mes”. Pero Industria no se atreve aún a aclarar quién pagará los 1.300 millones de euros si el Castor cierra definitivamente o si ACS pierde la retribución.

  El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, a su llegada a la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

 

El 10 de octubre, el ministro Soria abre la guerra con Florentino Pérez. Acude al Supremo para eliminar la indemnización al Castor en caso de cierre. Parece estar dispuesto a hacer frente al todopoderoso adjudicatario de la explotación del almacén y pide al Supremo que declare “lesiva” una cláusula de la autorización de explotación que establece una máxima indemnización en caso de cierre. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el ministro Soria anuncia esta petición al considerar que se trata de “una cláusula claramente abusiva para el interés general”. Informa que la actividad del almacén subterráneo de gas Castor se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se analice su posible relación con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona. El ministro explica que el real decreto de 2008, por el que se concedía la autorización administrativa al proyecto, recoge que, en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasará a ser titularidad del Estado. En este caso, el operador de la planta tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto y, en caso de que la suspensión se debiera a “dolo o negligencia del operador”, sólo al valor residual de este. Esta cláusula, “abusiva” es recurrida por el Gobierno antes incluso de que comenzaran los seísmos. De la decisión del Supremo dependerá quién tendrá que cargar con los costes de la infraestructura –que ascenderían a 1.700 millones de euros– “en caso de que no haya seguridad plena”, de acuerdo con las palabras del ministro. Soria recuerda que el Gobierno redujo la retribución asignada a esta instalación, al considerar excesiva la que se había establecido con anterioridad y que establecía un periodo de “prueba” o provisional en la autorización antes de dar la definitiva.

¿Por qué tiembla Castor?

 

El ministro Soria avanza que los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tan solo ven un “riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro”, en la zona de la costa mediterránea afectada por la actividad de esta planta de almacenamiento de gas. “En el momento actual –confirma el titular de Industria–, las opiniones preliminares de los expertos apuntan la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones de prueba del gas colchón por parte de la empresa”. Al mismo tiempo, señala que los expertos coinciden en que no es procedente extraer el gas colchón inyectado porque “no se sabe cómo podría afectar al equilibrio de la estructura”. El coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente. Pero, en caso de que la instalación nunca llegue a entrar en funcionamiento, el ministro no aclara quién tendría que sufragar estos costes. Soria reitera que todavía no se dispone de un informe definitivo, pero los expertos apuntan a que existe una “relación directa” entre los movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan “riesgos” relevantes. Dice que “hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura, el almacenamiento no se va reanudar, puesto que deberá contar con autorización del Ministerio”, e insta a esperar a los informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes pasos. Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños seísmos que se estaban produciendo en la zona. Y explica que “en el momento actual, con una coyuntura económica nacional que ha provocado una caída en la demanda de gas y un exceso de gas en los mercados internacionales, es necesario realizar un nuevo análisis coste-beneficio de la instalación, teniendo en cuenta la infrautilización de las infraestructuras del sistema gasista, en particular plantas de regasificación. Es evidente –comcluye– que hay sobrecapacidad de infraestructuras gasistas”.

 

 Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid C. F.

 

Poco más tarde, el Tribunal Supremo desestima admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por Industria para considerar “lesivas” las condiciones en que se otorgó la concesión del almacén de gas. La sentencia puede ser la piedra angular para que el presidente de ACS, Florentino Pérez, y sus socios canadienses exijan reparaciones multimillonarias al Estado. “Las pretensiones del ministro de Industria, José Manuel Soria, de evitar el pago por un hipotético cierre del almacén de gas submarino de Castor –escribe Marcos Lamelas– embarrancan nada más zarpar. El Tribunal Supremo no sólo desestima las pretensiones de Soria sino que además condena al Estado a abonar las costas, lo que no apunta nada bueno, ya que, como mínimo, Escal UGS, la empresa controlada en un 66% por ACS que explota Castor, puede solicitar el valor contable de la compañía, que al cierre de 2012 se fijaba en 1.570 millones. Soria intentó este movimiento jurídico después de paralizar la actividad de Castor por haber provocado más de 500 terremotos en el norte de Castellón y el sur de Cataluña”. La sentencia señala: “Sería manifiestamente injustificado interpretar el artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos en el sentido ya indicado de hacer inviable cualquier tipo de compensación en todo supuesto de anulación o extinción de una concesión, con independencia de las causas que la han motivado y de las circunstancias concurrentes”. Y marca las reglas de juego de una batalla judicial que será larga y que, según fuentes jurídicas cercanas al caso, puede prolongarse durante cinco años o más si las partes no llegan a un acuerdo. El Supremo deniega a Soria la nulidad preventiva del decreto ley de adjudicación que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la época en que Miguel Sebastián era ministro. Todo depende ahora del informe encargado al CSIC y al Instituto de Geología y Minerología de España. Si éste no demuestra que ha habido una mala praxis de Escal UGS –empresa que consiguió 42 permisos en regla de tres administraciones, incluyendo la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Vinaroz, ambos en manos del PP– Florentino Pérez y sus socios de Dundee Energy deberán ser compensados. Otra alternativa para Soria, según Lamelas, sería dar la batalla legal. Una vía sería intentar demostrar el “dolo”, ya que como mínimo Escal UGS valoró mal los riesgos, ya que en el folleto de colocación de deuda se reconocía que podía haber riesgo de fuga de gas. “O también podría agarrarse a un tecnicismo: intentar considerar que el valor residual de un depósito de gas del que no se puede sacar gas por problemas sísmicos es cero y que, por tanto, cifrar en esta cantidad la indemnización. Pero eso debe ganarlo el Ministerio de Industria en otras instancias judiciales. Una batalla legal que Soria ha querido ahorrarse infructuosamente”.

En España hay otros cuatro almacenes subterráneos de gas: Serrablo, en Huesca, en funcionamiento desde 1989; Gaviota, frente a la costa de Bermeo (Vizcaya), activo desde 1994; Yela, en Guadalajara, inaugurado en 2012; y Marismas, en Huelva. En otros lugares, como en Canarias, hay proyectos para exploración del mismo. Manuel Fernández, diputado del PP, llamó “gilipollas” a quienes se oponen a las prospecciones en las costas canarias, autorizadas por el Gobierno central, es decir, a miles de ciudadanos de las islas. Fernández es, además, portavoz adjunto del Grupo popular y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento. Manuel Fajardo Palarea, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, denunció “la falta de respeto” del diputado Fernández al Parlamento regional y “a esa inmensa mayoría de canarios que dicen no rotundamente al petróleo”, y criticó la habitual “actitud intolerante” de los populares. En declaraciones recogidas por La Voz de Lanzarote.com, Fajardo Palarea, afirma que el PP “ya se ha acostumbrado a dispensar un trato vejatorio a todo aquel que no coincide en sus planteamientos”, así que este “nuevo chascarrillo”, aunque no coge “a nadie por sorpresa, sí representa una falta de altura política impropia de un representante público”. El Grupo socialista en el Parlamento canario defiende que “si el proyecto se ejecuta, todos los impactos que ocasionará la campaña se producirán con el único objetivo de beneficiar intereses privados de una multinacional en contra del interés general de todos los canarios”. En el debate de la proposición no de ley, el Grupo Nacionalista Canario aceptó cuatro enmiendas del PSOE que reiteran la oposición frontal del Parlamento de Canarias a la autorización concedida por el Gobierno central a la empresa Repsol para la puesta en marcha de las prospecciones.

Cambiando de tema y de registro, presentamos cinco dibujos titulados “Historia de la Humanidad”, por Milo Manara. Dr.Restless' Beautiful World

 

Carteles exhibidos en actos y manifestaciones: Contra los reyes que viven como dioses, Estar hasta la coronilla de los Borbones, El rey que no da golpe, Brutal pitada a los príncipes en Oviedo, España, saqueada por los políticos, Toro frente a un torero, Jaimito y los cuentos y No me consta.

 

Otros humoristas: Erich, Forges, Ferrán, El Roto, Malagón, Pat, Fontdevila, J. R. Mora…

 

Pep Roig, desde Mallorca: Educación a palos, Retales humanos, Recuperación simulada o en diferido, Verdura política, Estadística precampaña electoral y Futuro imperfecto.

 

Terminamos con cuatro vídeos. El primero es el reportaje emitido en televisión por Informe semanal, realizado a raíz de los seísmos registrados en el norte de la provincia de Castellón y el sur de Tarragona, con el epicentro situado a 22 Kilometros de la Costa de Vinaròs.

El segundo y el tercero, en catalán, es la respuesta de los que viven en la zona.

En el último, se oyen gritos de “¡manos arriba, esto es un atraco!”, en la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias... Los manifestantes se concentran en las proximidades del Teatro Campoamor de Oviedo y protestan contra las políticas de austeridad, los recortes... La concentración estaba convocada por diferentes colectivos, entre los que figuraban sindicatos del personal de la Administración y de clase, colectivos de profesores de la escuela pública, organizaciones políticas y movimientos sociales, como el 15M.