Juana Rivas recibe un gran apoyo.

Esta historia empezó en Londres, en 2004. Juana Rivas tiene entonces 23 años y reside en Maracena (Granada). Trabaja como dependienta en El Corte Inglés y decide pedir una excedencia para ir a la capital del Reino Unido a aprender inglés. Francesco Arcuri, hijo de una familia genovesa de clase acomodada y 15 años mayor que ella, lleva más de una década en Londres, donde regenta un restaurante. Se conocen,  se enamoran y tienen dos hijos. Cinco años más tarde, Francesco es, condenado por maltrato y Juana le abandona y se viene a España con sus dos hijos. En mayo de 2016, él  la denuncia por sustracción internacional de los niños después de que saliera con ellos desde la isla italiana de San Pietro, donde vivían todos, hasta España.  Los jueces le dan a él la razón. Dos meses después, el pasado mes de julio, Rivas presentaba ante las autoridades españolas una segunda denuncia por malos tratos –la primera había acabado en condena, en 2009, contra Francesco Arcuri, aunque no fue trasladada a los tribunales italianos hasta más de un año después. El jueves pasado, Juana comparecía por fin ante la Justicia y quedaba en libertad provisional, no tanto porque el juez le diera la razón de fondo como porque se inhibía del caso a favor del Juzgado de Instrucción 2: el mismo que le ordenara que devolviera a sus hijos. El fondo de la cuestión, que en definitiva es la custodia de los hijos, solo puede decidirlo la justicia italiana, que también deberá evaluar ese segundo ciclo de presuntos malos tratos que Juana habría padecido en los últimos tres años en Italia y que su expareja niega. Francesco Arcuri, hijo de Camillo Arcuri, un famoso periodista y escritor italiano, posee una casa en Caloforte (Cerdeña) valorada en € 850.000. En invierno, no hay mucho trabajo y Francesco hubiera podido, sin ningún problema, ir a Maracena a visitar a sus hijos. Pero ni lo hizo ni les pasó un euro. Juana nunca había esperado que, de pronto, los reclamara. Y ahora Juana se encuentra con un serio problema al tener que reclamar a sus hijos a la ley italiana. Arcuri reconoció ante la jueza que, en la madrugada del 7 de mayo de 2009, golpeó “repetidamente” a su entonces pareja en el domicilio que compartían junto a sus tres hijos menores en la capital granadina. Juana Rivas necesitó asistencia facultativa por los golpes recibidos. Pese a todo esto, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Granada, contraviniendo lo dictado solo dos días antes por el juez de guardia que escuchó a Juana Rivas, tras reaparecer después de casi un mes en paradero desconocido junto a sus hijos, argumenta que el tiempo que los menores permanecen bajo la potestad de la madre maltratada es susceptible de que la progenitora ejerza sobre ellos lo que la juez denomina “alienación parental”, un inexistente síndrome que los expertos coinciden en determinar como completamente falso y sin ningún valor científico. Y los menores que Juana Rivas estuvo obligada a entregar al padre maltratador vuelven a su domicilio italiano, en Carloforte, en la isla de Cerdeña.

Juana Rivas, con sus hijos.

 El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada exigía a Juana Rivas acudir con sus hijos, de tres y once años, a un punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía antes de las cinco de la tarde del pasado este lunes. La madre finalmente se  presentó alrededor de las 11.30 horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. La jueza instructora del caso dio la semana pasada un ultimátum a Rivas, detenida el pasado martes y puesta en libertad provisional e investigada por supuesta desobediencia a la Justicia y sustracción de menores. La vecina de Maracena se había instalado en el municipio granadino al trasladarse desde Italia para huir del maltrato que había sufrido durante los tres años de convivencia con su expareja, Francesco Arcuri, en la localidad de Cerdeña. La citación se produjo más de un mes después de que Rivas incumpliera la orden de entregar a los dos menores. La juez argumentó que la entrega de los niños respondía al cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes y advertía de que, en caso de que Rivas no acatase la nueva orden de entregar a los menores, se adoptarían “las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieren”. Apuntó además su “falta de colaboración total y absoluta” en cuanto a su obligación de cumplir las resoluciones judiciales firmes, y recalcó que “el fin primordial e inmediato, es proceder a la localización de los menores”. El padre de los niños, Francesco Arcuri, aseguró que se iría con los niños al municipio de Carloforte, en Cerdeña y los hizo. Allí, otra magistrada ha decretado que sean vigilados por los servicios sociales. 

      Francisca Granados, tras declarar ante la jueza.

Francisca Granados, responsable del Centro Municipal de la Mujer, en Maracena, y María Teresa Sainz, psicóloga del mismo, atravesaron el miércoles pasado la puerta del juzgado de instrucción nº 2 de Granada, investigadas como posibles inductoras y partícipes de un delito de sustracción de menores, en lugar de hacerlo como testigos expertos y conocedoras de un caso que llevan más de un año atendiendo. “Eran –escribe Marisa Kohan en Público– las personas que más directamente han apoyado a Juana Rivas desde mayo del año pasado, cuando llegó a Maracena con sus dos hijos, huyendo de su relación con su marido, condenado en 2009 por malos tratos y al que volvió a denunciar una vez en Granada por malos tratos físico y psicológicos continuados. La imagen de las dos profesionales entrando en el juzgado levantó una ola de apoyo y de indignación entre las organizaciones feministas, las de defensa de los derechos de los menores, las instituciones públicas y una estela de incredulidad entre miles de profesionales que, día a día, trabajan en el acompañamiento y asesoramiento de las víctimas de violencia de género en las unidades de la mujer de distintos ayuntamientos de nuestro país”. María Naredo, directora general de prevención frente a la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, afirma: “Se ha traspasado una línea roja. Llamar como investigadas a la coordinadora y a la psicóloga de un centro de mujeres supone cruzar una línea roja, porque de esto los maltratadores aprenden y puede ser un campo abonado y un caldo de cultivo de una gran desprotección hacia quienes son, muchas veces, el único apoyo que tienen las mujeres víctimas de violencia de género”. “Es un precedente intolerable de ataque directo a las instituciones y personas que dan apoyo a las víctimas de violencia de género”, manifiesta la Plataforma contra la Violencia de Género 25 N de Granada, que destaca la “importante labor” que realizan estos centros y sus profesionales. El Instituto Andaluz de la Mujer recuerda que, sólo en esa comunidad autónoma, estos centros municipales han atendido hasta junio de este año a más de 46.200 mujeres, de las cuales 9.767 son víctimas de violencia de género. Marisol López Medina, psicóloga y técnica de Igualdad del Centro Municipal de Información a la Mujeres de Cullarvega, manifiesta: “A quién realmente se está atacando con esta actuación es a las mujeres víctimas de violencia de género y a los servicios públicos que las están ayudando. Porque se transmite el mensaje de que las profesionales que las están amparando y los servicios públicos que las tienen que tutelar, tal y como marca la ley Integral [contra la violencia de género], pueden ir a juicio porque se pone en duda su trabajo”. Naredo añade que es fundamental crear una red de apoyo. Y Marisol López concluye que “tenemos unas leyes muy avanzadas, mucho más que en otros países, pero hay artículos que no se están aplicando. Tenemos un Convenio de Estambul que es muy claro en relación a los menores que no se está aplicando. Tenemos la ley del menor que dice que los menores que están viviendo la violencia de género son víctimas directas de ella, pero tampoco se aplica. Todas estas cosas que intentamos que se pongan en práctica en los centros, no se están trasladando al ámbito de la justicia como se debería. No se trata de culpar a juezas, jueces o abogados. Se trata de un sistema que ha avanzado en legislación pero que aún nos queda por aplicar y eso es el patriarcado”.

Según datos de Transferencia Internacional, Italia es el tercer país más corrupto de Europa, por delante sólo de Grecia y Bulgaria. Y, según los jueces europeos, Italia violó tres artículos de la convención europea para los derechos humanos y sus autoridades generaron una suerte de “impunidad” tras haber dejado en el limbo burocrático a la víctima y privado de efecto sus denuncias. La víctima acabó asesinada delante de sus hijos y las autoridades italianas desoyeron sus numerosas denuncias. Las mujeres víctimas de violencia se encuentran en general en un contexto de silencio, rechazo y negación tal como ocurre con la mafia, explica Paola Di Nicola, fiscal del tribunal de Roma y autora del libro “La Jueza” Según datos del Instituto de Investigación Económica y Social citados por el diario La Repubblica, en el período 2000-2015, se produjeron más de 2.800 feminicidios en Italia, 1.740 en los últimos diez años. El pasado marzo, la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, condenó al país transalpino por su lentitud e ineficacia en la protección de una familia ante la violencia ejercida reiteradamente por el padre. En su sentencia contra Italia por el clamoroso caso de Elisaveta Talpis, una mujer que vio cómo su marido maltratador acuchillaba mortalmente al hijo de ambos de 19 años cuando éste la defendía de las amenazas con el arma blanca que portaba el criminal. Ni siquiera las sucesivas denuncias presentadas ante la justicia italiana por su esposa contra este individuo, alcohólico y agresivo, evitaron el crimen del hijo cuando intentaba defender a su madre. Los jueces europeos que condenan a Italia por su inacción en los temas de violencia machista consideran que su sistema judicial violó tres artículos de la convención europea para los derechos humanos y sus autoridades generaron una evidente “impunidad” después de mantener en un limbo burocrático las reiteradas denuncias de la víctima. Donatella Ferranti, presidenta de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, apuntó: “Las leyes existen pero nos falta formar y sensibilizar a los operadores, a las fuerzas del orden, a magistrados y servicios sociales para que no subestimen la violencia contra las mujeres y los menores”. Y Sara Menichetti, abogada de la víctima, explicó: “Se trata de una sentencia histórica para Italia. Es la primera y es sobre todo una llamada de atención”. Además, Italia paga el precio de una legislación reformada por Berlusconi, quien, debido a los numerosos procesos contra él, suavizó las leyes contra el soborno. En marzo de este año La Corte Europea para los Derechos Humanos condenó a Italia por no haber reaccionado con “rapidez y eficacia” para proteger a una familia de la violencia del padre, una sentencia que generó interrogantes sobre el fenómeno del “feminicidio”, un problema en Italia, donde una mujer es asesinada cada 72 horas. En total unas 120 mujeres son asesinadas al año en este país por sus parejas.

Concentración en apoyo de Juana Rivas ante el ministerio de Justicia, en Madrid.

Juana deberá ahora reclamar a sus hijos en un país que no tiene Ley de Violencia de Género. Y en el que no pocos jueces son fácilmente sobornables. Un país en donde, prácticamente, cada día hay noticias sobre corrupción judicial. Juana está en paro, su familia es pobre, y tiene que enfrentarse a un hombre rico, en Italia. En Maracena, pueblo de 22.000 habitantes en el que vivía, sus dos hijos estaban escolarizados y era la propia Juana la que los llevaba y traía del colegio. El padre siempre supo dónde estaban, e incluso llamaba a Juana y hablaba con ellos. Pero, durante ese año, nunca fue a visitarlos, y no porque le faltara tiempo o dinero. Si Juana no acudía con sus hijos, cumpliendo la orden judicial de entregarlos a su padre, no solo se arriesgaba a una detención que podría ser inmediata, sino que también pondría en riesgo el apoyo social y político que había conseguido. Entre los que la habían apoyado, había personalidades tan dispares como Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este, antes de irse de vacaciones dijo en Moncloa que “hay que ponerse en el lugar de esta madre”. Uno de los reproches de mayor autoridad moral partía de la agrupación progresista Jueces para la Democracia, muy comprometida ante la violencia de género y los derechos de las mujeres, que la semana pasada denunciaba “las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles que están interviniendo” en el caso con “evidentes presiones desde el ámbito político, pidiendo la no ejecución de las resoluciones judiciales”. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, mantenía el 28 de agosto el apoyo dado por la Junta a Rivas pero recalcaba que el Gobierno andaluz no iba a cuestionar las decisiones judiciales “porque no nos corresponde como entidad pública”. Recordaba también que, “tal y como establece el ordenamiento jurídico, los menores tienen que ser oídos”. Para la titular de Asuntos Sociales, la situación de Juana se “ha normalizado” después de que compareciera el pasado día 22 ante el juez tras haber estado varias semanas ilocalizable junto a sus hijos de 3 y 11 años. Un día antes, el Gobierno andaluz matizaba su posición inicial de apoyo cerrado a Rivas y lo hacía por boca de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar: “No puede estar desaparecida para siempre”. 

