El “caso Faisán” divide aún más a los parlamentarios.

La semana pasada, el juez Pablo Ruz procesaba a Víctor García Hidalgo, director general de la Policía en el País Vasco en el momento de producirse el chivatazo desde el bar Faisán, el 4 de mayo del 2006. Igualmente procesaba a dos policías (Enrique Pamies, ex jefe superior de Policía de Bilbao, y al inspector de la Brigada de Información de Victoria, José María Ballesteros). El juez les considera presuntos autores de tres delitos: colaboración con banda armada, revelación de secretos y, alternativamente, encubrimiento. La oposición acusaba al Gobierno de no haber dado “aún explicaciones” suficientes. El PP arremetía contra el candidato socialista. Carlos Floriano, su secretario de Comunicación, aseguró que el caso era como el del “GAL, al revés” y acusó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de “juego sucio contra ETA”. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, pidió a los miembros del Ejecutivo que fueran “más respetuosos” con la separación de poderes. Los conservadores resaltaron que era “la segunda vez que se juzgaba a un director general de la Guardia Civil, tras el caso Roldán”, y señalaron a Rubalcaba como el “jefe directo” de los procesados. Ana Mato pidió una campaña “responsable” y limpia para contraponer “la radicalidad, el insulto y la demagogia” del PSOE. Víctor García había sido destituido por Rubalcaba el 8 de septiembre del 2006, dos días después de ser implicado en este caso por el juez. Pero un documento del PP titulaba que “el jefe directo de los imputados por colaboración con ETA es Rubalcaba”. Se le achacó que intentara tapar con todos los medios el “caso Faisán”. Y se le atribuyó el poder para que el fiscal general intentase que el caso se cerrase. Mariano Rajoy, presidente del PP, insistió en que Rubacaba era “libre de hacer lo que quiera”, pero comentó que el auto “es un hecho muy grave”. Y reclamó de nuevo explicaciones a Rubalcaba y a Camacho, “que tienen la obligación de decir la verdad”.

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tiene ya sobre la mesa una imagen del chivatazo policial a ETA. El 14 de febrero de 2011, el equipo investigador del comisario Carlos G. aportaba nuevas imágenes de ese vídeo en las que se puede ver, al menos, a un policía, en la escena del delito. Los peritos de la Guardia Civil remitieron un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que aseguraban que los cortes en la cinta de video que grabó el exterior del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el día que tuvo lugar el chivatazo a ETA, fueron intencionados y señalan que los mismos fueron realizados “en el momento de la grabación”, realizada por agentes de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional. El informe descarta, según fuentes jurídicas, que los cortes de la cinta fueran “accidentales”. La cinta remitida a la Audiencia Nacional no recogía el momento en el que una persona –presuntamente un agente de Información de la Policía Nacional– entregó un teléfono móvil al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, el supuesto enlace de la red de extorsión de ETA, con el que se le advirtió de la operación policial que iba a llevarse a cabo. Las fuentes consultadas señalan que el juez Ruz recibió el informe de la Guardia Civil el pasado viernes y dictó una providencia para dar traslado del mismo a todas las partes personadas. El magistrado encargó esta diligencia a la Guardia Civil al tener en cuenta que podría haber agentes de la Policía Nacional implicados en los cortes existentes en la grabación.

El Juez, Pablo Ruz.

El pasado 13 de julio, el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional informaba, en un auto parecido a una sentencia, dictado por el juez Pablo Ruz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la misma, cómo había procesado a Victor García Hidalgo, a José María Ballesteros Pastor y a Enrique Pamiés Medina por varios delitos. El auto, de 75 folios, es un compendio de todo lo instruido por el juzgado desde que se incoaron las primeras diligencias previas, su transformación a sumario, hasta el pasado 6 de julio, en que resolvió el último recurso planteado por las partes. Una investigación que se realizó, como recuerda Ruz en su auto, conjuntamente con la Autoridad Judicial francesa. En su resolución, el juez sitúa los hechos que fueron objeto de la presente investigación. Posteriormente pasa a analizar la participación de las personas que han sido investigadas para finalmente concluir que, “en el presente momento procesal aparecen motivos bastantes para afirmar que los ahora procesados pudieron cometer delito de revelación de secretos y encubrimiento o colaboración con banda armada”. Sin perjuicio de la prueba que se practique en el juicio oral, el magistrado recaba hasta doce indicios contra los procesados. Junto con el procesamiento, el juez deniega tanto la petición de sobreseimiento como la práctica de nuevas diligencias solicitadas por las defensas. Los tres procesados prestarán declaración indagatoria el próximo martes, 19 de julio, a partir de las 10 horas.

