RIS (Rights International Spain) advierte que las reformas legales españolas desmantelan el Estado de Derecho.



 

La Ong RIS acusa al Gobierno de Rajoy de pretender controlar a los jueces y debilitar la justicia. El miércoles pasado iniciaba una campaña informativa denominada #SinJusticia que pretendía denunciar las reformas de ley del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, señalando que suponían una regresión para los derechos ciudadanos, el control de los jueces y el debilitamiento de la Justicia. Como preámbulo, la ONG explicaba: “Desde RIS, llevamos tiempo sumándonos al sentimiento general de indignación ante las políticas de restricción de derechos y libertades del Gobierno. Sus reformas no sólo limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia sino que pretenden controlar y debilitar a los jueces y la acción de la justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia (....) El Gobierno responde con multas, detenciones y acusaciones, legislando en contra del ciudadano y no para atender sus demandas”.

Para RIS la razón de esta campaña se debe a que “la Justicia ha reaccionado protegiendo los derechos fundamentales… Creemos que es necesario conocer y seguir denunciando esta situación. La intención es que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda tener acceso a este mensaje e informar a su vez a otros sobre las diferentes reformas del Gobierno. La reforma sanciona actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía, permitirá sancionar tanto a quienes hayan organizado y convocado una concentración, como a quienes hayan participado en ella con sanciones desproporcionadas”. Pretende impedir que se grabe o se fotografíe a la policía así como que se compartan las imágenes, que han sido hasta ahora las únicas pruebas con las que se han podido denunciar abusos cometidos contra los ciudadanos”.        
                                                                                                                                                                          
Para RIS no hay una necesidad real que obligue a la reforma del código penal en este momento. “Las modificaciones que incluye son desproporcionadas e implican una restricción de derechos de la ciudadanía. Aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son, como es el caso aquellos incluidos en tratados internacionales que obligan a España. Criminaliza la protesta social y pone en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. El acceso a la justicia quedará reservado a aquellos que tengan medios económicos, pues la cantidad pagada nunca se recuperará, ni siquiera si se gana el caso. RIS denuncia que “elimina de facto el derecho a la acción popular para ’evitar abusos’. Destaca que “la reforma deja en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado”.  Y que la reforma de la Justicia Universal “implica que los tribunales españoles ni siquiera podrán investigar delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra aunque haya víctimas españolas”. Según RIS, las reformas del Gobierno no sólo restringen derechos y libertades, sino que limitan el acceso de los ciudadanos a la justicia, además de pretender controlar y debilitar a los jueces y a la acción de la Justicia.