"Todas somos Juana"

Horas antes de terminar el plazo, Juana Rivas entregaba sus hijos a la Guardia Civil, obligada a cumplir la orden judicial de dejar a los menores en manos del padre. La jueza instructora del caso había dado la semana pasada un ultimátum a Rivas, detenida el pasado martes y puesta en libertad provisional e investigada por supuesta desobediencia a la Justicia y sustracción de menores. En  el 2016, la vecina de Maracena se instaló en el municipio granadino al trasladarse desde Italia, tras huir, según denunciaba, del maltrato que también sufrió por parte de su expareja, Francesco Arcuri, cuando vivían en Cerdeña. Arcuri llegó sobre las 13.30 horas a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y, pasadas las tres de la tarde, salía de las instalaciones acompañado de los menores. La plataforma 7N contra las violencias machistas había promovido una recogida de firmas a través de Internet en la que solicitaba a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, así como a sus familiares. “Todas somos Juana”, “Pacto de Estado, papel mojado” o “Si es maltratador, no es buen padre” fueron algunos de los lemas proclamados a las puertas del Consejo. En Madrid, varias organizaciones presentaron en la sede del Consejo General del Poder Judicial un escrito de queja ante la actuación del Juzgado de Granada y de la Fiscalía, “que lejos de velar por la protección de los menores y de la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas”. Tras asegurar que “no esperaban” que Rivas entregara a sus hijos, la presidenta del Foro de Madrid contra la violencia a las Mujeres, Lourdes Hernández, pedía que la mujer siga con la custodia de los pequeños y que no vayan a Italia con el padre”.

    Juana Rivas, un espejo para la conciencia.

Carlos Olalla, en el artículo ‘Juana Rivas, un espejo para la conciencia’, escribe en  LQSomos: “El caso de esta mujer que decide desobedecer las leyes para proteger a sus hijos es un paradigma de la sociedad que estamos viviendo hoy. Me sorprende escuchar opiniones de amigos y de tertulianos normalmente muy valientes y comprometidos en otros temas defender que, aunque Juana pudiera tener razón, lo que no puede hacer es incumplir la ley. Su argumentación es muy clara: ‘Si desobedecemos las leyes estamos en la jungla’, ‘Nadie puede estar por encima de la ley’, ‘Si la ley está mal lo que hay que hacer es cambiarla’, ‘Lo que tiene que hacer es obedecer la ley, entregar a los niños y luego reclamarlos judicialmente’… Son argumentos adormidera, argumentos que nos adormecen y nos impiden reaccionar. Defender el cumplimiento de la ley es algo que no puede estar mal, así que me aferro a ello para no meterme en otros jardines, debe ser el pensamiento interno de quienes se contentan con este tipo de argumentaciones. Pero el problema no es ese. El problema es mucho mayor. El verdadero problema es que frente a un tema de derechos humanos, y el de Juana sin duda lo es, no podemos permanecer neutrales, y contentarnos con la forma sin entrar en el fondo  es permanecer neutral. La razón de ser del individuo como ciudadano no es obedecer las leyes, sino aspirar a la justicia. Por eso las leyes no pueden estar por encima de los ciudadanos, sino sirviéndoles para que se pueda alcanzar ese ideal de justicia. Argumentarán aquí los defensores a ultranza de la ley y su cumplimiento que nadie puede tomarse la justicia por su mano y que temen a quienes se creen en posesión de la verdad o la justicia. A esas personas me gustaría proponerles una reflexión en profundidad del tema, que entremos a fondo en la cuestión y no nos quedemos en la forma. Y para ello, quizá estas ideas puedan ser un buen punto de partida: Uno de los máximos defensores de la desobediencia civil, el Mahatma Gandhi, dijo: ‘Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer’, a lo que añadió: ‘Nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida ni en su propia esclavitud. La desobediencia civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano’ Gandhi era abogado, conocía bien el mundo de la ley, y ejerció la abogacía para defender los derechos de los más débiles. Si se hubiera limitado a cumplir las leyes, la India todavía sería hoy colonia británica. Otro de los baluartes de la desobediencia civil, Martin Luther King, también dijo: ‘La desobediencia civil está justificada frente a una ley injusta y cada uno tiene la responsabilidad de desobedecer las leyes injustas…Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania fue legal’.