Rubalcaba, preocupado por fallos jurídicos del “caso Faisán”.

El auto del magistrado no gusta a los socialistas, que lo critican desde el punto de vista técnico. “Probablemente –protesta Ramón Jáuregui–, es una suma de indicios más bien especulativos”. El titular del Ministerio de Presidencia expresa su “firme convicción” de que el procesamiento será revocado en apelación. “No puedo creer que personas que llevan toda la vida luchando contra el terrorismo y que tienen el honor de ser, incluso, víctimas de la violencia puedan ser acusadas de colaborar con el terrorismo. Es sencillamente disparatado”. El hasta entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy candidato a la presidencia del Gobierno, habla de “fallos jurídicos” en los 72 folios del auto de Ruz. Y añade que si él, ahora cabeza de lista de los socialistas a las generales, no hubiera sido ministro, no se habría producido “un escándalo político”. Insiste en que los objetivos de la operación policial frustrada por el soplo fueron finalmente detenidos. No obstante, Gaspar Llamazares, diputado de IU, insiste en que “al igual que no hay una confabulación de médicos para matar, considero increíble que haya una confabulación de policías para colaborar con el terrorismo. Me parece injusto y no lo voy a aceptar”. Pero, para el diputado Emilio Olavaria, del PNV, acusar a los policías de colaborar con ETA es “una paradoja intelectual rayana en la esquizofrenia o la paranoia”.

Tras ser preguntado por la acusación por colaboración terrorista a los tres mandos policiales imputados en el “caso Faisán”, Rubalcaba señala que entrar en este asunto le llevaría a una “deriva judicial” en la que no ha querido profundizar porque no es su tema. En declaraciones a RNE, Rubalcaba vuelve a insistir en que hoy nadie hablaría de este asunto si él no hubiera sido el ministro del Interior y hoy candidato socialista y recuerda que la operación salió a la segunda y todos los etarras fueron detenidos. “Si existe esto –alega– es porque existo yo y si existe hoy más que nunca es porque soy candidato, esa es la razón y nada más”. Rubalcaba asegura que no tiene nada que esconder en su vida política, “absolutamente nada”, aunque en su experiencia personal “ojalá” no hubiera hecho algunas cosas. “No hay nada de lo que me tenga que arrepentir, porque haya hecho una cosa mala a sabiendas o torticeramente”. Insiste en que el PP sabe perfectamente que él no ordenó que funcionarios avisaran al propietario del bar Faisán. Recuerda que estaba recién llegado a Interior cuando se produjo y defiende al entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al que el PP pide que declare como testigo pero que el juez rechaza. “¿Hay alguna evidencia más de que no tiene nada que ver?”, se pregunta el ex ministro, quien insiste en que el problema no es “Camacho, sino Alfredo” porque, si no hubiera estado al frente de Interior, ya nadie habría hablado de esto.

Rajoy presentándose, desde hace dos años, como adalid de la lucha contra el transfuguismo y la corrupción.

Para Mariano Rajoy, no obstante, ha quedado claro “que no era una invención”. El líder de los populares expresa el respeto de su partido a las decisiones judiciales, “sean las que sean y nos gusten o no”, y lamenta las críticas vertidas por miembros del Gobierno para descalificar la decisión del instructor. En su opinión, “el Gobierno debe dar explicaciones y nosotros se las hemos pedido y todavía no nos las han dado; sólo las descalificaciones del Gobierno hacia la actuación judicial”. Rajoy asegura que su partido reclamará al nuevo ministro del Interior, en la próxima sesión de control al Gobierno, que diga si conocía o no la actividad del director general de policía o si actuaba por libre y sin que lo supiera el secretario de Estado de Seguridad. “Vamos a pedir transparencia, claridad y explicaciones, porque durante mucho tiempo se nos dijo que esto era una invención del PP, pero este es un hecho muy grave. Hay personas imputadas con responsabilidades muy importantes, y están acusados de colaborar con banda armada, de avisar a una parte del aparato de extorsión de ETA de que se iba a producir una operación policial para que se dieran a la fuga”. Rajoy subraya que “yo no voy a ser juez de nada, pero esto requiere una explicación y el ministro del Interior actual y el anterior deben decir la verdad”.

