El Parlament reclama al Constitucional levantar el veto a investigar la Monarquía.

Roger Torrent, presidente del Parlament.

El Parlament catalán ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un conjunto de alegaciones en las que defiende la constitucionalidad de la comisión de investigación sobre la monarquía que impulsó la Cámara en marzo y en las que solicitaba el “levantamiento inmediato” de la suspensión dictada por el tribunal. El documento de alegaciones, recogido por Europa Press, alega que la inmunidad absoluta que tiene por ley la Jefatura del Estado no debería impedir esta comisión, ya que sería tanto como excluir a la Monarquía del debate político y esto “no sería propio de un Estado democrático de Derecho”. La comisión de investigación se aprobó en el pleno de la Cámara el 7 de marzo con los votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y, pese el voto en contra del PSC-Units, PP y Cs, fue impugnada por el Gobierno central, lo que llevó el TC a suspenderla temporalmente hasta tomar una decisión sobre si es constitucional.

La comisión tenía por objetivo investigar “las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española”, entre las cuales las presuntas cuentas del Rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales, según se especifica en la resolución aprobada por la Cámara. Las alegaciones, firmadas por el letrado, Miquel Palomares, defienden que la comisión es válida porque el propio Estatut faculta al Parlament para “crear comisiones de investigación sobre cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés para la Generalitat”. El documento resume: “Es incontestable que la investigación de hechos y datos que afectan a personas vinculadas o relacionadas con la Monarquía, a partir de las cuales sería posible fundamentar un juicio de valor político, es de interés para la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

El letrado rechaza la tesis del Gobierno central de que esta comisión de investigación escapa de las funciones de la Cámara, y defiende que debe poderse investigar a la Monarquía como “un instrumento al servicio de la información del Parlament”. Además, la Cámara catalana replica que la comisión no invade la función jurisdiccional de juzgados y tribunales reservada por el artículo 117.3 de la Constitución, y solo pretende abordar la investigación a la Monarquía de una óptica política.

El letrado también incluye en el escrito las citas de trabajos de juristas (Enrique Belda y José Antonio Martín Pallín) en los que la inmunidad absoluta del Rey se considera “doctrinalmente como anacrónica, si se compara con otros ordenamientos como el Derecho internacional público”. Las alegaciones reivindican que la comisión debería celebrarse porque de la Constitución no se derivan “prohibiciones o límites al debate político”, especialmente si estos se producen en sede parlamentaria como sería el caso. El letrado concluye que la comisión se enmarca en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “encuentra su fundamento último en un valor esencial del ordenamiento jurídico del Estado español: el pluralismo político en una sociedad democrática”.