Curas, banderilleros y la Guardia Civil.

“¿Una mirada retrospectiva al franquismo? –escribe Ruth Toledano en Diario.es–. No, es la España de 2015. A dos meses de unas elecciones generales, la formación en el Gobierno se ha puesto sus mejores galas. Las de la España que añoran y quieren.

“Una España de curas. Primero sale a la palestra mediática Antonio Cañizares, cardenal y arzobispo de Valencia. Lanza unas declaraciones sobre los refugiados y unas ideas sobre Europa que bastarían para ponerle una mordaza y retirarlo de la circulación pública: dice que nos están ‘invadiendo’ (entre ellos, claro está, los niños que se van ahogando por el Mediterráneo) y que no todos son ‘trigo limpio’. Pero en la España pepera del 2015, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, sale en su defensa. Cañizares es miembro destacado de una formación religiosa que, en el Estado aconfesional que marca nuestra Constitución, recibe anualmente de las arcas públicas una cifra que supera los once mil millones de euros; una formación religiosa a la que el Gobierno ha concedido un año más de prórroga en el plazo previsto por la Ley de Patrimonio Histórico Español para presentar el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia. Y tiene Cañizares la desfachatez también de negar que la situación de pobreza sea grave en esta España en la que las cifras de esa lacra que han provocado los suyos alcanzan el récord del 30% de la población, un niño de cada tres.

“Una España de banderilleros. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, envía a las comunidades autónomas un anteproyecto de decreto para la creación de una nueva titulación de Formación Profesional (FP) en Tauromaquia. En la España de 2015, donde la reforma educativa del Gobierno pepero (LOMCE) ha marginado la Filosofía en el Bachillerato, los chavales que no superen la ESO podrán aprender a maltratar y asesinar animales, legitimados bajo los nombres de banderillero, matador de novillos y picador. Es la España que prefiere al Juli que a Platón. El ministro Wert, ahora inmigrante de lujo en París, ya se había cargado la enseñanza artística y musical en favor de los paseíllos de toreros por las escuelas. Es el ministro peor valorado de la Historia de la presunta democracia y su sucesor, Iñigo Méndez de Vigo, parece querer superarle en tan honroso récord (…).

“Una España con la Guardia Civil a su servicio (el del PP y sus lobbies). Es el mayor cuerpo de seguridad pública del Estado y se supone que trabaja para los ciudadanos. Pero la reciente detención de un presunto ciberactivista, acusado de dar instrucciones por Internet sobre cómo hackear páginas relacionadas con el Toro de la Vega, hace pensar que la Guardia Civil, dada su celeridad en este caso, trabaja para el Gobierno y también para un lobby taurino desesperado en su agonía. El martes 15 de septiembre de 2015 la web del Ayuntamiento de Tordesillas fue objeto de lo que se denomina “ataque DDos”, consistente en imposibilitar el acceso al portal durante varias horas. Al entrar en la web aparecía un mensaje de protesta contra la barbarie que se lleva a cabo en esa localidad. Era el día que se perpetraba el festejo del Toro de la Vega, en una edición en la que sucedieron hechos muy graves. Hechos en los que está implicada la Guardia Civil, que dispuso el operativo de seguridad. Hechos que, sin embargo, aún no se han investigado. Quienes han dado instrucciones a la Guardia Civil de perseguir y detener al ciberactivista consideran más grave provocar que una web no funcione un par de horas (ilegal) que matar a un toro a lanzazos (legal). Más grave que el hecho de que el mando de la Guardia Civil diera el visto bueno para que se soltara a ese toro con el recorrido lleno de activistas y periodistas. Más grave que el hecho de que ese mando de la Guardia Civil pusiera en peligro la vida de un chaval que, en protesta por el crimen taurino, se había encadenado a una señal de tráfico en medio de ese recorrido. O que los comentarios de los propios vecinos de Tordesillas sobre que el toro iba drogado, lo que explicaría que el pobre Rompesuelas huyera desorientado y no embistiera a nadie ni en defensa propia. Resulta muy sospechoso que la Guardia Civil haya tardado apenas un mes en encontrar al presunto boicoteador de páginas webs y no haya investigado la responsabilidad de sus mandos ante los hechos citados (…)".