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor.

Los socialistas ven el ‘caso Faisán’ como una campaña de desprestigio de su candidato por parte del PP. El presidente del Congreso, José Bono, acusa a los populares de haber iniciado una cacería contra su compañero. “Confundir a Rubalcaba con un faisán es muy equivocado porque, en todo caso, el exministro es pieza de caza mayor y necesita otra munición y otros cazadores”. Bono predijo que los populares “iban a fracasar” y ensalzó al candidato, de quien dijo que “ha sido, entre otras muchas cosas, el más eficaz de los ministros contra los delincuentes y los terroristas”. También los socialistas vascos salen en defensa de Rubalcaba y, por boca de su portavoz, José Antonio Pastor, califican de “absolutamente miserables e innobles” las acusaciones del PP. “Probablemente, aquí lo que ocurra es que existe una especie de mala digestión del PP de que sea este Gobierno, precisamente, el que va a conseguir acabar con ETA”. Los populares, dice, “tienen un miedo atroz a las potencialidades electorales del señor Rubalcaba, por eso están disparando por elevación, tratando de cobrarse otra pieza mayor, que estoy seguro que no van a conseguir”. Pastor no se olvida del exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, del que asegura que el partido se siente “absolutamente orgulloso” y afirma que no le van a pedir que abandone su cargo. “Es una persona absolutamente comprometida en la lucha contra ETA y la violencia, tanto desde su puesto en el grupo parlamentario, en su momento, como después, como director general de la Policía y como miembro del Gobierno que ha luchado con más eficacia contra ETA y la ha llevado a la situación de mayor debilidad de la historia. Ha sido, además, y lo sigue siendo una víctima de ETA”. Pastor califica la resolución del juez Pablo Ruz de “un poco fuerte, cuando menos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, considera que el procesamiento del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo y de dos de sus más directos colaboradores por el “chivatazo” del caso Faisán a ETA, es un verdadero varapalo para el ex ministro de Interior y ahora candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. “Le incapacita para ejercer cualquier cargo público y mucho más, para aspirar a ser presidente del Gobierno”. Santamaría anuncia que exigirá que dé prontas explicaciones. Dice que su grupo prepara una batería de preguntas para que Camacho las conteste el próximo miércoles en la nueva y última sesión de control al Gobierno que celebrará el Congreso antes de las vacaciones de verano. Enseñando la foto en la que se ve a Rubalcaba, Camacho y García Hidalgo, dice que el auto del juez Ruz “inhabilita a Rubalcaba como candidato del POE y que los tres implicados formaban parte de su “equipo íntimo”, su más cercanos colaboradores en el ministerio. ”Todos trabajaban codo con codo”. A su juicio, Rubalcaba ahora tiene que “dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas” por el chivatazo a ETA, que parece demostrado por el juez que les acusa “de delitos muy graves”. Sáenz de Santamaría recuerda las numerosas veces que su grupo ha preguntado al ahora candidato socialista en sede parlamentaria por el caso Faisan sin que diera la cara y respondiera. “Se ha refugiado diciendo que estaría a lo que dijeran los tribunales”, dijo la portavoz del PP, que considera que ahora sí que ha llegado ese momento.

Rubalcaba, Camacho y García Hidalgo.

Los sectores mediáticos cercanos al PP no tardan en cargar contra algunos miembros del Gobierno por cuestionar o puntualizar el auto de procesamiento que el juez, Pablo Ruz, ha realizado. La investigación sobre el presunto chivatazo policial a ETA tocó a altos cargos de Interior, por tanto, responsabilidad directa de Rubalcaba, y al ahora sucesor del ministro, Antonio Camacho, antes Secretario de Seguridad del Estado. El editorial de “La Razón” insiste en que Rubalcaba, Camacho y todo el Gobierno deben dar explicaciones por el Faisán. Ya las dio el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui. Explicaciones que no convencieron a este diario “Entiendo –escribe Alfonso Ussía– que el auto de procesamiento del juez Ruz puede resultar inoportuno para los socialistas. De golpe, se han quedado sin candidato. Rubalcaba no puede optar a nada. Se tiene que ir. Y Camacho con él. La gravedad, la vileza de los presumibles delitos que se imputan al ex director de la Policía, García Hidalgo, el jefe Superior de la Policía en el País Vasco, Pamies, y al inspector Ballesteros, obligan a Rubalcaba y a Camacho a separarse de la política y la acción pública para siempre… Rubalcaba y Camacho no pueden permanecer ni un minuto más, por decencia, por ética y estética ni en la candidatura a la presidencia del Gobierno el primero, ni en el Ministerio del Interior el segundo”. A “El Mundo” le parece mal que el ministro, Ramón Jáuregui, sea crítico con los argumentos del juez Ruz.

