Admitida una demanda de paternidad contra el Rey Juan Carlos I.

 Abert Sola e Ingrid Sartiau demandan ser conocidos como hijos de Juan Carlos I.

 

El Supremo admitió ayer a trámite una demanda de paternidad contra Juan Carlos I, presentada por Ingrid Jeanne Sartiau, mientras rechazaba la del español, Alberto Solá Jiménez. La fiscalía sostenía que ambas demandas debían ser desechadas porque no se acompañaban del principio de prueba necesaria que marca el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Un artículo en el que se establece que “no se admitirá en ningún caso la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de pruebas de los hechos en que se funde”. El fiscal había pedido que ambas solicitudes fueran rechazadas. Pero, finalmente, admitieron la demanda presentada por la ciudadana belga.
 

Alberto Solá asegura que Juan Carlos I sostuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramón, durante su etapa como príncipe, en 1955. Solá nació en 1956 y se considera el primogénito de los hijos del rey. Asegura ser el primogénito de don Juan Carlos y presentó, en junio, una demanda a la Audiencia de Madrid, acompañada de una prueba de ADN con una “fiabilidad superior al 99,9 por ciento” El Ministerio Público esgrimió el precepto que estipula que “con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde”. El pasado mes de diciembre, Francisco Marín Castán, presidente de lo Civil del Supremo, elevó al Pleno la resolución de las dos demandas planteadas contra el padre de Felipe VI tras la entrada en vigor de la ley que regula el aforamiento del monarca saliente. La Audiencia Provincial remitió la causa al Supremo tras la abdicación de don Juan Carlos como jefe de Estado.    

El abogado de Solá, Francesc Bueno, pedía que si esta prueba no fuera admitida se realizase otra y se llamase a declarar como testigo al perito que había analizado su fiabilidad. El fiscal José María Paz la calificó como una “mera hipótesis”, que no aportaba el principio de prueba de filiación que la ley exigía. Nacido en Barcelona y criado en una familia adoptiva, Solá defendía que el rey Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Su abogado mantiene que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado.     

Por su parte, la defensa de Ingrid Sartiau aportó al Supremo una carta remitida a la Casa Real el 24 de abril de 2013 en la que lamenta haber acudido a la vía judicial para solventar su filiación paterna y afirma haber sido presionada por Solá “y por los medios”. La Fiscalía concluía que “no hay ninguna base para admitir la demanda, porque si Ingrid Jeanne Sartiau no es hermana de padre de Alberto Solá Jiménez ¿qué demanda admitimos? La de Ingrid o la de Alberto, y la consecuencia lógica es que ninguna de las dos, pues ninguna aportan el principio de prueba exigido por el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Sin embargo, los magistrados entendieron que la demanda presentada por Sartiau sí cumple con los requisitos legales.

Tras la abdicación de don Juan Carlos, el abogado de Solá amplió sus alegaciones y la Audiencia de Madrid elevó la causa al Tribunal Supremo tras los “términos rotundos” de la ley orgánica 4/2014, del 11 de julio, que dispone en su disposición transitoria que los tribunales que estén conociendo de hechos relacionados a los nuevos aforados deberán suspender su tramitación y remitirlos “inmediatamente” al alto tribunal. Los doce magistrados de la Sala Primera entendieron que concurrían los requisitos legales para admitir a trámite la demanda de paternidad presentada por la ciudadana belga, tras celebrar una reunión que se prolongó durante cuatro horas. La Sala nombrará un ponente y podrá pronunciarse sobre las pruebas reiteradas por la ciudadana belga. Si el Rey Juan Carlos acepta someterse a esa prueba genética, se efectuará un análisis que será valorado en una vista, que puede celebrarse a puerta cerrada por tratar sobre la vida privada de las personas, como ocurre en la práctica habitual de los juzgados de familia. Si don Juan Carlos alcanza un acuerdo con la ciudadana belga, se ahorrará la celebración de la vista, en la que podría estar representado por su defensa a no ser que la otra parte solicite su interrogatorio y se admita tal petición.

La Casa del Rey ha expresado su respeto a la “independencia” del Poder Judicial después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite una de las dos demandas de paternidad  presentadas contra el Rey Juan Carlos. Un portavoz del Palacio de la Zarzuela se la limitado a trasladar este “respeto” de la institución como único comentario, tras la decisión adoptada por la Sala de lo Civil del Supremo. Solà tiene 56 años, es decir, es mayor que Felipe VI, por lo que un supuesto fallo favorable cuestionaría la reciente sucesión al trono.