Olalla se lamenta del “vergonzoso, papel jugado por nuestro Tribunal Constitucional, único que podía parar o retrasar la entrega de los niños en nuestro sistema judicial. Amparándose en la forma, de nuevo la puñetera forma, ha evitado entrar en el fondo y, como Pilatos, se ha lavado las manos. Su respuesta al primer recurso de Juana fue alegar que no había agotado toda la vía judicial, paso imprescindible antes de poder solicitar su amparo. Vamos, en lenguaje clarito y sencillo: No puedo atenderla porque a su solicitud le falta un sello que deben ponerle en la ventanilla de al lado. Y Juana fue a esa ventanilla de al lado, y cuando por fin consiguió el puñetero sello y volvió a llamar a la puerta del Constitucional, esta vez le contestaron que su recurso estaba fuera de plazo. En lenguaje clarito y sencillo: Ha llegado usted tarde. Hemos cerrado. Con el agravante de que, en este caso, ni siquiera cabía el “vuelva usted mañana”, porque la ley, nuestra ley, esa que con tanto ahínco algunos se empeñan en defender, no lo contempla. Lo único que puede hacer ahora Juana es apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo va a hacer, pero sin duda por rápido que sea ese recurso, necesita un tiempo que Juana no tiene. Ella, al negarse a entregar a sus hijos, al desobedecer la ley, está en una situación de total indefensión que puede obligarla a permanecer escondida sin poder salir de su escondite o a que sus hijos no puedan ir a ningún colegio mientras llega la resolución de Estrasburgo. ¿De qué le ha servido a Juana cumplir la ley y denunciar a su marido? ¿Cómo es posible que un sistema judicial que se permite incumplir su propia ley retrasando la traducción y envío de una documentación a Italia, que podía haber resuelto definitivamente la cuestión de Juana, no contemple ni un solo resquicio que la proteja? ¿Cómo pueden los magistrados del Tribunal Constitucional dormir tranquilos después de haber cerrado la última puerta a la esperanza que tenía esta mujer? ¿No pueden hacer nada el resto de instituciones (fiscalía, defensor del menor, defensor del pueblo, etc.) para evitar que Juana se encuentre ante el dilema de entregar a sus hijos o ser una prófuga de la justicia?”

Queja ante la sede del CGPJ

Y Olalla termina: “Estoy convencido de que solo la desobediencia civil podrá librarnos de un sistema que ampara y legaliza la injusticia, la guerra, la explotación, la desigualdad, la precariedad, la falta de libertad… por eso estoy con Juana, por eso soy Juana y todas las Juanas a las que este sistema judicial les niega justicia. Y son muchas, demasiadas... No, no creo que debamos cumplir ciegamente la ley en todo caso y por encima de todo. Debemos ser justos, y eso poco o nada tiene que ver con un sistema que no respeta la separación de poderes; en el que los magistrados hasta del más alto de sus tribunales, el Constitucional, son elegidos por los partidos políticos; en el que el gobierno cambia jueces en función de si van a ser favorables o no a sus intereses; en el que se eligen fiscales a la carta; en el que el gobierno, en lugar de hacer política y sentarse a dialogar y a negociar, usa la ley para defender sus intereses, convirtiendo esa misma ley en una prisión de los pueblos que conforman nuestro Estado; en el que los políticos defienden que por encima de todo y en todo caso hay que cumplir la ley cuando son ellos mismos quienes hacen la ley aún a sabiendas de que no es justa; en el que los políticos aprueban leyes que permiten que otras instituciones, como el propio Constitucional, les haga el trabajo sucio; un sistema judicial que permite que quien tiene dinero pague una fianza y salga a la calle mientras quien no lo tiene deba permanecer en prisión; un sistema judicial que permite que jueces envíen a la cárcel a simples titiriteros por ejercer su libertad de expresión y mantengan en la calle a políticos que han robado a espuertas; un sistema judicial que ha sido varias veces denunciado por organismos internacionales por no investigar las denuncias de torturas… Eduardo Galeano ya nos advertía sobre esta situación que se nos viene encima: ‘Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común’. Por eso, por casos como el de Juana y los de todas las Juanas, defiendo la desobediencia civil, porque, como bien dice Vicenç Navarro, ‘Si no hubiera desobediencia civil, los negros se sentarían al final del autobús en los Estados Unidos’.

