La Plataforma por la Libertad de Información denuncia ante la ONU el deterioro de este derecho en España.

Concentración frente al TS de Madrid contra el ataque a la libertad de prensa que sufrieron los periodistas de Europa Press y el Diario de Mallorca. 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) denunciaba el pasado martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), “las violaciones de la libertad de expresión en España”, en palabras de esta organización, que considera “grave” el “deterioro” de este derecho en España. En concreto, la PDLI  señalaba las sentencias “contra tuiteros o artistas por enaltecimiento del terrorismo”, “la interpretación 'expansiva' de los delitos de odio, o las multas a periodistas por la Ley de Seguridad Ciudadana” en un informe que ha presentado el jurista Joan Barata en este organismo.

En su intervención, Barata denunció “las previsiones del Código Penal español orientadas a proteger derechos e intereses tales como el derecho a la reputación, los sentimientos religiosos, la integridad de los símbolos nacionales o la ausencia de discursos que puedan ser particularmente ofensivos para determinados colectivos”. El jurista expuso “estos preceptos, y su aplicación por parte de los tribunales, que han dado lugar en diversas ocasiones a restricciones desproporcionadas e injustificadas de la libertad de expresión, limitando negativamente la libre difusión, especialmente, de sátira política o discursos provenientes de colectivos minoritarios o incluso artísticos”.

Además, el representante de la PDLI criticó que la legislación administrativa de seguridad ciudadana permite que periodistas, en su relación con la actuación de “fuerzas y cuerpos de seguridad, hayan sido objeto de procedimientos administrativos que han finalizado en sanción”. También las condenas “a cantantes o humoristas completamente desvinculados de actividad terrorista alguna”, o que España incumple, en opinión de este jurista, “los estándares internacionales, al no haber sido reconocido el acceso a la información como un derecho fundamental por los legisladores ni por los tribunales”.

Por último, la PDLI pidió que España “adopte las normas jurídicas que permitan la protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas y de otras personas que participen en la divulgación de información que sea de interés público”, así como un marco que proteja la “existencia de medios comunitarios sin ánimo de lucro”.