El fiasco del Castor: un peligroso fantasma en el mar.

Hace unos días, el Gobierno presentaba el informe del Instituto Tecnológico de Massachusets sobre este almacén de gas Castor. El estudio considera que el proceso de inyección de gas fue el causante de los cientos de seísmos que se produjeron en las costas de Castellón y Tarragona. Y, conforme a estos datos que todos presentían,  concluía que existe riesgo, tanto si se inyecta gas como si se extrae el ya almacenado. Por el momento, la plataforma gasista seguirá allí, hibernada. Y al fiasco que supuso su construcción, la indemnización milmillonaria que hubo que pagar a la concesionaria cuando se paralizó, la previsible factura cienmillonaria que costará, si alguna vez es desmantelada, habrá que seguir añadiendo otros 15 millones anuales que es lo que cuesta mantener este fantasma sobre el mar. Pero ¿quién pagará la factura? El Gobierno pretende que lo hagan los siete millones de clientes de Gas Natural. Aunque sí sería deseable que el procedimiento penal abierto en el juzgado de Vinarós, desde hace varios años y que ha pasado ya por cinco jueces, alguna vez se concluya y señale concretos responsables.

El coste multimillonario de una obra peligrosa y estéril exige explicaciones, disculpas y responsabilidades políticas. Así lo explica Enric Hernández, en el Periódico: “El caso ha merecido una atención política y mediática muy inferior a la de otros escándalos en los que el quebranto de las arcas públicas –o robo, para entendernos–  es de menor cuantía. Por no merecer, ni ha merecido la categoría de 'caso', tal vez porque no constan cobros de comisiones ni financiación irregular de partido alguno. Lo que no obsta para que se trate de la peor de las corrupciones: la sistémica. Justo antes de que explotara la burbuja económica, parecía una buena idea aprovechar cavidades geológicas para almacenar gas, garantizando las reservas a precio razonable en pleno tirón del consumo. Así lo consideró el Ministerio de Industria, con Joan Clos al frente, al planificar no uno sino seis depósitos, con un coste total de 1.400 millones de euros. El Castor era el mayor y más caro proyecto submarino, a 21 kilómetros del delta de l'Ebre, estimado en 500 millones. Tres años más tarde, el ministro Miguel Sebastián adjudicó la construcción y explotación del Castor a un consorcio liderado por la ACS de Florentino Pérez. Nadie aclaró entonces por qué el importe de la obra había pasado de 500 a 1.350 millones.

Solo los fuertes temblores del año 2013 forzaron al Gobierno a paralizar su funcionamiento, cuando todo el mal ya estaba hecho... pero no todo el gasto: a la indemnización exprés para ACS, comprometida por un Gobierno socialista y desembolsada por uno del PP, se suman los intereses –4.700 millones en total, a pagar por los consumidores– y el millonario mantenimiento de una infraestructura fallida, que sufragarán los contribuyentes. “Tal cúmulo de errores de planificación y tan escaso celo en la administración de los recursos públicos exigirían, más allá de la investigación judicial, una rendición pública de explicaciones, una presentación colectiva de disculpas y la asunción de responsabilidades políticas. No esperen nada de eso: el Castor es otro pozo sin fondo en el que se entierra el prestigio de unos pocos, los políticos, junto al dinero de todos”.