Francesco Arcuri, el padre de los niños de Juana Rivas.

Marisa Dohanm escribía el pasado martes. en Público: “Rivas es una víctima de violencia de género. Arcuri, un padre condenado por maltrato en el año 2009 y con una nueva denuncia por malos tratos físicos y psicológicos continuados, interpuesta en julio de 2016, que ha estado durmiendo en un cajón durante más de un año sin que se le hubiera dado curso legal. A partir de ese momento será la Justicia de Italia, último lugar de residencia de esta familia, la que determine sobre la custodia de los menores y la encargada de resolver la denuncia por malos tratos presentada por Rivas dos meses después de haber llegado a Granada huyendo de Carloforte, la pequeña isla italiana donde residía. La lucha de esta madre para que la justicia española ampare y proteja a sus hijos de su padre maltratador parece llegar a su fin y, probablemente, se enfrente a partir de ahora a un proceso judicial que podría llevarla a la cárcel e incluso quitarle la custodia de los hijos por un largo período de tiempo. Sin embargo, las reclamaciones de Rivas no han sido atendidas por la Justicia hasta el momento. Estas son algunas de las claves del caso:

Juana Rivas, a la salida de los juzgados.

1. ¿Cómo llega Juana Rivas a esta situación? El marido de Juana Rivas había sido condenado por malos tratos en el año 2009 a cumplir una pena de tres meses de cárcel y un año de alejamiento. La familia residía en ese momento en Granada. Un tiempo después, Rivas decide dar otra oportunidad a su marido y se trasladan a vivir a la isla italiana de Carloforte. Sin embargo, la violencia continúa y, en el verano de 2016, Rivas abandona el domicilio familiar con sus hijos para escapar de una situación de malos tratos físicos y psicológicos continuados, según su propio testimonio. Una vez en Granada, inicia el protocolo de víctimas de la violencia de género, recibe ayuda del Ayuntamiento de Maracena e interpone una denuncia contra su marido. La denuncia describe una situación en la que Juana Rivas recibe amenazas, insultos y vejaciones que la anulaban como persona. Esta denuncia ha estado pendiente de tramitación y sin ser remitida a Italia durante más de un año (hasta el 10 de agosto de 2017).

2. ¿Cuándo y cómo empiezan los problemas judiciales de Juana Rivas? En diciembre de 2016, la magistrada María del Carmen Siles, del juzgado nº 3 de Granada, ordena la “inmediata restitución” de los hijos de Juana Rivas a su padre. El juzgado respondía así a la solicitud llegada desde Italia para que, en función del Convenio de La Haya, los menores fueran devueltos a su domicilio habitual, de donde Rivas los había “sustraído”. La jueza fija la fecha de entrega de los menores a su padre para el 26 de julio de este año. Sin embargo, Juana Rivas no acude a entregar a sus hijos. Empiezan ahí sus problemas con el sistema judicial. Su objetivo es proteger a sus hijos y conseguir que la Justicia no entregue a sus hijos a su padre maltratador. Es decir, conseguir el amparo, al menos temporal. La demanda que había interpuesto, en julio de 2016, seguía sin ser traducida y remitida a Italia a pesar de que la ley del Estatuto de las Víctimas del Delito de 2015 reconoce que las víctimas residentes en España pueden presentar denuncias de hechos delictivos que hubieran sido cometidos en otros países de Europa. El artículo 17 de dicha ley afirma que “en el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos”. La denuncia interpuesta por Rivas seguiría así hasta hace apenas unos días, cuando el juzgado finalmente decidió remitirla a Italia y cuando la situación jurídica de Juana Rivas se había agravado notablemente. En una carta abierta publicada el pasado 15 de agosto, Juana Rivas explica que dicha denuncia seguía sin ser tramitada: “Si la primera jueza a la que acudí en España denunciando nuestra grave situación en Italia me hubiera escuchado y hubiera enviado la denuncia inmediatamente como pone la ley, el Convenio de la Haya no estaría amenazando a mis hijos sino protegiéndolos. Error. Y resulta que la denuncia de malos tratos, que tenía que haber llegado a Italia hace más de un año todavía no ha salido de España. Por favor, comprueben que lo que digo es cierto”.

3. ¿Qué contempló la jueza para ordenar la entrega de los niños? La sentencia considera principalmente la necesidad de aplicar el Convenio de La Haya, suscrito tanto por Italia como por España. Si bien la sentencia reconoce la existencia de un caso de malos tratos, no la toma en consideración, a pesar de que el artículo 13b de dicho convenio prevé la posibilidad de denegar la restitución de los menores cuando esto les ‘exponga a un peligro físico o psíquico, o ponga al menor en una situación intolerable’. La jueza no consideró que se diesen estas circunstancias. Cabe recordar que el Convenio de la Haya data de 1980, cuando apenas había normas internacionales que regularan esta materia.

Según María Daza, doctora en derecho y experta en violencia de género, la jueza ‘podía y debía haber hecho cosas diferentes’.

4. ¿Podría la Justicia española frenar cautelarmente la entrega de los hijos de Juana Rivas? Sí, a juzgar por los testimonios de numerosos expertos. Según María Daza, doctora en derecho y experta en violencia de género, la jueza ‘podía y debía haber hecho cosas diferentes’. Daza cita el mencionado artículo 13b del Convenio de la Haya y asegura que ‘lo que ha hecho el juzgado de primera instancia es obviar la situación de violencia, aunque la reconoce’. En España existen además normas ‘que reconocen expresamente que a los hijos sí les afecta (la violencia de género) y también son víctimas directas de la misma’, añade la experta… La ley ordinaria dice que la protección de los menores contra todo tipo de violencia, incluido el maltrato y la violencia de género en el ámbito familiar, son principios rectores de la actuación administrativa, explica Daza. Sin embargo, ‘no establece ninguna consecuencia más allá de decir que la autoridad judicial tiene la posibilidad de acordar medidas de protección. Pero no hay ninguna consecuencia si no las acuerda’. Es decir, que es el juez quien debe resolver y pronunciarse sobre la pertinencia de adoptar medidas cautelares y de protección del menor… En un escrito registrado el pasado lunes ante el Consejo General del Poder Judicial, pero enviado también a varios órganos de la administración, varias plataformas feministas afirmaban rechazar ‘el papel del Ministerio Fiscal que lejos de velar por la protección de los menores y la mujer maltratada, ha demostrado ser insensible con las víctimas. La fiscalía ha actuado poniendo por delante el no cuestionamiento del aparato judicial, que ha demostrado la máxima crueldad que se pueda alcanzar siguiendo una aplicación machista y patriarcal de las leyes’. ‘La Fiscalía podría haber pedido al propio juzgado de primera instancia que se opusiera a la devolución de los menores en lugar de dedicarse a atacar a la madre pidiendo la prisión provisional incondicional en dos ocasiones. En vez de proteger a los menores está criminalizando a Juana y a la asesora jurídica’, añade Daza. ‘Lo que el caso de Juana Rivas está poniendo de manifiesto es que tenemos leyes vacías’… Según Daza, las normas que protegen a los menores en estos casos son “muy hipócritas, porque dicen cosas que luego no se hacen. Pero el espíritu de la ley es el que se expresa en su preámbulo. A la hora de aplicar el articulado, los juzgados no lo tienen en cuenta, con lo cual no tenemos nada. Tenemos leyes vacías. Esto es lo que el caso de Juana está poniendo de manifiesto”.

