martes, 11 de noviembre de 2008

11 de noviembre. Caja, dinero y poder para el Gobierno argentino.

Elisa Carrió, dirigente de Coalición Cívica Radical. Foto CEDOC
Manifestantes argentinos, rechazando el proyecto que pondría fin a las AFJP

Dentro de diez días será sancionado en el Senado argentino un proyecto aprobado recientemente por los diputados que provocó una intensa polémica. Se trata de la nacionalización de los fondos de jubilación privados, es decir, del traspaso de los activos de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión) al Estado. Son unos 30.000 millones de dólares que la presidenta, Cristina Fernández, confia en nacionalizar. Para ello cuenta con lograr la aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja, aunque sectores del peronismo se oponen al proyecto. “En estos momentos de recesión mundial –advierte Felipe Solá, miembro de la bandada oficialista– se requieren medidas anticíclicas, generadoras de confianza y, sin embargo, con este proyecto se ha generado más desconfianza”. Solá es uno de diputados peronistas “disidentes” que votó en contra de la medida junto con la Propuesta Republicana y la Coalición Cívica Radical (segunda fuerza parlamentaria).

Los fondos privados de pensiones cuentan con 9,5 millones de afiliados y están en manos de bancos y aseguradoras de capital argentino, español, holandés y estadounidense. Las administradoras fueron obligadas esta semana a repatriar inversiones por unos 600 millones de dólares colocadas en el resto de los países del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay). “Todos sabemos que se trata del manejo de caja, dinero y poder”, sostiene Fernando Sánchez, diputado de Coalición Cívica, quien advierte sobre el posible desvío de esos fondos en un momento en que el Gobierno se prepara para afrontar elecciones legislativas. Para Federico Pinedo, de Propuesta Republicana, el traspaso de estos fondos constituye “un robo al ahorro de los trabajadores”.

Elisa Carrió, dirigente de la Coalición Cívica, advierte a los senadores que voten a favor del proyecto que, en pocos meses, tendrán que explicar “el crimen” cometido. La líder de la CC piensa presentar en los próximos días una “denuncia penal” contra el ex presidente, Néstor Kirchner, “jefe de una organización ilícita” destinada a malversar los fondos de las AFJP. Delata que el objetivo del Gobierno es que, “apenas sea sancionada la ley, se haga un gran plan de obras públicas, comandado por Julio de Vido (el ministro de Planificación) y Néstor Kirchner, por el que mandarán el dinero de los jubilados de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y ahora de las AFJP, a una asociación ilícita”. Carrió menciona la “responsabilidad institucional de la Presidenta de la Nación en convalidar el saqueo organizado por su esposo”.

Elisa Carrió precisa que el Gobierno necesita 1.300 millones para cerrar estos dos meses que quedan del año. Dinero que Martín Redrado, presidente del Banco Central de la República Argentina, no quiere dar… Y asegura: “Vamos a pedir la derogación del decreto 897 de necesidad y urgencia por violar el artículo 29 de la Constitución Nacional que implica otorgar a una persona los poderes absolutos por lo que la vida, el honor o la propiedad de los argentinos quedan en mano de un dictador”. La jefa de la Coalición denuncia “una política precisa, acordada, coherente de destrucción” de parte del matrimonio Kirchner. Afirma que Néstor Kirchner “maneja en forma discrecional el Banco Central y las reservas de la Argentina”. Que los abogados de los fondos buitres “están en la Argentina esperando que salga la ley para embargar las acciones de las AFJP”. E insiste en su “rechazo absoluto” al proyecto.

3 comentarios:

Antonio Tello dijo...

Desde un punto de vista ideológico, la medida del Gobierno argentino es correcta. La seguridad social y la atención sanitaria han de estar controladas y garantizadas por el Estado. La medida se justifica además en la inestabilidad del sistema financiero mundial. Me consta (en familia propia), la indefensión de los ciudadanos ante las quiebras de las mutuas privadas argentinas.
La polémica que se ha planteado no sólo tiene su origen en la defensa de los intereses de los bancos y capitales que controlan la "caja de previsión social", sino en la escasa credibilidad que inspiran las instituciones del Estado. La clase política argentina en general, a pesar de la dramática historia vivida, no ha madurado y sigue enzarzada en mezquinas disputas partidistas sin ninguna atención a los intereses nacionales.

Santiago Miró dijo...

Gracias, Antonio, por tus matizaciones de este problema argentino. Un abrazo

Manuel Ortiz dijo...

Desde un punto de vista ideológico, la medida será correcta. Pero en manos de la parejita Kirchner, es como para ponerse a temblar. Dudo de que hagan con ellos, aparte de quedarse lo que puedan, nada bueno.