Miguel A. Ramírez, empresario contribuyente del PP, indultado por delitos contra el patrimonio público.

 

 

El grancanario, Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente del Grupo Ralons y de la Unión Deportiva Las Palmas, es un empresario de sólo 44 años que fundó una empresa de transporte urgente de mercancías con sedes en Madrid, Barcelona y Canarias. Simultáneamente hizo una incursión en el negocio de la alimentación minorista con una cadena de charcuterías y abrió una tienda dedicada al mundo de las mascotas. En 1995, fundaba la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), punto de partida de su expansión empresarial, alcanzando el liderazgo en el sector de la seguridad privada en el Archipiélago Canario. Actualmente gestiona una veintena de empresas, que dan trabajo a más de 5.000 trabajadores en todo el territorio español.

Miguel Ángel Ramírez posee, entre otras distinciones, la Medalla al Mérito Militar, Mención Honorífica Policial y es Mecenas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero también cuenta con una condena por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, debido a las obras que realizó en una vivienda de su propiedad en una zona rústica y protegida por las leyes medioambientales, ubicada en la zona de La Milagrosa, en la isla de Gran Canaria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado 21 de noviembre el indulto por el que se conmutaba la condena firme que la Audiencia de Las Palmas había dictado contra él.  La gracia que se le concede afecta sólo a la pena de prisión (tres años y un día), pero deja en vigor el resto de las condenas (inhabilitación para ejercer cualquier oficio relacionado con la construcción durante tres años y multa de 43.260 euros). Una conmutación que ha sido duramente criticada.

Todo comenzó con una denuncia de oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona de la Guardia Civil, por la realización de obras ilegales en suelo rústico y en un paraje especialmente protegido, “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”. La sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, afirma que el condenado realizó diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables porque invaden terreno rústico en el paraje y el paisaje protegido de Pino Santo. Y cita un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un nuevo camino, muros y el vallado perimetral de una propiedad de 30.000 metros cuadrados. Además de los tres años de prisión, la sentencia le imponía la reparación del daño, una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y la inhabilitación para el ejercicio de la construcción.

Cayo Lara (IU) ha dirigido varias preguntas al Gobierno para que Gallardón, ministro de Justicia, tenga a bien aclarar los motivos por los que indultó al empresario, un auténtico lince de la seguridad privada que ha conseguido importantes contratas en organismos y empresas públicas, tales como Metro de Madrid, que depende del Ejecutivo autonómico de Ignacio González, el complejo de los Nuevos Ministerios o el Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Las preguntas del coordinador general de IU son inteligibles y directas: “¿Cuánto ha pesado a la hora de conceder este indulto el que este empresario sea un gran proveedor de servicios de seguridad a las Administraciones Públicas? ¿O que alguna de sus empresas, como ‘Gestiones y asesoramientos 3000’, aparezca en la lista de las mayores contribuyentes legales al PP (50.000 euros), según la contabilidad oficial del Partido Popular correspondiente al ejercicio 2011, última fiscalizada por el Tribunal de Cuentas?”. Lara inquiere al Ejecutivo si “ve razonable que empresas de un ciudadano, condenado por delitos (contra el patrimonio público) y con donaciones como la expuesta, pueda seguir firmando contratos con las Administraciones Públicas”.

Ramírez Alonso empezó de frutero ambulante, siguió de charcutero y se metió en el negocio de la seguridad privada Creó la SIC, que hoy cuenta con más de tres mil empleados y factura unos 120 millones de euros anuales, el 70% a las Administraciones Públicas. Sabedor de que el dinero y la información privada son armas esenciales para evitar la cárcel, decidió solicitar el indulto al tiempo que patrocinaba unas jornadas jurídicas protagonizadas por el fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, precisamente el encargado de redactar uno de los informes decisivos para la concesión del perdón. Con el argumento de que el perdón permite al condenado derribar las obras ilegales más deprisa, Gallardón lo incluyó en un paquete con otros veintidós indultos y, hace dos meses, el Consejo de Ministros lo ratificó. El asunto habría pasado inadvertido si Cayo Lara, alertado por sus compañeros de IU y por una información del diario El País sobre los indultos concedidos el 31 de octubre pasado, no hubiera exigido explicaciones sobre la “gracia” gubernamental a este contratista de seguridad al que personas influyentes del PP recomiendan no soliviantar.