miércoles, 9 de junio de 2010

Cuentas de altos vuelos, sin detallar.


El Falcon, utilizado por el presidente del Gobierno.

El Rey, Juan Carlos.


Carlos Divar, presidente del CGPJ.

La avalancha de medidas para controlar gastos e ingresos en las cuentas públicas no parece haber alcanzado a las instituciones más importantes del Estado. Aunque hay algunos ejemplos que muestran lo contrario. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ha emitido una recomendación relativa al uso de medios oficiales de transporte para asistir a actos de campaña electoral, como es el caso del avión Falcon, utilizado por el presidente del Gobierno, al objeto de solicitar que se regule su empleo. El órgano fiscalizador hace esta sugerencia en un informe que acaba de remitir al Congreso sobre la contabilidad de los partidos que concurrieron a las elecciones europeas de junio de 2009, en cuya campaña las candidaturas gastaron en conjunto 36,8 millones de euros y lograron créditos bancarios por valor de 22,6 millones. En sus recomendaciones finales el Tribunal de Cuentas se refiere a la “utilización de medios públicos para desplazamientos de las autoridades, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados” para los actos de la campaña electoral.

Otras instituciones públicas, como la Casa Real, las Cortes Generales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado y el mismo Tribunal de Cuentas, que gastan en su conjunto algo más de 360 millones de euros, se resisten e verse sometidas a la fiscalización que sufre el resto del sector público. Los españoles nos preguntamos muchas veces, sin encontrar ninguna explicación convincente, cómo se gastan los fondos que proceden de las arcas públicas. ¿Es su gestión económica eficiente? ¿Se ajustan estos gastos en estos tiempos de crisis? Y, lamentablemente, las instituciones que gozan de autonomía financiera para elaborar su presupuesto y controlarlo, no son habitualmente objeto de fiscalización externa, más allá de remitir las grandes cifras y dar a conocer la liquidación del presupuesto anual al Tribunal de Cuentas.

La rebaja y el control salarial impuesto por el Ejecutivo a los funcionarios no se combina, por ejemplo, con los recortes de La Zarzuela y sigue latente la petición de transparencia sobre dichas cuentas que el monarca “distribuye libremente” sin estar sometidas al control del Tribunal de Cuentas. Para más inri, los Presupuestos Generales del Estado incluyen otras partidas, camufladas en diferentes secciones, para el funcionamiento de la Casa Real. El Ministerio de Presidencia se hace cargo de los sueldos de 135 funcionarios y contratados eventuales, con una partida de 6,2 millones de euros, así como de las cenas de gala, las audiencias militares y civiles del rey o el mantenimiento de los bienes inmuebles. Y Exteriores tiene previsto sufragar 15 viajes oficiales de los miembros de la Familia Real con una partida inicial de 415.000 euros, entre otros gastos.

La opacidad en torno a la Jefatura del Estado y el uso de la asignación presupuestaria otorgada al monarca han levantado tantas críticas que la Casa Real optó por nombrar un interventor de carrera, Óscar Moreno Gil, para gestionar las cuentas y mostrar signos de apertura y transparencia. “Gestos” insuficientes, según Esquerra Republicana de Catalunya, que sigue demandando “máxima publicidad” y “sometimiento al control público porque esos fondos los recibe de los Presupuestos”. Igualmente, IU e Iniciativa per Catalunya exigen transparencia en las cuentas del rey, un problema más político que de control técnico.

Otras cuentas de altos vuelos son las del Defensor del Pueblo cuyo presupuesto es pequeño y la fiscalización es muy sencilla porque el 80% corresponde a las nóminas. De los 15,8 millones presupuestados para 2010, casi 13 millones son gastos de personal. Sin embargo, una vez finalizado el ejercicio, este órgano sólo hace público el dato de qué porcentaje de lo presupuestado se ha gastado. O la gestión de los 78,1 millones de euros del Consejo General del Poder Judicial, con una plantilla de más de 500 trabajadores. ¿En qué se emplean los 1,6 millones previstos para “reparaciones, mantenimiento y conservación?. El presidente, Carlos Dívar, reconoce que la Justicia vive hoy "tiempos convulsos" y aboga por "el silencio sonoro" como respuesta porque "éste es mucho más apreciado que las palabras a destiempo".