España acapara el 30 % de las viviendas vacías que hay en Europa.

España tiene una de las políticas de vivienda social “más endebles de Europa”, ya que solo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 17% de Francia, el 18% del Reino Unido, el 23% de Austria o el  32% de los Países Bajos. Solo Grecia presenta un porcentaje más bajo. Además, en nuestro país hay más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que encontramos en Europa. Son datos recogidos en el primer informe de Amnistía Internacional sobre la vivienda “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”, en el que se denuncia que cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla en ejecuciones hipotecarias, debido al desempleo y al sobreendeudamiento, desde que comenzó la crisis en el 2008.

El documento señala además que el gasto en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. “Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo. Esa es la raíz fundamental de este problema”, explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. En su opinión, “el derecho a la vivienda corre peligro en España” en donde “las autoridades no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho”. Además, “todas las políticas desarrolladas se han centrado en aliviar la deuda, y no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental”. Los desalojos hipotecarios están entre las manifestaciones más graves del perjuicio que la austeridad causa en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas que sufren las peores consecuencias de la crisis económica

Amnistía reclama que se paralicen todos los desahucios hipotecarios en España hasta que no se adopten garantías de protección, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y la proporcionalidad de un desalojo, y un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas en el que las autoridades exijan a aquéllas que el desalojo sea la última alternativa. Amnistía Internacional sostiene que las autoridades han “invisibilizado” la gravedad de la situación al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género. “El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, asegura Beltrán, quien añade que “mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”.

Entre 2008 y el primer trimestre de 2015, se han iniciado en nuestro país 598.747 procesos de ejecución hipotecaria según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial ofrecidas en el informe presentado por Amnistía Internacional. En cuanto a domicilios principales en nuestro país, Amnistía Internacional denuncia, en base a datos del Banco de España, que, entre 1012 y junio de 2014, se produjeron 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, que cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.