El Gobierno de Rajoy traiciona a los cordobeses y renuncia a la Mezquita a favor de la Iglesia.
La Mezquita de Córdoba, un bien declarado Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los símbolos más visibles de la lucha de plataformas ciudadanas contra los privilegios de la Iglesia. Pero, la dirección General de Patrimonio del Estado, encargada de la defensa de los bienes públicos, no considera que el Obispado de Córdoba haya "usurpado" los más de 22.000 metros cuadrados del monumento, según planteaba un particular en una denuncia que ha sido archivada. Dependiente del Ministerio de Hacienda, Patrimonio se colocó al margen del debate, añadiendo que el único "titular catastral" del monumento es el Obispado de Córdoba y no queriendo pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que convierte a los clérigos en una especie de notarios.
Hacienda obvia la constitucionalidad de la ley y dice que la Iglesia no la ha "usurpado". Pero el artículo 206 de esta norma franquista de 1946 permite inmatricular a su nombre miles de propiedades con un proceso sencillo considerado de inconstitucional por distintos expertos jurídicos. La citada Ley Hipotecaria equipara a la Iglesia con un funcionario para registrar propiedades. Y el Gobierno de José María Aznar extendió en su tiempo este privilegio para que también pudiera aplicarse a los templos de culto. Las plataformas ciudadanas pidieron el fin de esos privilegios con carácter retroactivo, pero el Ministerio de Justicia, en manos del católico Gallardón, presentó en abril una reforma de la Ley Hipotecaria que elimina el artículo 206, fijando un año desde su publicación del BOE para que entren en vigor los cambios.
El Obispado de Córdoba registró la Mezquita en 2006 por 30 euros. A finales del año pasado, un grupo de ciudadanos crearon una plataforma cívica para exigir que la titularidad y la gestión pasaran a manos públicas, tratando así de frenar el intento del obispado de borrar las huellas islámicas del monumento. La postura del Estado ha quedado definida en la respuesta a la denuncia de un particular, Fernando Jabonero, quien acudió por su cuenta a la Dirección General de Patrimonio denunciando la "usurpación" de ese bien por parte de la Iglesia. Alejando Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, comparte que la postura del Estado incluye argumentos "más políticos que técnicos" y añade que "es sorprendente que el órgano que debe defender el patrimonio no se plantee la menor duda sobre la inconstitucionalidad" de las inmatriculaciones. Pero Patrimonio lo zanja señalando que no existe un pronunciamiento contrario al Tribunal Constitucional, que ni siquiera tienen encima de la mesa una petición para analizar este asunto.
¿De qué han servido hasta ahora las movilizaciones ciudadanas, las protestas o las más de 350.000 firmas recogidas en favor de que la Mezquita sea un bien público? La batalla se ha perdido, al menos en principio, imponiéndose la idea del PP y del Gobierno central, aliado del Obispado y de la jerarquía de la Iglesia. Pero una batalla es solo una parte de la guerra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario