Muelas del Pan, el pueblo que logró que las eléctricas paguen 'peaje' por el tendido de la luz.

Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde de Muelas del Pan.

Muelas del Pan es un pueblo zamorano de 200 habitantes, la mayoría de la tercera edad, que ha conseguido que el Tribunal Supremo reconozca una tasa por la que cuatro eléctricas deberán pagar cada año 70.000 euros por los 20.000 metros de tendido eléctrico que plagan su municipio. Es, según cuenta María Zuil en El Confidencial, la versión rural de Davic y Goliat del Ibex 35. “Estamos muy contentos, ha supuesto mucho esfuerzo a nivel político y personal porque podía salir bien o muy mal, pero afortunadamente hemos ganado”, se alegra Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde del pueblo zamorano que recibió la sentencia tras cinco años de batallar en los tribunales.

El paisaje de esta comarca, a 20 kilómetros de la capital de Zamora, está salpicado de cables y es difícil no toparse con las torretas de alta, media o baja tensión en cualquiera de las entradas al pueblo. Su enclave es estratégico. Está al lado de la presa de Ricobayo, en el río Esla, y es la más importante zona para Iberdrola. Además, tiene un parque eólico cerca, por lo que de allí sale la energía que abastece a gran parte del norte y centro de España. “Si se han colocado aquí no es por lástima o casualidad, es porque les compensa y les da beneficios, y eso no se valora de ninguna manera”, explica Constantino Carretero, secretario del ayuntamiento. “Mientras, para nosotros es un perjuicio, el pueblo está completamente cosido por estas instalaciones”. “Antiguamente –comentan los vecinos–, los cables se rompían, se encorvaban, y se quemaban los campos”.  Pero los momentos más complicados para los habitantes de este pueblo llegan con los temporales de lluvias, “Todas las descargas de los rayos vienen a parar aquí”, se queja Manolo, a quien le cayó uno en su finca el año pasado.

Tuvieron que reconducir las obras del cementerio municipal, obligados por las torretas, ya que no puede haber ninguna construcción a 35 metros a cada lado de los tendidos eléctricos. “No pudimos aprovechar un socavón que había para el cementerio porque estaba muy cerca de una torre y tuvimos que cambiar los planos. Aquí para hacer cualquier cosa, cualquier construcción, hay que tener siempre presente los cables, que limitan mucho el crecimiento del pueblo o las actividades ganaderas y agrícolas”, apunta el alcalde del Partido Popular.

En 2012, los vecinos de este pueblo emprendieron una lucha particular contra las cuatro empresas que enclavan sus torretas en el pueblo (Iberdrola, Red Eléctrica de España, Energías renovables de Riocayo y Bionor eólica). Se ampararon en una tasa que nadie utilizaba pero que contemplaba que, previa aprobación de una ordenanza municipal, cobrasen cada año a las titulares de las líneas por el terreno que ocupaban en la parte comunal, de dominio público, es decir, “el que no es propiedad del ayuntamiento ni de un propietario”. El Tribunal Supremo les ha dado la razón -con una ajustada diferencia- y aprobó que cada año las cuatro eléctricas que cuelgan sus cables sobre las cabezas de estos zamoranos paguen 70.000 euros, repartidos al pueblo, según su presencia. Para las eléctricas no es dinero, pero, para los municipios es una buena manera de financiación, que puede suponer entre el 10 y el 40% del presupuesto municipal.