Al menos, en la prohibición de anuncios de relax, Cristina Fernández se adelantó a España.

Cristina Fernández ha anunciado la firma de un decreto que prohíbe a los medios de comunicación publicar cualquier anuncio con ofertas sexuales. Para la presidenta argentina, se trata de dar un paso “contra la doble moral y la hipocresía” de los medios de comunicación que informan sobre las redes de trata y, al mismo tiempo, publican “la oferta sexual que deja pingües ganancias a las empresas periodísticas que hacen este tipo de cosas”. Fernández se adelantó a la medida que el parlamento español está preparando a duras penas. Ella no acepta que las primeras páginas de los periódicos exijan al Gobierno que luche contra la trata de personas “y luego, en las páginas comerciales, se pongan avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante humillación a la condición femenina”. El decreto, además de prohibir la publicación de avisos de oferta sexual, crea una oficina de control bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Las multas podrían oscilar entre los 50.000 y los 250.000 pesos. “Esto no es para nada una condena a las mujeres que son objeto de ese comercio –explicó la presidenta Fernández–. Es una condena a los medios y a los que instrumentan este tipo de cosas, sea a través de la explotación directa o a través de la propaganda de esa explotación en los medios de comunicación social”.

Mientras tanto, en España, Bibiana Aído, secretaria de Estado de Igualdad, continúa trabajando para prohibir este mismo tipo de anuncios en la prensa. Después del informe a favor de la prohibición que elaboró el Consejo de Estado, Aido intenta que los grupos parlamentarios emitan el veto este mes de julio. Y espera tener lista “lo antes posible” la reforma legal y prohibir los anuncias de prostitución en los medios de comunicación de más tirada del país. El miércoles pasado afirmaba que existía “un amplio consenso” entre los grupos sobre la necesidad de eliminar estos anuncios, detrás de los cuales se esconden mafias que explotan sexualmente a mujeres inmigrantes. El siguiente paso consiste en encontrar la fórmula para prohibir estos anuncios: o reformar la actual ley general de publicidad o hacer una nueva. En breve, iniciará una nueva ronda de contactos con los principales diarios que publican este tipo de anuncios. Los primeros intentos del Gobierno pasaron, hace unos tres años, por la autorregulación, es decir, porque los propios medios eliminasen de sus arcas este tipo de ingresos, pero no dio resultado. Sólo el periódico “Público” y alguno más han renunciado a esta publicidad.

Desde que, en 2007, una comisión parlamentaria cifró en 40 millones de euros anuales los beneficios que reportan a los periódicos este tipo de publicidad, la lucha contra estos anuncios ha sufrido varios altibajos. Quedan por determinar si el veto afecta también a los anuncios por Internet y otras cuestiones. El texto podría empezar a redactarse después de las vacaciones.