Francisca Granados, la asesora de Juana Rivas.

5. ¿Quién asesora a Juana Rivas?
Juana Rivas cuenta con una abogada, María Castillo, que ejerce su representación legal. Además, el despacho de abogados Montero Estévez presentó dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fueron inadmitidos por cuestiones de forma, sin entrar a dirimir sobre el fondo del asunto. Pero quien más atención y titulares ha acaparado es su asesora legal, Francisca Granados, responsable del área de igualdad del Ayuntamiento de Maracena (Granada) y asesora jurídica de dicha área. Sobre Francisca Granados se ha hablado mucho y muchas veces mal. Se ha reseñado que no está colegiada como abogada, a pesar de que este no es un requisito necesario para ejercer su labor, y desde que la jueza ha solicitado su presencia como imputada su labor acapara una avalancha de críticas. Todos los ayuntamientos de Andalucía (y de otras comunidades) con más de 20.000 habitantes cuentan con esta figura. Su función es dar asesoramiento jurídico, pero no ejercen la representación legal, por lo cual no necesitan estar colegiadas. Francisca Granados lleva años ejerciendo esta función, que compagina con clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y es considerada una experta en temas de violencia de género. ‘A Juana la pintan como una imbécil. Como una mujer débil manipulada por su asesora. Nada más lejos de la realidad. Las decisiones las toma ella con conocimiento de causa de sus consecuencias’, afirma Daza.

Juana Rivas, ¿desobedeció  a la autoridad judicial?

6. ¿Y ahora qué?  La jueza que instruye el caso debe determinar si escucha el testimonio del hijo mayor de Juana Rivas, tal como ha solicitado reiteradamente su madre; y si abre o no nuevas diligencias. Antes de ordenar la entrega de los niños, la jueza ya había recibido el informe de una psicóloga adscrita al juzgado de familia en el que el hijo mayor, de once años de edad, afirmaba que ‘siempre ha estado con ella y se siente mucho mejor con ella. No se quiere separar de su madre’. Según el testimonio del niño reflejado en dicho informe, ‘su padre le daba voces a su madre, a veces no le dejaba salir de casa’ y él ‘no estaba bien cuando estaban juntos, él sufría mucho porque se llevaban mal’. El niño también afirma que ‘no le importaría pasar los meses de verano con su padre, pero vivir con él, no’… El resto del proceso tiene que llevarse a cabo en Italia, que es la última residencia familiar y de donde Juana se llevó a los menores… En el caso de Rivas las perspectivas son también complicadas. La entrega de sus hijos no frena el proceso penal. Además de pesar sobre ella las posibles consecuencias de la denuncia de ‘sustracción internacional’, se puede sumar la de desobediencia a la autoridad judicial y se enfrenta, no sólo a la posibilidad de cárcel, sino también a la posibilidad de perder la custodia de sus hijos durante un prolongado período de tiempo.

Así dibujó Pedripol la cara de Juana Rivas.

Las fotomontajes de esta semana: GÜRTELisComing: Prometo decir la berdhaz, toda la berdhaz y nada mash que la berdhaz...

1      Podemos recuerda la corrupción del PP con un vídeo a lo ‘Juego de Tronos’.

El humor semanal: El Roto, Forges, Peridis, Vergara, Malagón, Pat, Puebla, Pedripol, La boca del Logo…

Fatima Báñez y una cuestión de tiempos 

Rotativa, según La boca del Logo.

El humor mallorquín de Pep Roig:¡Al ataque!, Para que no se diga, Los “paganos” de siempre, Todos iguales contra todos.

Nueva concentración en Maracena en apoyo de Juana Rivas:

Ana Rosa. Juana Rivas

’Barry Seal: El traficante’ es la segunda película del dúo creativo que han formado Tom Cruise y el director Doug Liman tras la película de ciencia ficción ‘Al filo del mañana’. Una película está inspirada en Barry Seal, un piloto que dejó los vuelos comerciales para ser reclutado por la CIA y la DEA y convertirse en distribuidor del cartel de Medellín. La película es un divertimento que esconde una crítica a la demencial Guerra Fría en los ochenta.