El diario “ABC” anuncia en primera página: “El Gobierno acosa al juez Ruz para blindar a Rubalcaba”. Y su editorial termina así: “Y por el hecho de que las reglas de la responsabilidad de los políticos sean laxas en España y no provoquen el cese y la renuncia de Camacho y Rubalcaba, respectivamente, no quiere decir que el ‘caso Faisán’ no sea un escándalo sin paliativos, que abochorna por su indignidad y corrompe principios elementales del Estado de Derecho”. Hermann Tersch escribe en ABC: “Este miércoles hemos dado un paso de gigante hacia la conquista de una verdad de las muchas que nos debe este siniestro periodo de nuestra historia. Tan sólo revelará la verdad de un capítulo de una larguísima serie de ignominias que se han producido al amparo del secretismo de los acuerdos clandestinos del muy mal llamado ‘proceso de paz’. Hay tres estrechos colaboradores de Rubalcaba y Camacho procesados por colaborar con el principal enemigo del Estado de Derecho y de España. Nos dicen que la verdad no importa. Es más, que es mala. No. señores. Repugnante no es la verdad. Lo son los hechos. Y la conducta de sus autores. Por eso necesitamos esta verdad y muchas otras. Para sanar de la sobredosis de mentira y ocultación que han inoculado a la sociedad española en este septenio negro”. Y José María Carrascal asegura: “Si en España hubiera cincuenta jueces como don Pablo Ruz, se arreglarían todos sus problemas”. Una portada de La Gaceta publica: “Rubalcaba y Camacho no respaldan a García Hidalgo y a los dos policías del Faisán. Ni Alfredo Pérez Rubalcaba ni Antonio Camacho están dispuestos a dar la cara por sus tres subordinados y procesados en el caso Faisán”.

Mientras Rubalcaba distrae al personal con sus promesas calentitas enfriadas por la oposición, Ferrán Martín presenta unas “Olimpiadas por caridad”, J. R. Mora, sus “Mentiras y verdades”, Malagón, su “Italia en el punto de mira”, Medina, su “Banca-pinza” y Eneko, “la OTAN o la NATO”.

Manuel Fontdevila, dibuja su “Efecto Rubalcaba”, “Camps a juicio”, “La eurozona”, “Luchadores todos” y “Preparando la visita de Benedicto XVI”.





Territorio Vergara presenta: “Camps al banquillo”, “Cuando habla, sube el pan”, “Eurozona”, “Remodelación del Gobierno” y “Test de estrés para los bancos europeos”.

Y Pep Roger, “Relax”, “Rumores insólitos”, “Todo es negocio”, “Pobres, made in Europa” y “Ya están aquí”.

Facundo Cabral fue un cantautor argentino, caracterizado por sus composiciones de trova y sus soliloquios con anécdotas personales y reflexiones espirituales. Era cantante, compositor, escritor y dibujante. Se presentó en la Ciudad de Guatemala el martes 5 de julio de 2011. El jueves, 7, cerró su último concierto, en el Teatro Roma de la ciudad de Quetzaltenango, en que interpretó la canción “No soy de aquí, ni soy de allá”. Dos días después era víctima de un atentado dirigido al empresario Henry Fariñas el cual conducía al cantautor y a su representante al Aeropuerto Internacional La Aurora, desde el hotel donde se hospedaba, para continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones. El atentado fue perpetrado por varios sicarios que se dirigían en tres vehículos, armados con fusiles de asalto en el Boulevard Liberación de dicha ciudad. Cabral murió y el empresario quedó únicamente herido.

Tour "Lo Cortez no quita lo Cabral" en los años 1994-1995.
Al piano,el catalán Ricard Miralles.